Después de visitar la isla de Gorgona, donde pudo disfrutar de un descanso “científico-recreativo”, con romántico paseo incluido –del que hizo alarde en público– Gustavo Petro llegó a Montería para conocer de primera mano el desastre causado por el desbordamiento de la hidroeléctrica de Urrá, por cuenta del invierno que azota buena parte del país, en especial la región Caribe.
El presidente aterrizó en Montería “cargado de tigre”, razón por la cual en lugar de ofrecer soluciones lo que hizo fue repartir indultos y regaños, tanto a los directivos de la represa, como a la clase política del departamento. Como ya es habitual cuando se trata de crisis medioambientales, Petro no llegó con soluciones, sino con cuentas de cobro para sus adversarios y contradictores políticos, a quienes responsabilizó de la tragedia invernal. El agua desmadrada del río Sinú le sirvió para lavarse las manos.
En medio del drama que viven más de 160.000 personas que lo han perdido todo debido al invierno, Petro aprovechó la ocasión para despacharse contra quienes construyeron la hidroeléctrica de Urrá, entre 1993 y 2000, en el Nudo del Paramillo en Córdoba.
Según Petro, la alianza criminal de terratenientes y políticos permitió la construcción de Urrá, luego de despojar a sangre y fuego a indígenas y campesinos, “los verdaderos dueños de la tierra”, según afirmó en su intervención en Montería.
En la capital cordobesa, al referirse a la crisis actual, Petro sostuvo que el manejo codicioso del embalse –“guiado por la maximización de las ganancias por parte de las generadoras de energía”– llevó al desbordamiento de la represa y por consiguiente produjo la emergencia ambiental.
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Los airados reclamos de Petro le costaron el puesto al gerente (e) de Urrá, Juan Acevedo Rocha, a quien amenazó con una denuncia penal. De poco sirvieron las explicaciones técnicas y bien fundamentadas del expresidente Acevedo, sobre las verdaderas razones de la crisis, entre ellas las lluvias ininterrumpidas y torrenciales que cayeron sobre la represa durante varios días, debido al frente frío que azotó la región Caribe.
Después de los destemplados regaños, que incluyeron –injustamente– al gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, y alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, el presidente Petro decretó el estado de emergencia económica, social y ecológica por 30 días en ocho departamentos, entre ellos Córdoba. Con las medidas extraordinarias decretadas, el Gobierno busca recaudar 8 billones de pesos que servirían para superar la emergencia. La cifra es arbitraria y no obedece a una valoración objetiva y técnica, que justifique el cobro de nuevos impuestos, que afectarán –sin duda– a todo el sector productivo, no solo “a los más ricos”, como de forma irresponsable y populista sostiene.
Es apenas obvio que la justificación de la misma será requerida por la Corte Constitucional, cuando se encargue de estudiar la exequibilidad del decreto de emergencia económica. Si el alto tribunal “tumba” el decreto –por no cumplir con los requisitos legales exigidos– entonces tendremos que prepararnos para la arremetida de Petro y todo su gabinete, como acaba de suceder con el decreto que estableció el alza del 23 por ciento del salario mínimo. Dicho decreto –como había sido advertido– fue “tumbado” por el Consejo de Estado, al no cumplir con los requisitos necesarios para su legalidad.
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¿Tienen justificación las medidas adoptadas por el Gobierno para afrontar la crisis invernal de Córdoba? ¿Cuáles son las verdaderas soluciones que se requieren para afrontar las crisis invernales en todo el país? Veamos:
¿De dónde salió la cifra de los 8 billones de pesos para afrontar la emergencia por lluvias?
Antes de lanzar cifras al aire de forma arbitraria y ligera, Petro y su gabinete deberían responder una pregunta muy simple: ¿De dónde sacaron la cifra de los 8 billones de pesos que –según él y su ministro de Hacienda, Germán Ávila– se requieren para afrontar y superar la crisis ocasionada por las intensas lluvias y el desbordamiento de la hidroeléctrica de Urrá? ¿Cuáles son los estudios técnicos que la soportan? ¿Cuál es la justificación para pretender disponer de semejante cantidad de dinero en momentos en que los colombianos –todos– no resisten un impuesto más? Otros gobiernos, como los de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, afrontaron crisis invernales quizás peores y los recursos utilizados fueron mucho menores. De manera que Petro tendrá que justificar muy bien los 8 billones que pide para recuperar Córdoba y otros departamentos de la región Caribe. ¿Se justifica crear un nuevo impuesto al patrimonio de las empresas, en momentos en que la gran mayoría de ellas atraviesan una grave crisis económica? ¿El gobierno Petro cree –en serio– que dicho impuesto solo afectaría a quienes tienen un patrimonio neto de 10.000 millones de pesos? ¿Creen Petro y sus ministros que todo el aparato productivo nacional no sufrirá un efecto en cascada por cuenta de la medida?.
¿Por qué Petro no dispone de los recursos –no ejecutados– del Sistema General de Regalías?
Mientras Petro y sus ministros lanzan cifras subjetivas y arbitrarias a la “bulla de los cocos” buscando obtener billonarios recursos para superar la crisis de Córdoba, otros funcionarios plantean soluciones más racionales y sensatas. El gobernador Erasmo Zuleta propuso destinar temporalmente más de $6 billones de saldos no ejecutados de regalías. Son recursos disponibles con los que se podría financiar la atención, mitigación y recuperación de las zonas más afectadas de Córdoba. Esos recursos son de “partidas sin ejecutar” en Ambiente ($1,5 billones) y Ciencia y Tecnología ($4,6 billones). Es plata que está en los ministerios. ¿Por qué el Gobierno no hace uso de esos multimillonarios recursos, en lugar de embarcar al país en nuevas reformas y nuevos impuestos? Es obvio que a Petro le resulta más rentable –en tiempos electorales– emprenderla contra los “ricos” para defender a los “pobres”, que ser responsable usando los recursos públicos. Disfruta maltratando a quienes con grandes esfuerzos generan empleo y riqueza en el país. Sabe muy bien que sus anuncios irresponsables y populistas le generan al Pacto Histórico réditos electorales. Petro está en campaña. Punto.
Gobernador de Córdoba y alcalde de Montería, un ejemplo para el país
En lugar de insultar al gobernador de Córdoba y al alcalde de Montería, Petro debió felicitarlos por la forma como se pusieron al frente de la situación para tratar de superar la crisis en el departamento y en su capital. Tanto Erasmo Zuleta Bechara como Hugo Kerguelén merecen un reconocimiento de todos los colombianos. Sin rencores políticos, sin resentimientos y sin odios –a diferencia de Petro– ambos estuvieron a la altura para ayudar a sus cientos de miles de paisanos damnificados. Ni un reproche en medio de la tragedia, como debe ser. Ya llegará el momento de rendir y pedir cuentas. Los señalamientos de Petro al gobernador, de “aliarse con los políticos que se roban el departamento”, fueron respondidos con contundencia por el gobernador Zuleta Bechara, quien le recordó que los “corruptos” de Córdoba estuvieron junto a Petro cuando aspiró a la Presidencia. También merecen reconocimientos especiales empresarios de la región Caribe, así como fundaciones que se pusieron la camiseta para ayudar a sus paisanos de Córdoba, como la Fundación A la Rueda Rueda, que recogió, canalizó y distribuyó recursos de forma pronta y eficiente.
¿Quién vigilará la destinación de los miles de millones de pesos para superar la tragedia?
En tiempos electorales el Gobierno nacional debe ser pulcro y transparente en la obtención y destinación de recursos públicos. Por eso se establecen vedas que impiden el uso indebido de miles de millones de pesos que podrían ser mal utilizados. La denuncia de la Contraloría sobre la “maratón de contratos” por más de $14 billones, firmados a pocas horas de entrar a regir la Ley de Garantías, es un buen ejemplo de ello. Las tragedias naturales permiten que la obtención y destinación de multimillonarios recursos se hagan sin los filtros requeridos porque se trata de “emergencias” que deben atenderse con celeridad. Por cuenta de esas calamidades de la naturaleza la plata fluye con más facilidad. Ocurrió en el gobierno Petro con la “crisis del agua” en La Guajira, donde el entonces director de la Ungrd, Olmedo López, en alianza con políticos corruptos feriaron miles de millones de pesos. Aún hoy siguen apareciendo hallazgos del saqueo de la entidad que debía ponerse al frente de la crisis de Córdoba, pero que no lo hizo porque se la robaron. ¿Quién garantiza que ahora no sucederá lo mismo que en La Guajira?
