El embajador (e) de los Estados Unidos en Colombia, John McNamara, ha instado al gobierno del presidente Gustavo Petro a que adopte tres ejes en la política antidrogas luego de la descertificación a Bogotá en materia de lucha antidrogas anunciada esta semana por Washington en la modalidad de exención por interés nacional, que “evita la aplicación inmediata de restricciones de asistencia y abre un compás de espera condicionado de hasta 12 meses para mostrar resultados verificables”, según la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham.
En este sentido, el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Colombia pidió, primero, el fortalecimiento de la erradicación y control de la producción de coca, argumentando que “la cifra más reciente de erradicación de cultivos es la más baja desde 2016” pero “la producción de cocaína es la más alta desde 2009”; segundo, incrementar la cooperación con Estados Unidos y la comunidad internacional para la incautación de cocaína; y, tercero, restablecer la extradición de “narcoterroristas” y levantar las suspensiones de solicitudes vigentes.
Esto porque Colombia permanece como el principal productor mundial de cocaína y, según el último informe anual de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés), concentra 253.000 de las 376.000 hectáreas de cultivos de coca en el mundo, es decir, dos terceras partes. En su informe anual, el Departamento de Estado señaló que “en Colombia, los cultivos de coca y la producción de cocaína han aumentado a niveles récord durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, y sus intentos fallidos de llegar a acuerdos con los grupos narcoterroristas solo han exacerbado la crisis”. De hecho, el país no recibía la llamada descertificación por falta de resultados contra las drogas desde 1997, durante el gobierno de Ernesto Samper, quien fue acusado de recibir dineros ilícitos del narcotráfico para la campaña que lo llevó a la Presidencia.
No obstante, la administración de Donald Trump reiteró que seguirá cooperando estrechamente con Colombia en materia de seguridad y lucha antidrogas, a pesar de la descertificación: “El compromiso de Estados Unidos con el pueblo colombiano se mantiene firme, en un rango amplio de prioridades compartidas, incluida la lucha contra las drogas”. Y el propio McNamara ha indicado que “a pesar de las diferencias en algunos temas significativos que nos dividen, mi voz y voto están destinados a fortalecer de manera conjunta nuestros esfuerzos para superar los desafíos comunes y aprovechar las oportunidades que se nos presentan”.
Pero Petro ha dicho que su Gobierno no volverá a hacer erradicación forzada de cultivos de coca: “No hubo muertos en 2023, no hubo muertos en 2024 y desgraciadamente (tenemos) 13 muertos en 2025 por acceder a la petición de empezar la erradicación forzada, lo cual es un error y no la volveré a hacer”, refiriéndose a los 13 policías que murieron en agosto pasado en un ataque contra un helicóptero antinarcóticos en una zona rural del municipio de Amalfi, en el departamento de Antioquia, mientras la aeronave realizaba labores de erradicación de cultivos.
Agregó que ya hay proyectos de erradicación voluntaria en 25 mil hectáreas: “Le voy a demostrar a Colombia, porque toca demostrarle, pero a usted, señor Trump, que es mucho más eficaz para erradicar cultivos de hoja de coca la erradicación voluntaria que la erradicación forzada, a la cual ustedes nos quieren obligar y la cual solo deja sangre y veneno en Colombia”.
Y en sus redes sociales expuso que “la ley colombiana establece que si hay procesos de paz avanzados, entonces la extradición se suspende. (…) Todos los 400 extraditables, a los que la Corte Suprema de Justicia dio concepto favorable para extradición, los extradité. Hay tres extraditables que no, porque están en procesos de paz avanzados y según la ley se puede suspender condicionadamente”.
Al respecto, el senador y precandidato presidencial del Partido Liberal, Mauricio Gómez Amín, le dijo a EL HERALDO: “Por primera vez en tres décadas estamos viendo las consecuencias de una mala política antidrogas en el país. Y hoy debemos decirlo con claridad: Colombia no puede permitirse una segunda descertificación ni puede resignarse a que se agraven los efectos de esta primera. Para evitarlo, debe haber voluntad política real, no más discursos vacíos que terminan incentivando a la delincuencia y al terrorismo.
Añadió que el Gobierno tiene que acabar con la permisividad hacia los criminales: “No podemos seguir nadando en coca. Entre 2022 y 2023, las hectáreas de coca aumentaron de 230.000 a 253.000, y lo más grave: la producción potencial de cocaína pasó de 1.738 toneladas métricas en 2022 a 2.664 en 2023, lo que representa un crecimiento del 53,3% en un solo año, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Undc. Esta es una cifra que avergüenza y que refleja que la estrategia actual no está funcionando”.
Por ello concluyó que “la lucha antidrogas debe fortalecerse. Tenemos que pasar de la defensiva a la ofensiva, empoderando a nuestras Fuerzas Militares y de Policía con recursos, tecnología, inteligencia y presencia real en los territorios. Debemos recuperar el control, garantizar que el Estado vuelva a ser autoridad legítima y que los campesinos tengan alternativas reales a la economía de la coca. Estados Unidos ha sido nuestro aliado histórico en esta lucha, y debe seguir siéndolo, y me permito enviarles un mensaje firme: como senador de la República y precandidato presidencial, asumo el compromiso de acabar con los incentivos a los delincuentes, de enfrentar con decisión al narcotráfico y al terrorismo, y de pasar de la defensiva a la ofensiva. Cumpliremos con los acuerdos bilaterales en materia de política antidrogas, con transparencia y con resultados verificables”.
A su vez, Efraín Cepeda Sarabia, senador y precandidato presidencial del Partido Conservador, anunció en conversación con EL HERALDO: “En mi gobierno vamos a erradicar, a fumigar con drones para que no tengan daños colaterales el resto de la vegetación y los vecinos. La manera de perseguir a los narcotraficantes es desmontando el embeleco de la paz total. En mi Gobierno no vamos a permitir que más de 400 municipios estén contra la pared y que Petro les tenga amarradas las manos a las Fuerzas Armadas; vamos a modernizar sus capacidades y armamentos y vamos a defender los bienes y honra de los colombianos”.
Y frente a la necesidad de extraditar a los narcotraficantes, el expresidente del Congreso de la República anotó que “bajo el embeleco de la paz total, Petro les libra de la extradición a los narcotraficantes diciendo que son gestores de paz: son delincuentes narcotraficantes, y en mi gobierno sí los vamos a extraditar”.
A su vez, el director del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria, había advertido que “el descertificado en realidad fue el presidente Petro, no fue el país. No hay nadie en el mundo diciendo que el descertificado fue el país. Y eso hay que interpretarlo de esa manera, entre otras cosas, porque Colombia tiene que hacer un esfuerzo por superar este problema en unos meses. No nos podemos quedar por años con el problema de descertificación”.
Gaviria dijo además que la certificación puede recuperarse en breve, pero siempre y cuando se adopten en materia de seguridad medidas contundentes. Para ello, explicó, es necesario reforzar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas con mayores recursos y que los uniformados estén en condiciones de enfrentar con mejores armas a las organizaciones criminales y narcotraficantes: “Yo estoy seguro de que las Fuerzas Armadas de Colombia, si les cambiamos de orientación, si les damos armas de verdad con las que puedan combatir a los grupos armados que son los que tienen el tráfico de drogas, va a ser posible que Colombia eventualmente recupere su certificación”.
Así mismo, desde un panel del Congreso de Colfecar, que contó con la moderación de la directora de EL HERALDO, Erika Fontalvo, la senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, planteó: “Mi propuesta de gobierno es que vamos a recuperar las políticas de la seguridad democrática del presidente Uribe”.
Juan Guillermo Zuluaga, de La Fuerza de las Regiones, propuso garantizar la unión, particularmente comercial, para dar una buena imagen a Estados Unidos, y se pueda rápidamente resolver ese problema que no lo vivía Colombia desde hace 30 años: “Lo que necesitamos demostrar a nuestros socios comerciales es firmeza y cambiar el modelo, y que necesitamos no solamente los apoyos y las ayudas, sino la alianza para enfrentar a esos criminales”.
El exalcalde de Bogotá y candidato independiente, Enrique Peñalosa, expresó que “vamos a ganar esta guerra buscando todo el apoyo de los Estados Unidos”.
El exministro y candidato Mauricio Lizcano sostuvo que “fue una especie de matrícula condicional que le dieron al Gobierno para que en 10 meses se tome una decisión y vuelvan a certificar a Colombia. Es una decisión realmente muy política, pero que los efectos realmente materiales hoy no se ven. Tenemos que volver a la fumigación, pero fumigación con tecnología, no con aviones, no con militares”.
Entre tanto, el procurador Gregorio Eljach Pacheco solicitó al Ejecutivo “ajustar sería la política antidrogas en general, sobre todo la erradicación de la hoja de coca, que es la más sensible en estos procesos”.
De igual modo, sostuvo que “hay que hacer cosas de global y en conjunto, no un solo país que no puede contra esto que se volvió una endemia del planeta. (…) Hay que actuar, y yo quisiera que los organismos internacionales miren unas políticas distintas a estas que se han venido aplicando, que no han sido las más eficientes ni han dado el mejor resultado”.
El senador de la Alianza Verde y exsubdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, comentó a EL HERALDO que “ya Estados Unidos redujo al mínimo la ayuda a todo el mundo desde hace seis meses, le quitó la plata a Usaid, la agencia de cooperación, y en la vida real lo que hoy aporta Estados Unidos a la seguridad de Colombia es muy bajo”.
Por lo tanto, señala, “es como un regaño, pero sí hay consecuencias políticas porque evidentemente es dejar debilitado a un gobierno (…) que es cierto que ha hecho más interdicción aérea y marítima, pero hay más coca: la gran responsable es que el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Pnis, ha sido un completo fiasco. Colombia tiene que aceptar que ha fallado en la sustitución de cultivos ilícitos, pero también es cierto que esto es una sanción política del gobierno Trump, y el gobierno Petro se ha dedicado a pelear con el gobierno Trump, y ahí están las consecuencias”.
De otro lado, el catedrático de relaciones internacionales de la Universidad Militar Nueva Granada, César Niño, opinó en EL HERALDO que “por ahora no se puede hablar de una segunda descertificación en el corto plazo, pero sí de cómo podría reparchar el camino el Gobierno para que la descertificación tenga unos impactos menos agresivos de los que está teniendo”.
Aquí, el doctor en derecho internacional y seguridad y defensa indica que el Ejecutivo debe “reconducir las estrategias en el combate contra el narcotráfico y frente al tratamiento que les está dando a los grupos criminales y a las estrategias de negociación: ahí empieza a mostrarse el viraje, necesitamos que el Gobierno muestre resultados tangibles”, porque, advierte, no se logrará la certificación “si se sigue incautando, pero no se mejora la reducción de cultivos y la minimización de los impactos criminales en Colombia y de América Latina desde Colombia”.
