Pescadores del río Magdalena: entre contaminación y grupos armados
EL HERALDO acompañó a la Defensoría del Pueblo en un recorrido por algunas poblaciones del Magdalena Medio.
Carolina Gómez es una pescadora nacida en Río Negro, Santander, pero a causa de la violencia tuvo que desplazarse hacia Bucaramanga donde dice que le tocó empezar de cero, pues todo lo que tenía tuvo que dejarlo, con la sola intención de salvar la vida de su pequeño hijo y la suya.
Hoy, casi treinta años después, está radicada en Puerto Wilches, Santander, donde tuvo dos hijos más y labora como pescadora en las aguas del Magdalena Medio.
La mujer trigueña, de contextura gruesa, y con una fuerte y aguerrida voz dice “que los tiempos no han cambiado mucho”, considera que la guerra sigue y a eso se le suman terceros que quieren acabar con aquello que les regala su sustento de cada día: el río Magdalena.
Y es que la minería ilegal, el fracking, la contaminación, la falta de cultura ciudadana y la presencia de grupos armados, que han dejado cientos de personas asesinadas y otras tantas amenazadas, hacen parte del diario vivir de los pescadores de los pueblos ribereños, al menos en la zona centro y norte del principal afluente del país.
“Hoy los pescadores de las cuencas del Magdalena Medio venimos a que conozcan nuestras problemáticas, que con el pasar de los tiempos serán aún más graves porque tenemos sedimentación en nuestras ciénagas. Se están anegando los terrenos, producto del abandono. Asimismo, tenemos encima los pilotos de fracking los cuales las empresas petroleras no han socializado con la comunidad y simplemente llegaron, se posicionaron y lo están haciendo. Esto genera un problema de sedimentación en las ciénagas y de conectividad con el río Magdalena”, denuncia la mujer.
Gómez asegura que sienten “un olvido grande por parte del Estado porque pasan y pasan cosas y al pedir el respaldo institucional nos dejan solos”.
La mujer representa a cientos de personas que atraviesan la misma situación, como es el caso de Jhon Salas, un pescador de Cantagallo, sur de Bolívar, quien dice que la lucha “es constante” y que no se cansarán de alzar su voz y defender sus derechos.
“Puntualmente en Cantagallo, sur de Bolívar, nosotros llevamos una acción popular en defensa de una ciénaga que fue afectada por un tercero, pero no hemos logrado que la autoridad ambiental del municipio se comprometa en la restauración de este humedal y el que ocasionó el daño pague por todo lo que hizo. No lo hablo de manera económica, sino de que pueda ayudar a mejorar nuestros entornos laborales como la pesca artesanal de la que viven la mayoría de familias en esta zona del Magdalena Medio”, quien expresa que alzar su voz le ha costado su tranquilidad, ya que las amenazas son reiterativas.
Alfonso Oviedo, vocero de la Asociación de Pescadores de El Banco, Magdalena, revela que el sufrimiento de él y sus colegas es todo el año.
“Los pescadores somos de las personas que nos toca sufrir los 365 días del año, las inclemencias del clima y aparte de eso cada 10 u 11 años, que se da el fenómeno de las inundaciones que nos hace sufrir de una manera inexplicable con el sustento diario”, expresa el líder con preocupación.
Los pescadores y los habitantes del Magdalena Medio aseguraron, bajo el anonimato, que aún hay grupos armados al margen de la ley que tienen poder en estas poblaciones y denunciaron que es poco lo que la fuerza pública puede hacer.
“Para las personas que habitamos en este territorio no es un secreto que la misma institucionalidad está llena de corrupción y trabajan con ellos, entonces es muy difícil denunciar todo lo que integrantes de grupos armados nos hacen”, dijo una mujer que se encontraba en su puesto de comidas ubicado en el puerto de Barrancabermeja, Santander.
Quema de canoas, pico y placa para pescadores y hasta amenazas denunciaron varios líderes sociales de la zona que ya están advertidos por estos criminales y que prefieren alzar la voz sin revelar su identidad.
“Estos grupos ilegales llegan con armas largas a las zonas donde estamos pescando y nos dicen que agachemos la cabeza, nos quitan los pescados que tengamos, celulares, las atarrayas, se llevan las canoas, motores y todo lo que uno lleve. A los pescadores nos dejan en tierra firme y ellos se van con todo eso que nos ha tocado luchar, nos dejan incomunicados y hasta que no pase otro pescador no nos rescatan. Uno llama a la Armada Nacional y ellos no aparecen, esto es otra Colombia”, revela un hombre que lleva 60 años dedicado a la pesca artesanal y que reside en Puerto Wilches, Santander.
Un conductor de lanchas en San Pablo, sur de Bolívar, contó que lleva más de 50 años residiendo en el muncipio y asegura que antes la población conocía a los comandantes de los grupos armados.
“Uno sabía quiénes eran y quiénes daban todas las órdenes que se debían cumplir acá, pero ahora, después del desarme de las Farc, ya no se sabe quién es quién. Un día llega gente vestida con camuflados diciendo que son del ELN y al otro llegan tipos armados diciendo que son disidencias de la Farc. Lo único que le toca hacer a uno es obedecer lo que ellos digan porque sino nos matan y somos uno más de la larga lista que tenemos”, detalla.
De igual manera reveló que “los habitantes que no quieran someterse a lo que estos grupos piden son declarados objetivos militares y uno en las lanchas de noche y a veces hasta remando los ayudo a salir porque acá no amenazan sino que van desapareciendo a la gente y la fuerza pública es poco lo que puede hacer”.
En Cantagallo la situación de orden público no ha cambiado mucho y dicen sus habitantes que les “ha tocado normalizar la violencia y la presencia de estos grupos ilegales”.
“El sur de Bolívar siempre ha sido catalogado a nivel nacional como zona roja, pero debido a la desmovilización de las Farc ha habido un tipo de descanso, pero eso no quiere decir que nosotros podamos estar ampliamente en nuestro territorio y lo digo porque para poder pescar en la ciénaga de San Lorenzo, que produce pescado casi que para toda la región, hoy en día solo podemos llegar hasta 100 metros después del caño porque si pasamos nos colocamos en riesgo por la presencia de estos grupos al margen de la ley. Los horarios de pesca son restringidos y hay días en que no nos dejan hacerlo porque estas personas no quieren y así es un tema complicado, pero se aprende a sobrellevarlo ante la ausencia del Estado”, anota el joven de tan solo 25 años.
Carlos Camargo, Defensor del Pueblo, luego de haber recogido las problemáticas de las comunidades ribereñas informó que seguirá realizando los seguimientos correspondientes a las observaciones que han hecho en el tema ambiental.
“Son distintos los factores que hemos podido evidenciar después de este recorrido histórico que hemos hecho con distintas instituciones, pero liderado por la Defensoría del Pueblo porque a la conclusión a la que debemos llegar es proteger esta importante cuenca hídrica que es un patrimonio de todos los colombianos. Necesitamos ser conscientes de la importancia que es evitar que sigan los efectos negativos, y los ambientales que permitan afectar el río Magdalena”, dio a conocer el funcionario. En cuanto al tema de orden público y armados nos hacen”, dijo una mujer que se encontraba en su puesto de comidas ubicado en el puerto de Barrancabermeja, Santander.
Quema de canoas, pico y placa para pescadores y hasta amenazas denunciaron varios líderes sociales de la zona que ya están advertidos por estos criminales y que prefieren alzar la voz sin revelar su identidad.
“Estos grupos ilegales llegan con armas largas a las zonas donde estamos pescando y nos dicen que agachemos la cabeza, nos quitan los pescados que tengamos, celulares, las atarrayas, se llevan las ca- noas, motores y todo lo que uno lleve. A los pescadores nos dejan en tierra firme y ellos se van con todo eso que nos ha tocado luchar, nos dejan incomunicados y hasta que no pase otro pescador no nos rescatan. Uno llama a la Armada Nacional y ellos no aparecen, esto es otra Colombia”, revela un hombre que lleva 60 años dedicado a la pesca artesanal y que reside en Puerto Wilches, Santander.
Un conductor de lanchas en San Pablo, sur de Bolívar, contó que lleva más de 50 años residiendo en el municipio y asegura que antes la población conocía a los comandantes de los grupos armados. “Uno sabía quiénes eran y quiénes daban todas las órdenes que se debían cumplir acá, pero ahora, presencia de grupos armados dijo que las respectivas Alertas Tempranas ya fueron emanadas.
“Nosotros hemos puesto en conocimientos todos los escenarios.
de riesgo sobre la población civil, muchas amenazas en materia de derechos humanos, homicidios, extorsiones, y esto es un conjunto de situaciones que colocan en riesgo a las comunidades. A través de nuestras Alertas Tempranas hemos llamado la atención y advertido. Continuamos haciendo seguimientos a las distintas recomendaciones que están involucradas en estas Alertas Tempranas”, agrega Camargo.
