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Un ‘fast track’ para que el presidente Gustavo Petro pueda volver a lanzarse a las elecciones 2026 y que su contrincante sea el exmandatario Álvaro Uribe Vélez, propuso el recién suspendido como jefe de despacho, Alfredo Saade.

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De acuerdo con el funcionario, el país necesita salir de la polarización y eso se lograría solo si Petro se enfrenta a Uribe en las elecciones presidenciales y que el país decida.

“Mi propuesta al país es que el Congreso haga un ‘fast track’ para que el año entrante Petro se someta a una gran final en las urnas para su reelección con Uribe candidato para que el país salga de la polarización(...) El que gane tiene que sacar el país adelante y el que pierda tiene que apoyarlo”, señaló el nombrado como embajador en Brasil en diálogo con Blu Radio.

Reconoció que esta propuesta es viable para terminar con la polarización en el país porque son las dos personas que más tienen votos, por lo que, según él, la polarización se centra en los seguidores de los dos políticos.

Añadió que si esa propuesta no pasa entonces él se lanzará como candidato presidencial.

Vale mencionar que actualmente, la Constitución Política de Colombia contempla de manera expresa, en sus artículos 197 y 179, una inhabilidad para que una persona que ya haya ejercido la Presidencia de la República vuelva a postularse o a ocupar nuevamente ese cargo.

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Saade, ¿candidato a la Presidencia?

Pese a la propuesta de ‘fast track’, más temprano Saade había dejado claro su intención de ser candidato.

“Dios conmigo y seré candidato a la presidencia, recorreré el país y le pediré al poder popular que me ayude a liberar a Petro de las garras perversas que lo mantienen preso y no le han permitido desarrollar su programa de gobierno para que el pueblo pueda dejar de mendigar algún día a politiqueros corruptos”, afirmó en su cuenta de X.

Este mensaje se da luego de revelar fuertes controversias dentro del Gobierno. El funcionario sugirió que tanto Armando Benedetti, ministro del Interior, como Laura Sarabia están detrás de la suspensión que profirió la Procuraduría en su contra por el término de tres meses debido al lío de los pasaportes.