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Política

Las dudas de distintos sectores sobre la Ley de Garantías

Analistas económicos dividen opiniones en EL HERALDO sobre la iniciativa incluida en el proyecto del Presupuesto 2022.

Varios sectores políticos y económicos están pidiéndole al Gobierno y al Congreso dejar intacta la Ley de Garantías dentro del proyecto de Presupuesto 2022.

Los 29 gremios integrantes del Consejo Gremial Nacional, por ejemplo, solicitaron al Ejecutivo y al Legislativo que se elimine el artículo del Presupuesto General de la Nación que plantea cambiar de manera temporal el inciso primero del artículo 38 de la Ley de Garantías.

Al respecto, los gremios expresan su “profunda preocupación” y consideran que el Gobierno y el Congreso deben revisar de manera minuciosa la constitucionalidad de la inclusión de este artículo en el proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación, dado que se requiere una Ley Estatutaria para realizar la pretendida modificación, tal y como lo establece la Constitución Política en su artículo 152.

Plantean además que para garantizar la buena ejecución de la inversión pública necesaria para reactivar la economía gravemente afectada por la pandemia se puede evaluar la utilización de instrumentos contenidos en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y las previstas en la Ley 819 de 2003, que permiten la declaratoria de proyectos de inversión como de importancia estratégica que habiliten el uso de Vigencias Futuras ordinarias y/o excepcionales.

Carlos Sepúlveda, decano de Economía de la Universidad del Rosario, le dijo a EL HERALDO que “la Ley de Garantías impide una ejecución de un presupuesto en un periodo que para el país es crítico. Creo que la propuesta no es loca y vale la pena madurarla y discutirla de una manera tranquila. El país necesita inversión y ejecución en primer lugar. En segundo lugar creo que la Ley de Garantías tenía mucho más sentido cuando se permitía la reelección presidencial, en nuestra democracia ya eso no es posible y deberíamos abrir la posibilidad de que el Gobierno ejecute hasta el final de sus días”. 

Frente a los cuestionamientos que hay, señala el analista económico que “ciertamente lo ideal es que esa reforma no beneficie al Gobierno de turno necesariamente sino al siguiente gobierno, pero aún así en el contexto que estamos viviendo creo que es válida la discusión de abrir esa posibilidad de dar mayor capacidad de ejecución al Estado y a los entes territoriales en un periodo que aún es de recuperación incierta”.

En cambio, Julián Arévalo, decano de Economía de la Universidad Externado, comenta en diálogo con EL HERALDO: “En principio veo positivo esa solicitud del Consejo Gremial de no modificar la Ley de Garantías. Yo creo que ese es uno de los avances importantes que ha habido en un país donde el clientelismo ha sido una constante y que debería avanzar y dar cada vez más pasos para superar una práctica tan indeseable como esta. Y, en esa medida, la Ley de Garantías, sin ser la solución a todos los problemas, es un bloque de contención importante frente a este tipo de prácticas”.

Por ello, destaca el experto la petición de los gremios: “Me parece muy importante el llamado que hace el sector privado en esa dirección y también deja mucho que desear que en un momento como este y con todo el malestar ciudadano que hay, la desinstitucionalización que ha habido en diferentes áreas, se piense que es posible sacar adelante una iniciativa tan indeseable como esta”.

El expresidente Uribe, otro de los críticos

El expresidente Álvaro Uribe es otro de los líderes políticos que no están de acuerdo con las modificaciones que se plantean a la Ley de Garantías dentro del Presupuesto 2022, pese a que el propio presidente Iván Duque, del partido uribista, ha dicho que le suena la iniciativa. 

“Apoyemos a @millaromerosoto y @charoguerra para no derogar Ley Garantías. Protejamos la honra del Gobierno. Habría sido al inicio, no en vísperas electorales. Con licitación y pliegos tipo el Gobierno, sin intermediarios, puede ayudar a todas las regiones de Colombia”, escribió el exmandatario hace un par de días en Twitter.

Se refiere Uribe a la posición que ha asumido, por ejemplo, la senadora María del Rosario Guerra, también del Centro Democrático, quien votó negativo este punto: “Voté negativo, y lo he dicho siempre. Es una norma preventiva que ayuda a asegurar que en procesos electorales el manejo de los recursos sean transparentes y eficientes. (...) Estoy convencida de que el reto es seguir trabajando en el manejo diligente y transparente de los recursos públicos de la Nación”, dijo la legisladora en su momento.

El proyecto de la renta pública para el año entrante fue aprobado en las Comisiones Económicas Conjuntas y ahora hará tránsito a las plenarias de Senado y Cámara, donde de ser avalado se dispondrá para la sanción presidencial.

La semana pasada Duque se mostró de acuerdo con la modificación que se plantea.

“En Colombia ya no hay reelección, tenemos una circunstancia distinta”, dijo desde los Estados Unidos.

Y agregó que los alcaldes y gobernadores elegidos, posesionados en enero de 2020, han tenido que afrontar la pandemia y eso les ha dificultado llevar a cabo muchos programas previstos. Por ello, argumenta la necesidad de impulsar la reactivación económica.

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