El escándalo de la Fundación de Educación Superior San José muestra en toda su dimensión el pensamiento de Gustavo Petro, en lo que tiene que ver con el desprecio por los méritos académicos, su desapego por la ley, así como la increíble justificación que hace de graves delitos, siempre y cuando los presuntos delincuentes compartan su ideología o hagan parte de su partido o movimiento político.
Dicho comportamiento es contrario a lo que Petro ofreció en sus tiempos de candidato presidencial, o –inclusive– contrario a lo que había sido su trayectoria como congresista opositor. En otras palabras: Petro de presidente terminó justificando, patrocinando y fomentando todo aquello que combatió desde que comenzó su vida pública.
Cada escándalo que le destapan los medios de comunicación –con pruebas irrefutables– viene acompañado de inmediato de un trino de Petro atacando a los periodistas y justificando la actuación de los denunciados. De esta forma protege a quienes son señalados de incurrir en delitos y fomenta la impunidad sobre los mismos. La defensa acérrima de Petro intimida tanto a los futuros denunciantes como a quienes están al frente de la Fiscalía y los organismos de control, como la Procuraduría General, quienes llegaron a sus cargos gracias a su respaldo. Se trata, sin duda, de una conducta perversa, que termina socavando la confianza en el Gobierno y atenta contra principios y valores democráticos.
Desde el primer escándalo que le estalló en sus manos –el de Olmedo López y la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (Ungrd)– Petro asumió que se trataba de una persecución en su contra. Aunque después la emprendió contra Olmedo, lo cierto es que sus primeras declaraciones sobre ese asunto las hizo para defender a quien había sido hasta ese momento su amigo y alfil político. De hecho, fue Petro quien respaldó la aspiración de López al Congreso, por la lista de los “decentes”.
Lo mismo sucedió –y sigue sucediendo– con el escándalo de la Fundación Universitaria San José y la “graduación” fraudulenta de Juliana Guerrero y de otros 20 funcionarios suyos, “egresados” de dicha institución educativa.
Cuando se desató el escándalo, Petro se refirió a Juliana Guerrero –en pleno consejo de ministros, transmitido por todos los canales de televisión– como una “joven rebelde”, injustamente perseguida por ser humilde y por no ser egresada de la Universidad de Los Andes, de Bogotá.
Para Petro, lo grave no son los delitos, ni la trampa que cometen sus funcionarios, sino la denuncia de esos hechos por parte de los medios de comunicación, que están –según él– al servicio de la “oligarquía corrupta y esclavista”.
Con ese sesgo injusto y arbitrario ha gobernado desde el primer día y hoy vemos las consecuencias de esa manera torpe y errática de tomar decisiones: impunidad disparada, presuntos delincuentes envalentonados y denunciantes y organismos de control intimidados.
¿Qué hay detrás de la conducta permisiva de Petro, en lo que tiene que ver con los escándalos que involucran a sus funcionarios?
La San José, ¿fábrica de títulos académicos al servicio de Petro?
Distintos medios de comunicación, así como las congresistas Cathy Juvinao y Jennifer Pedraza, han denunciado las presuntas irregularidades –e ilegalidades– en las que habrían incurrido tanto la Fundación de Educación Superior San José como algunos de sus egresados, entre ellos la postulada y frustrada viceministra de la Juventud, Juliana Guerrero. El caso más reciente que involucra a ese centro educativo y al gobierno de Petro es el de Nelfy Melo Morales, secretaria del despacho presidencial, quien habría obtenido tres títulos académicos en un solo día. En efecto, el 5 de julio del 2024, Melo Morales recibió de parte de la San José dos títulos profesionales y uno tecnológico. Ese día se graduó como administradora de empresas, ingeniera industrial y tecnóloga en Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ante semejante proeza académica, lo mínimo que debían hacer congresistas y medios de comunicación era preguntarse: ¿cómo lo hizo? Indagar sobre ello y hacer la respectiva denuncia, con todas las irregularidades en las que pudo haber incurrido –como presentar las pruebas Saber Pro después de haberse graduado– desató la ira de Petro, quien señaló en un trino que se trataba de una “persecución irresponsable”, que tiene como propósito “recolectar la mayor cantidad de votos”. Petro no dudó un segundo en defender a su secretaria: “Que porque se graduó con dos carreras, ojo, entonces creen que es una tramposa. Tramposos ellos y ellas que no entienden al pueblo, que lo vejan, lo desprecian, que creen que la única inteligencia es salir de una universidad que está en un barrio en las alturas de Bogotá”.
Las investigaciones a funcionarios de Petro no son porque sean pobres, sino tramposos
En lugar de justificar las presuntas irregularidades e ilegalidades en las que habrían incurrido tanto la Fundación San José como las funcionarias postuladas y nombradas por su gobierno, Petro debería ponerse al frente de la situación y llevar las investigaciones hasta las últimas consecuencias. No se trata –como cree Petro– de atacar a sus funcionarios por ser de origen humilde, sino de denunciar las trampas en las que habrían incurrido. No se les cuestiona por ser pobres, sino por ser –presuntamente– tramposas. Punto. Ponderar ese tipo de conductas y pretender justificarlas hace que quienes incurran en ellas terminen convertidas en referentes sociales y sean tratadas como “heroínas”, como sucede con Juliana Guerrero en Valledupar. Y es que estamos hablando de graves delitos: falsificar y adulterar documentos se penaliza de forma drástica. De acuerdo con la representante Juvinao, la San José habría expedido unos 24 títulos académicos de forma irregular y varios de los beneficiados con esta trampa hacen parte del gobierno Petro.
¿Quién inspecciona a Mintrabajo por 1141 nombramientos en época preelectoral?
Una de las actividades que más disfruta el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, es la inspección y “visitas” a aquellas empresas que estarían incurriendo en malas prácticas laborales. En cada una de esas inspecciones aparece sonriente, pues disfruta el hecho de meter en cintura a empresarios “explotadores y esclavistas”. Pues bien, Sanguino debería inspeccionar su propio despacho para indagar cómo fue que terminó contratando 1.141 nuevos empleados en el Ministerio de Trabajo a pocas semanas de que entre en vigencia la llamada “ley de garantías”, que impide a entidades oficiales celebraciones de contratos y nombramientos en tiempos electorales. La “maratón” de más de mil nombramientos por parte de Sanguino tiene –en el menor de los casos– muy mala presentación. Todos los contratos terminan el próximo 31 de diciembre y ocurren a pocas semanas de las elecciones parlamentarias y presidenciales. ¿Qué habría pasado si algo así hubiese ocurrido en tiempos de Uribe o Duque? La “primera línea” habría bloqueado medio país y destruido ciudades enteras.
¿Qué hay detrás de las “lanchas ambulancias” de Maicao?
La compra de dos “lanchas ambulancias”, por valor de 1.680 millones de pesos, para que presten su servicio al Hospital San José, de Maicao, La Guajira, desató una gran controversia nacional. ¿Lanchas ambulancias en Maicao, que está en pleno desierto y que carece de mar y de ríos? Según las autoridades sanitarias de La Guajira, así como del Ministerio de Salud, la adquisición obedece al fortalecimiento de la red hospitalaria departamental. Las “lanchas ambulancias”, obviamente, no prestarán su servicio directamente en Maicao –que no tiene mar ni río– sino que se encargarán de trasladar a pacientes desde las distintas poblaciones y rancherías, ubicadas a orillas del mar o cerca de ella, hasta sitios donde las “ambulancias terrestres” los llevarán al Hospital San José, el de mayor complejidad del departamento. Es decir, el mejor dotado y equipado. La pregunta es: ¿por qué el hospital con esas caracterí sticas no está ubicado en Riohacha, capital de La Guajira, ubicada –ella sí– frente al mar, lo que permitiría una mejor utilización de las “lanchas ambulancias”?
