Después de cinco jornadas consecutivas de protestas por parte de los arroceros en varias regiones del país, el Gobierno Nacional alcanzó un acuerdo preliminar con representantes del gremio y la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz). El pacto contempla medidas inmediatas para proteger la producción y da inicio a un proceso de concertación más amplio que buscará atender los problemas estructurales del sector.
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Uno de los principales compromisos asumidos por el Ejecutivo es la expedición de un acto administrativo que establecerá un régimen de libertad regulada para el precio del arroz blanco. Esta medida fijará un valor mínimo de referencia que permita garantizar tanto la rentabilidad de los productores como la estabilidad para los consumidores.
“Estamos listos para instalar el próximo lunes a las 11 de la mañana la mesa de diálogo y negociación”, anunció la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, quien hizo un llamado a que se garantice la movilidad en el país para evitar afectaciones a otras cadenas productivas durante el proceso.
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El entendimiento también prevé la creación de una mesa técnica en la que participarán entidades como el DANE, Finagro, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), el CIAT y delegados del gremio arrocero. Este espacio tendrá como tarea revisar la estructura de costos de producción, definir precios de referencia y proponer mejoras a los instrumentos de comercialización vigentes.
Entre estos instrumentos figuran el Incentivo al Almacenamiento y el Programa de Incentivo a la Comercialización, mecanismos que serán objeto de ajustes para hacerlos más eficientes. El primero de ellos, promovido por Fedearroz durante los días de protesta, permite que los agricultores guarden su arroz en bodegas certificadas con respaldo financiero del Estado, en épocas de exceso de oferta.
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Otro punto central del acuerdo es la garantía de que la industria adquirirá el arroz ya cosechado, a fin de evitar pérdidas por deterioro del grano. Las compras se harán, en un principio, bajo las condiciones actuales del mercado, pero una vez entren en vigencia las nuevas regulaciones, los productores recibirán la diferencia entre el precio pactado y el que fije la resolución oficial.
Adicionalmente, se estableció que se impulsarán mecanismos para verificar el cumplimiento de contratos entre agroindustria y agricultores, con el fin de brindar mayor seguridad jurídica a las relaciones comerciales.
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El Gobierno, por su parte, reconoció que el paro visibilizó dificultades profundas en la cadena de valor del arroz, y por ello se comprometió a avanzar en la implementación del Plan de Ordenamiento Productivo. Este instrumento busca articular a todos los actores del sector —desde productores hasta distribuidores— en una estrategia de largo plazo que promueva la soberanía alimentaria y fortalezca la industria nacional frente a las dinámicas del mercado internacional.
El documento que recoge los compromisos fue firmado por el Ministerio de Agricultura, Fedearroz, Dignidad Arrocera, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, Fensuagro-CUT y la Unidad Técnica de Dignidad Arrocera.
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Aunque no se ha confirmado oficialmente si las manifestaciones cesarán de inmediato, el acuerdo representa un paso hacia la distensión del conflicto y la apertura de un canal institucional para resolver las demandas del sector. La instalación formal de la mesa de negociación está prevista para este lunes 21 de julio.
