En la solicitud, de 45 páginas, llegó al despacho del magistrado ponente Carlos Camargo, quien el viernes pasado propuso a la Sala Plena se haga efectiva la suspensión de los efectos de esta normativa mientras se toma una decisión de fondo.
Ninguno de los hechos invocados por el Gobierno como fundamento de una presunta calamidad –con la cual se pretende justificar esta emergencia– tiene carácter sobreviniente, extraordinario, imprevisible o repentino.
El togado radicó una ponencia que será estudiada la próxima en la Sala Plena y necesita al menos cinco votos para que se haga efectiva.
El presidente de la Corte señaló que “ha conceptuado sobre la constitucionalidad de la disposición acusada”.
Juan Alberto Londoño plantea la solicitud “ante la existencia de vicios formales e inconstitucionalidades manifiestas que comprometen la validez y legitimidad del decreto legislativo”.