El inicio de operaciones de la primera turbina del proyecto hidroeléctrico Hidroituango sigue generando zozobra e incertidumbre en los municipios de Córdoba, Bolívar y Sucre, precisamente los departamentos de la Costa Caribe que más han sufrido con el aumento de los niveles de los ríos producto de la temporada invernal.
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Las preocupaciones en la comunidad han sido tan mayúsculas que el aplazamiento del encendido, pactado inicialmente para este 15 de noviembre por parte de la junta directiva de EPM, empresa operadora de Hidroituango, cayó de grata manera en los líderes de las comunidades más afectadas en La Mojana.
Los miedos que despierta este millonario y polémico proyecto, ubicado en el municipio de Ituango y el corregimiento de Puerto Valdivia, en el departamento de Antioquia, tiene sus razones técnicas. Héctor Olimpo Espinosa Oliver, gobernador de Sucre, ha sido insistente en que la puesta en funcionamiento de las turbinas podrá alterar la velocidad y el volumen de las aguas del río Cauca y, a posteriori, generar inundaciones en toda la región.
'Se nos juntan dos emergencias: las anunciadas por el Gobierno nacional de las lluvias que no pararán hasta febrero y ahora esta de Hidroituango que empeora la situación de la región, con la incertidumbre de las comunidades que tienen más de dos temporadas con inundaciones, perdiendo sus cultivos, enseres, sus modos de vida y causando a la vez que su situación sea bastante precaria', aseguró el mandatario de los sucreños.
Según Olimpo, la situación más compleja pasa porque –según él– las autoridades antioqueñas no incluyeron dentro de su plan de contingencia a ningún municipio de Córdoba, Sucre o Bolívar.
'Las prevenciones que están teniendo en Antioquia, y en los pueblos que quedan en las aguas abajo de Hidroituango, tienen que extenderse hasta la Mojana porque son dos regiones vecinas y el mismo nivel de afectación que tienen esos municipios también lo pueden tener las localidades de la Mojana y por eso reclamamos y exigimos que en ese plan de contingencia se incluya a esta subregión', recalcó.
La anterior opinión es compartida por el director de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres de Bolívar, José Ricaurte, quien explicó que la falta de integración y preocupación por los municipios en la región Caribe por parte de EPM es lamentable debido a que las aguas del río Cauca tienen un gran impacto en La Mojana. Cabe recordar que una de las causas de la gran emergencia que vive Sucre, Bolívar y Córdoba en la actualidad es por el rompimiento del jarillón de Cara ’e Gato, en San Jacinto del Cauca.
'Por esta razón le hacemos el llamado al Gobierno nacional para que incluya al departamento de Bolívar y adelanten las acciones de monitoreo y mitigación ante una posible situación de riesgo que podría generar la entrada en operación de las turbinas', consideró Ricaurte.
En la actualidad, hay más de 36.000 familias de Bolívar damnificadas y hay 36 municipios con declaratoria de calamidad pública.
'Le pedimos a EPM que pare, que aguanten esas pruebas, que lo hagan en época de verano cuando las cuencas de los ríos estén bajas y las ciénagas tengan capacidad para recibir cualquier cantidad de agua, y al Gobierno nacional que se amarre los pantalones', expresó Arcesio Paredes, líder comunal de La Mojana, en diálogo con medios locales.
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Por otro lado, las autoridades cordobesas consideraron que, además de las afectaciones en el río Cauca, la operación de Hidroituango alterará el caudal del río San Jorge, que se ha desbordado en numerosas ocasiones producto de las lluvias.
'El funcionamiento de la hidroeléctrica va a crear alteración en la hidrodinámica del río San Jorge, entonces necesitamos estar enterados de cómo va a ser este manejo en aras de proteger en primera medida al municipio de Ayapel, por eso hemos pedido, el gobernador Orlando Benítez Mora y la dirección de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) estar en el puesto de mando unificado que existe en este momento', explicó Orlando Medina Marsiglia, director de la CVS.
En medio de la actual situación, el director de la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres de Sucre, Arnaldo Vergara Albis, expresó que en Sucre ya tienen listo un plan propio para mitigar el riesgo de afectaciones en la zona.
Según el funcionario, las familias que podrían resultar afectadas por el inicio de operaciones de la turbina serían Guaranda, Sucre y Majagual.
'En Sucre sí tenemos nuestro plan de contingencia activo y hacemos acompañamiento día a día a nuestras comunidades. Estamos en alerta y trabajamos con los coordinadores de gestión del riesgo municipal para atender a las familias damnificadas'.
En total, en Sucre hay 81.900 familias afectadas por el invierno.
Por su parte, hasta el cierre de esta edición, el grupo EPM no había autorizado ningún asiento en el PMU en Puerto Valdivia, en Antioquia, a ninguna autoridad de los municipios de la región Caribe involucrados.
Simulacro
Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó que este martes 15 de noviembre se realizará un simulacro de evacuación en Puerto Valdivia, Antioquia, como medida de preparación para el encendido de la turbina de Hidroituango.
'Hidroituango es estable, seguro y controlado. Acatamos la resolución de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), porque nuestra prioridad ha sido una entrada en operación segura de Hidroituango, cuidando la vida de las comunidades', aseguró el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo.
Las dos primeras unidades de generación de energía deberán operar antes del 30 de noviembre para evitar las multas que superarían los 180 millones de dólares en caso de que Hidroituango retrase el cronograma, el cual está condicionado en la actualidad por las decisiones de los organismos de socorro.
'Aunque hoy tenemos la certeza de que podemos entrar las dos primeras unidades de generación de energía antes del 30 de noviembre, la planeación y puesta en marcha de toda la logística que comprende la evacuación preventiva de las comunidades, ordenada por la Ungrd, altera el cronograma', concluyó Carrillo.
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Procuraduría mantiene la lupa sobre el proyecto
La Procuraduría General de la Nación informó este domingo en un comunicado de prensa que 'ante los temores y la zozobra que la actual desinformación genera para los habitantes de las poblaciones aledañas al proyecto de Hidroituango, por la puesta en marcha progresiva de dos de sus ocho turbinas, se intensificó la vigilancia sobre el proyecto y las acciones preventivas en materia de gestión del riesgo de desastres'.
Así las cosas, en la sesión extraordinaria del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia, el Ministerio Público hizo énfasis en que bajo el principio de planeación se deben establecer aspectos fundamentales como un censo preciso de las personas a evacuar de manera temporal de las zonas consideradas de alto riesgo, su lugar de traslado, la temporalidad de la evacuación, el cuidado y protección de sus bienes y demás derechos fundamentales.
'Igualmente, y debido a la incertidumbre que ronda a los residentes de Valdivia, Cáceres, Tarazá, Caucasia y Nechí, y al no tener claro cuál va a ser su futuro, la Procuraduría hizo un llamado a EPM y a las autoridades departamentales y municipales a establecer protocolos de comunicación veraces, claros, oportunos y efectivos, incluyendo canales de comunicación disponibles las 24 horas, con un mensaje tranquilizador y unificado de la institucionalidad para difundir los avances, alertas y decisiones tomadas respecto al proyecto de forma masiva, garantizando que la información llegue a todos los habitantes', se lee. E insistió el ente de control en llevar a cabo los simulacros de evacuación y en la entrega de los resultados de las pruebas antisísmicas del macizo rocoso lo antes posible. Y advirtió que ante la precariedad detectada en dichas poblaciones de la falta de un plan municipal actualizado y adecuado para la atención de emergencias, se hace necesaria la ayuda a los alcaldes por parte de la Gobernación de Antioquía y, si se supera su capacidad de respuesta, la de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). 'La Procuraduría seguirá insistiendo en la realización de todas las pruebas y los mecanismos posibles para garantizar los derechos de los pobladores', explicaron.
