Aunque ya pocas cosas de las que pasan en Colombia causan sorpresa, todo lo que ha venido sucediendo en la Corte Suprema supera los límites de lo creíble. Él último episodio –o el más reciente, porque como decía Marcos Pérez 'el rancho está ardiendo'– es el de la captura de Francisco Javier Ricaurte Gómez, quien fuera magistrado de la Sala de Casación Laboral y presidente del alto tribunal en 2008.
El exmagistrado Ricaurte es señalado por la Fiscalía General de cometer cuatro delitos: concierto para delinquir agravado, cohecho, tráfico de influencias de particular y uso abusivo de información privilegiada. Un quinto cargo, que lo responsabiliza de incurrir en enriquecimiento ilícito, está siendo evaluado por el organismo investigador, que en estos momentos practica pruebas para soportar este otro delito por parte de quien es considerado por la Fiscalía uno de los cerebros de la organización criminal que cobraba miles de millones de pesos para 'engavetar' o manipular procesos en la Corte Suprema.
Una de las pruebas contundentes en contra del expresidente de la Corte Suprema es el testimonio del senador del Partido de La U Musa Besaile, quien sostuvo ante ese alto tribunal que fue Ricaurte quien en 2014 habría servido de puente a Gustavo Moreno –ex director Anticorrupción de la Fiscalía General destituido por corrupto– para que lo contactara y le pidiera $6.000 millones para evitar una orden de captura en su contra.
La versión de Besaile fue ratificada la semana pasada por Moreno, quien aseguró ante la propia Corte que –en efecto– el senador de La U pagó una cifra millonaria para no ser detenido y que Ricaurte, al parecer, recibió 550 millones de pesos por hacer la 'vuelta' en la Sala Penal de la Corte Suprema.
Cuando ocurrieron los hechos, Ricaurte y Moreno compartían oficina como abogados litigantes. De ahí, Moreno pasó a ser director Anticorrupción de la Fiscalía General, cargo del que salió directo para la cárcel, luego de que se comprobara que estaba extorsionando al ex gobernador de Córdoba Alejandro Lyons..
Pero hay otra pieza en el rompecabezas que la Corte Suprema y la Fiscalía General tratan de armar para esclarecer todo lo relacionado con el llamado ‘Cartel de la toga’. Tiene que ver con un hecho trascendental: el proceso contra Musa Besaile en la Sala Penal de la Corte Suprema lo llevaba el magistrado Gustavo Malo Fernández, cartagenero como Ricaurte y su protegido en el alto tribunal.
Malo está siendo investigado en estos momentos por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, mientras que su hija –Yara Malo– es señalada por la Fiscalía de 'cobrarle' una 'comisión' de su salario a una fiscal a quien habría hecho nombrar, gracias a la influencia de su padre en el organismo investigador, en tiempos de Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo.
Otros protagonistas de esta historia son los ex presidentes de la Corte Suprema José Leonidas Bustos y Camilo Tarquino, también señalados por distintos políticos y congresistas de hacer parte de la red dedicada a extorsionarlos para no hacer efectivas supuestas órdenes de captura en su contra, algunas de ellas por parapolítica.
¿Qué hacer ante la grave situación de la Justicia? ¿Quiénes deben responder por los hechos ocurridos?
