La Ley del Montes | ¡Basta ya de tarifas impagables…!

Nada que termina el dolor de cabeza de las altas tarifas de energía para los habitantes de la región Caribe. Pasan gobiernos y el suplicio continúa. Ni Gustavo Petro –que ofreció poner fin a la pesadilla– ha podido terminar con la tortura. Alcaldes y gobernadores tampoco hacen bien la tarea. Sus promesas de campaña no se cumplen. Mientras tanto, millones de habitantes de la región Caribe están al borde de la desesperación colectiva porque las facturas se han vuelto impagables.

Las altísimas tarifas de energía son la gran barrera que tiene la región Caribe en materia de competitividad. Mientras no haya tarifas justas, que respondan a una realidad social, geográfica y climática, no mejorarán los indicadores que tienen que ver con desarrollo y crecimiento económico. Todo lo contrario: a tarifas más altas, más pobreza y más miseria.

Conociendo la gravedad del problema, Gustavo Petro tomó las tarifas de energía en la región Caribe como bandera electoral para llegar a la Casa de Nariño. Esa promesa –como era de esperarse en una región arruinada por las exorbitantes facturas– contó con el masivo respaldo de los habitantes del Caribe. Tanto es así que hubo departamentos y municipios donde Petro arrasó.

Pero una vez en la Presidencia, Petro inició una feria de desaciertos que aún no acaba. Para empezar, nombró en la cartera de Minas y Energía una ministra tan ignorante del tema energético como arrogante a la hora de escuchar a quienes conocen muy bien del asunto y lo padecen. Su famoso compromiso de desarrollar una 'política de tarifas justas' jamás se concretó y no pasó de ser un discurso pomposo y mediático.

La ministra Vélez se fue del cargo sin saber por dónde es que le entra el agua al coco en lo que tiene que ver con las impagables tarifas de energía de la región Caribe. Pero no fue la única funcionaria incapaz de encontrar solución al problema. El resto del Gobierno sigue dando tumbos en esa materia.

Uno de los casos más llamativos es el de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), que llegó a paralizarse por física substracción de materia, pues hubo momentos en que llegó a tener cuatro vacantes. Es decir, de los seis comisionados, solo había dos para tomar decisiones en el organismo más importante en la regulación del sector minero-energético del país.

El 2024 comenzó igual o peor de como terminó el 2023. Mañana vence el plazo para las observaciones al proyecto de resolución de la Creg (701028 del 2023) mediante el cual el Gobierno nacional –utilizando como pretexto el fenómeno de El Niño– interviene el mercado energético nacional. Aunque podría tratarse de una medida temporal, pues la intervención depende de la intensidad y prolongación de El Niño, lo cierto es que en Colombia nada es más permanente que lo temporal.

Pero más allá del tiempo de su vigencia, la resolución proyectada por la Creg es perversa tanto para los usuarios como para el propio sistema energético nacional. Los usuarios más afectados serán –¡qué duda cabe!– los de la región Caribe, que padecerán un incremento superior al 30 por ciento en el valor de las tarifas. ¡Una barbaridad! ¡Un despropósito monumental! Y lo peor: una medida que podría desbordar la paciencia de los habitantes de esta zona del país y podría originar graves alteraciones de orden público.

Contrario a lo que dice el Gobierno, la resolución 701028 no apunta a la disminución real de las tarifas de energía. Lo que sí evidencia es la intención de Petro de intervenir el sector energético, que ha sido uno de sus sueños.

La supuesta voluntad del Gobierno de rebajar las tarifas no aparece por ninguna parte. ¿Y por qué ello es un problema? Porque si no existe una voluntad política cierta y concreta de rebajar las tarifas de energía en la región Caribe siempre existirá un atajo para evadir ese compromiso.

La resolución lo que ofrece son atajos para dejar –una vez más– sobre los hombros de los usuarios la pesada carga de seguir pagando las tarifas más caras del país. ¿Cuál es la explicación para que una de las regiones más pobres de Colombia pague la energía más cara? ¿Cuál es la justificación de semejante despropósito?

Hasta el momento no ha sido posible que en los despachos de Bogotá entiendan que en las actuales circunstancias y con el modelo tarifario imperante es imposible hablar de progreso y desarrollo en la región Caribe.

La Resolución 701028 de diciembre del 2023 busca, según el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, y el director de la Creg, Omar Prías, 'prevenir el abuso de la posición dominante de los generadores que participan en la bolsa de energía y la consecuente formación de un precio de bolsa ineficiente durante la ocurrencia del fenómeno de El Niño 2023-2024'.

Una de las medidas adoptadas para cumplir con ese propósito es fijar un techo artificial de $532/kWh al precio de venta de energía en bolsa para las generadoras hídricas y térmicas. Pero si bien es cierto que el precio en bolsa del kilovatio por hora podría bajar entre 60 y 100 pesos, como lo tiene proyectado la Creg, también es verdad que el costo de las restricciones se incrementaría en 350 pesos/kWh.

Como si los efectos de la Resolución 701028 contra los usuarios de la Costa no fueran suficientes, a ello hay que sumarle dos decisiones adoptadas en el pasado que también golpearán nuestros bolsillos: el cobro de la opción tarifaria –medida regulatoria adoptada durante la pandemia de covid para que las comercializadoras de energía moderaran los incrementos en las tarifas– y el cobro del llamado 'robo de energía'.

Y en cuanto al llamado 'robo de energía' no es nada distinto a alcahuetearles a los 'ladrones de energía' y las comercializadoras el comportamiento delictivo de los primeros y la pereza de las segundas. Los ladrones de energía deben ser castigados y las comercializadoras deben sacar de sus bolsillos todas las actividades que realicen para evitar el robo de energía, pero no lo hacen porque saben que los 'bobos del paseo' –usted y yo– pagaremos con nuestra plata su ineficiencia y su pereza. Punto.

En momentos en que el precio de los alimentos sigue creciendo y el desempleo y la informalidad no paran de subir, incrementar las tarifas de energía de manera exorbitante es una decisión injusta y provocadora. De ello deben tomar conciencia no solo el Gobierno nacional, sino también quienes llegaron a alcaldías y gobernaciones con la promesa de 'poner fin a la pesadilla de las tarifas de energía'.