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El mensaje presidencial que acompaña advierte que es “para superar la pandemia”.
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Política

El espíritu “social” del Presupuesto de 2022

El Gobierno explicó que se trata de “las posibilidades reales de financiación del país y de sostenibilidad social y fiscal”.

El recién radicado Presupuesto de 2022, de acuerdo con el mensaje presidencial y los anexos de más de 400 páginas planteados por el Gobierno para explicar el espíritu del articulado, se caracteriza por “estar ajustado a las posibilidades reales de financiación del país y trazar el inicio de una trayectoria de sostenibilidad social y fiscal”.

Esto, asevera el Ejecutivo, con un proyecto “capaz de armonizar las obligaciones nacionales de gasto emanadas de la Constitución con la expansión de la inversión requerida para superar las secuelas sociales y económicas que ha dejado la pandemia”.

Agrega en este sentido el documento que los gastos se programaron “sobre la base de las posibilidades fiscales de la Nación”, tuvieron como criterio central la identificación de “los mejores usos posibles para los recursos existentes” y la eficiencia de su gestión, de forma que el presupuesto se ejecute en su totalidad durante la vigencia de 2022.

Está programado el proyecto, afirma el Gobierno, “con el fin de proteger a la población más vulnerable”, así como potenciar el crecimiento del PIB y la diversificación de las exportaciones.

Lo anterior, añade, “con el fin de cerrar las brechas sociales y de desarrollo en un escenario macroeconómico estable, donde el consumo y la inversión crezcan sin elevar el déficit fiscal ni el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos”.

Números estimados

Este proyecto prevé para 2022 un crecimiento del PIB de 6 %, una inflación de 3 % y una tasa de cambio peso dólar de los Estados Unidos (TRM) promedio anual de $3.744.

Así mismo, se proyecta un precio promedio para la calidad Brent de USD 63 por barril, igual al proyectado para 2021, mayor en 51 % frente al promedio observado de 2020.

Se estima también que el consumo privado aumente 3,7 % frente al 6,0 % previsto para 2021, y que el consumo público crezca 3,5 % frente a una proyección de 5,0 % para 2021. Y la inversión (formación bruta de capital) crecería 7,6 % en 2022. Las exportaciones aumentarían 11 % y las importaciones 9,5 %; lo que dejaría una balanza comercial de bienes y servicios deficitaria en 3,5 % del PIB.

Reconoce aquí el Ejecutivo que “se trata de supuestos realistas, si se quiere conservadores, que dan cuenta de una postura fiscal ajustada a las posibilidades reales de financiamiento de una economía que emerge del choque más fuerte que ha afrontado desde que existen registros históricos.

Relación con el PIB

Indica el reporte que el monto del Presupuesto asciende a 29,3 % del PIB. En esto, del gasto total, 17,6 % del PIB está destinado a funcionamiento, 6,5 % del PIB a pagar el servicio de la deuda pública y 5,2 % del PIB a inversión.

Sus fuentes de financiación son 15,1 % del PIB ingresos corrientes, 12,5 % del PIB ingresos de capital y 1,5 % de contribuciones parafiscales y fondos especiales, se lee.

“La composición del gasto refleja la intención gubernamental de continuar apoyando la recuperación social y económica de un país que debido a la pandemia vio afectado, en línea con lo ocurrido con economías similares, su PIB potencial en alrededor de 7,6 puntos porcentuales. Esto, pese a la inflexibilidad presupuestal del gasto público, que tal como lo han reconocido diversos estudios independientes sobre el tema, implica que las partidas destinadas para funcionamiento y servicio de la deuda sumen alrededor del 80 % del Presupuesto, dejando un margen de apenas 20 % para los gastos de inversión", advierte el Gobierno.

A pesar de esta inflexibilidad presupuestal, afirma el documento, “el Presupuesto 2022 busca aumentar la participación del gasto social. Del gasto total sin deuda el 66,9 % se destina a los sectores sociales, con 47,2 % para trabajo y seguridad social, 25,4 % para salud, 22,3 % para educación y 5,1 % para otros rubros de este tipo”.

Austeridad

Sostiene el anexo del proyecto de Presupuesto que los gastos de funcionamiento para 2022 “se programaron con criterios de austeridad”, en línea con una reducción gradual de “aquellos gastos de bajo impacto en el logro de las prioridades estratégicas en materia de reactivación, equidad y el cumplimiento de mandatos constitucionales y legales”.

Así, afirma el Ejecutivo, se pueden cumplir las metas fiscales sin afectar la asignación de recursos para inversión social e inversión en infraestructura y en el marco de los objetivos propuestos en el proyecto de ley de inversión social que se tramita ante el Legislativo.

Se lee en este sentido en el reporte que “se ha programado que el gasto de funcionamiento sea el requerido para garantizar el cumplimiento del objeto de los órganos del Presupuesto”.

Además, con el fin de no afectar la inversión social, señala el mensaje, se controlan o se reducen, en algunos casos, gastos relacionados con la nómina de los servidores públicos, la contratación a través de la modalidad de prestación de servicios, y las asignaciones destinadas a la adquisición de otros bienes y servicios.  

Los programas de la inversión social del proyecto

Las prioridades en materia de inversión social y reactivación productiva del Presupuesto pasan por los programas de atención a las víctimas de la violencia, Familias en Acción, Adulto Mayor, Red Unidos, Ingreso Solidario y Compensación del IVA, Programas de Educación Escolar, Generación E, Matrícula Cero, atención de zonas afectadas por desastres naturales y efectos de la pandemia.

En los presupuestos de funcionamiento e inversión juntos, los sectores con más recursos son Educación, con $49,3 billones; defensa, con $41,9 billones; salud, con $41,2 billones; trabajo, con $36 billones, hacienda, con $23,9 billones e inclusión social, con $21,7 billones.

Pero en materia de inversión, el 91,2 % de los recursos se concentran en los sectores de inclusión social (32,1 %); transporte (16,6 %); educación (8,5 %); trabajo (6,7 %); hacienda (6,2 %); minas y energía (5,9 %); vivienda (3,7 %); agricultura (2,7%); tecnologías de la información (2,6 %); defensa (2,2 %); planeación (1,9 %), y salud (1,7 %).

Al sector de inclusión social y reconciliación, en el que se incluye el Ingreso Solidario y otros programas sociales, le fueron asignados recursos por $20,0 billones (32,1 % del total de la inversión).

Para el sector transporte los recursos asignados ascienden a $10,3 billones (16,6 % de los recursos de inversión). Estos recursos se priorizan principalmente en los programas de reactivación económica tales como Concluir, Concluir, Concluir; Vías para la Legalidad, y Colombia Rural; así como en la continuación de los programas de Concesiones de 4G y 5G priorizados.

Y para el sector de educación se asignaron $5,3 billones (8,5 % de los recursos de inversión); el de trabajo asciende a $4,2 billones aproximadamente (6,7 % del total de recursos de inversión) y al sector salud se le asignaron recursos por $1,1 billones que equivalen al 1,7 % del presupuesto de inversión.

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