El 1° de diciembre de 2015, en Windhoek, Namibia, el vallenato fue inscrito en la Lista de Salvaguardia Urgente del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco. Desde ese momento, el género nacido en el Magdalena Grande entró al grupo de expresiones culturales que requieren protección inmediata para garantizar su sobrevivencia.
El reconocimiento se basó en un expediente construido durante años por investigadores, compositores, gestores culturales y el Ministerio de Cultura.
El Plan Especial de Salvaguardia (PES) trazó un camino para preservar la música de los juglares, fortalecer su enseñanza, estimular la investigación y garantizar la transmisión intergeneracional. Sin embargo, diez años después, quienes participaron de esa gesta sostienen que el Estado no cumplió la tarea.
Para Efraín Quintero Molina, miembro del comité que elaboró el PES, la declaratoria fue el resultado de un trabajo “de amigos” que entendieron la urgencia de proteger el género. Recuerda nombres clave como Carlos Llano, Adrián Villamizar, Santander Durán Escalona, Lolita Acosta y Rosendo Romero.
“Fue un paso enorme, porque consolidó una expresión que ya tenía impacto nacional e internacional. El dossier presentado a la Unesco fue un esfuerzo serio que permitió que la música vallenata obtuviera ese reconocimiento”.
El compositor Rosendo Romero coincide diciendo que el impulso inicial vino del médico Adrián Villamizar, preocupado por el avance de la “nueva ola” y por la indiferencia histórica del Estado hacia la cultura. “Él llegó al Ministerio con una guitarra y una canción: Si no se canta, se olvida. Esa fue la chispa que encendió el proceso”.
El comité estudió durante años los planes de salvaguardia del Carnaval de Barranquilla, del flamenco y del tango, para entender cómo sustentar la solicitud ante la Unesco. “Allá llegan decenas de propuestas, y solo sobreviven las que justifican cada punto con solidez. El vallenato sí tenía razones para estar en urgencia: la invasión de música extranjera, la presión comercial y la pérdida de sus espacios”, explica Romero.
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¿Qué pasó después de 2015?
Sin embargo, pasados diez años, la respuesta a esa pregunta es la misma, poco o casi nada. Quintero sostiene que varios de los proyectos incluidos en el PES se quedaron sin ejecutar por falta de recursos y acompañamiento estatal. Señala que universidades, festivales, fundaciones y museos han hecho esfuerzos propios, como el Museo del Acordeón de Beto Murgas y el recién inaugurado Centro de la Cultura Vallenata, pero que el Mincultura abandonó los compromisos asumidos. “No hubo asignaciones presupuestales. Las acciones quedaron en manos de gestores individuales”, dice.
Por su parte, Rosendo Romero es más contundente al decir que quien está obligado a conservar un patrimonio es el Estado. Según él, ni la radio, ni los medios aportaron a la construcción de una pedagogía pública sobre lo que significa ser patrimonio.
“Muchos locutores no sabían qué preguntar. No entendían qué había pasado. Y en las emisoras privadas manda el negocio, no la identidad musical”.
Logros, riesgos y tareas
La declaratoria de 2015 instaló al vallenato tradicional en el mismo nivel de otros patrimonios colombianos como el Carnaval de Barranquilla, Negros y Blancos, San Pacho, y generó expectativa sobre una ruta de protección. Ese camino, según los folcloristas, está a medio andar.
Entre los logros, Quintero destaca la apertura de programas universitarios dedicados al estudio del género y la creación del Centro de la Cultura Vallenata, que aspira a convertirse en un gran archivo. También reconoce el impulso de festivales regionales que avivan los cuatro aires tradicionales.
Pero los riesgos no han disminuido. Y, en algunos casos, han crecido. La pérdida de espacios callejeros para la parranda, la expansión de propuestas comerciales y la falta de políticas públicas siguen amenazando la transmisión del patrimonio.
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Romero menciona, por ejemplo, el hecho de que Náfer Durán esté en Valledupar y “ninguna institución lo tenga en cuenta para un concierto. No porque sea un anciano deja de ser una figura clave de la tradición”.
Tanto Quintero como Romero coinciden en que el próximo ciclo dependerá de dos factores: el compromiso del Estado y la apropiación ciudadana. Para ellos, la salvaguardia no es solo financiar proyectos, sino reconocer la dignidad de los maestros, fomentar la investigación, fortalecer la enseñanza formal e informal y garantizar que los festivales preserven los cuatro aires.
