El alto tribunal compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
Como represalia por el juicio a el expresidente brasileño, la Administración del presidente Donald Trump decretó aranceles del 50 % a buena parte de los productos brasileños y sancionó a jueces del Supremo y funcionarios del Ejecutivo de Lula.
El alto tribunal concluyó que la detención inmediata ordenada por la jueza de primera instancia carecía de motivación suficiente y no cumplía los estándares constitucionales exigidos para restringir la libertad.
El exmandatario podrá seguir en libertad hasta que se resuelva la apelación de la condena de 12 años en su contra por manipulación de testigos.
Tanto demócratas como republicanos cuestionan la falta de transparencia de la Administración Trump al no divulgar una supuesta lista de clientes del delincuente sexual.