El presidente Gustavo Petro sancionó el acuerdo de Escazú antes de viajar a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022, en Egipto.
{"titulo":"Ley 418, sancionada por Gustavo Petro","enlace":"https://www.elheraldo.co/politica/presidente-petro-sanciono-la-ley-de-orden-publico-tras-asamblea-de-gobierno-en-hatogrande"}
Así las cosas, la ratificación del tratado de Escazú se convierte en la segunda ley que sanciona Petro como presidente de la República.
'Ahora me dirijo a la COP27: la reunión de todo(a)s los presidentes del mundo para tonar medidas frente al peor problema de la humanidad y el que puede acabar con ella: el cambio climático producido por la economía fósil', dijo el jefe de Estado, en sus redes sociales previo a la firma del documento que fue aprobado por el Congreso el pasado 10 de octubre.
Cabe resaltar que Escazú se trata de un compromiso ambiental que tiene el objeto de garantizar el acceso de todas las personas a la información y participación en los procesos de toma de decisiones ambientales que afectan su vida y el entorno, así como a la justicia cuando estos derechos han sido vulnerados.
Es decir, el acuerdo impulsa que la información de proyectos que comprometan el medio ambiente de determinado territorio llegue a las poblaciones para que estas puedan opinar, debatir, decidir y concertar sobre las actividades que afecten su territorio tanto positiva como negativamente. E, igualmente, facilita el acceso de estas comunidades a mecanismos judiciales para reclamar la vulneración de los derechos.
{"titulo":"Petro citaría a extras en el Congreso para debatir el PND","enlace":"https://www.elheraldo.co/colombia/120-mil-colombianos-han-construido-plan-nacional-de-desarrollo-mininterior-952323"}
También busca garantizar un entorno seguro para las personas, grupos y organizaciones que defienden los derechos humanos en asuntos ambientales, donde se protejan sus derechos, para que estos puedan actuar sin amenazas, adoptando las respectivas medidas que prevengan y sancionen ataques o intimidaciones.
El Acuerdo de Escazú busca así fortalecer el acceso de todas las personas a la información ambiental y la implementación de una práctica de participación en los procesos de toma de decisiones que puedan tener un impacto sobre el ambiente.
Así mismo, procura este mayor acceso a la justicia en asuntos ambientales, permitiendo recurrir a instancias judiciales y administrativas para impugnar o denunciar cualquier decisión relacionada con el medio ambiente.
La normativa, así mismo, promueve la defensa de los derechos de la población que protege al medio ambiente y el respeto por los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Y persigue fortalecer las capacidades de cada nación del acuerdo y promueve la cooperación entre los países aliados.
Hasta la fecha el Acuerdo de Escazú ha sido ratificado por Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Uruguay, Chile y ahora, Colombia.
