Aunque el país está concentrado en la reforma tributaria que presentará el Gobierno ante el Congreso para su aprobación, es importante que también empiece a fijar sus ojos en otra reforma que Colombia requiere con urgencia: la reforma estructural de la Justicia, tantas veces anunciada, tantas veces aplazada y tantas veces fracasada.
Varios hechos ocurridos esta semana hacen pensar que la reforma a la Justicia es tan prioritaria como la tributaria.
Uno de ellos se relaciona con las declaraciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Luis Antonio Hernández, a BLU Radio, en las que insistió en la necesidad de reformar la Justicia en Colombia.
Al respecto sostuvo que parece haber consenso sobre la necesidad de hacerla, aunque también expresó que no resulta fácil todo lo relacionado con lo que se podría llamar la filigrana de la reforma, así como la focalización de los mayores esfuerzos y recursos.
El presidente de la Corte Suprema admitió –sin embargo– que sí hay problemas en la administración de Justicia en el país.
Un acuerdo sobre lo fundamental en materia de Justicia
El Acuerdo sobre lo Fundamental promovido por Álvaro Gómez incluía –por supuesto– una reforma estructural a la Administración de Justicia en el país. Y uno de los puntos prioritarios en dicho acuerdo debería ser el cumplimiento de la siguiente premisa: no llevar los asuntos políticos a los estrados judiciales.
Los malos perdedores creen que pueden lograr en los tribunales lo que no pudieron alcanzar en las urnas.
El cumplimiento de esta premisa implica mantener un comportamiento ético y respetuoso de la Administración de Justicia para no instrumentalizarla política o económicamente.
Es más que evidente que un parlamentario que primero niega todo, después intenta evadir a su juez natural y por último acepta cargos, no tenía propósito distinto al de manipular la Justicia. La politización de la Justicia y la judicialización de la política son figuras perversas para nuestro frágil sistema democrático.
Fomentarlas desde aquellas orillas que pretenden pescar en río revuelto solo sirve para ahondar la crisis existente en la Administración de Justicia.
Es esa la lectura que requiere la situación actual por parte de quienes aspiran a llegar a la Casa de Nariño, varios de los cuales parecen más interesados en avivar la hoguera que en apagarla.
Esos pirómanos que disfrutan viendo holocaustos también serán perdedores si la Justicia no recupera su majestad.
Acabar con funciones electorales de las altas cortes
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La reforma a la Justicia se requiere con urgencia porque toda decisión judicial compromete la vida, el patrimonio o la libertad de las personas.
No es un asunto menor. Su aplazamiento termina por afectar los cimientos del Estado colombiano.
En el país se han hecho y se siguen haciendo todo tipo de reformas, menos la más importante y urgente. Es necesario que los tres poderes tomen plena conciencia de la necesidad de reformar la Justicia.
Pero para llevarla a cabo es necesario que todas las partes asuman posturas patrióticas y se desprendan de gabelas que por muy bien intencionadas que sean terminan siendo focos de corrupción, como ocurrió con las funciones electorales otorgadas a las altas cortes.
Nada más deprimente y vergonzoso que ver magistrados recibiendo y repartiendo hojas de vida de recomendados de congresistas. Las funciones electorales resultaron perversas porque terminaron fomentando el clientelismo y la corrupción en la Rama Judicial.
Ahí radica buena parte del desprestigio de la Rama y que hoy se expresa en diferentes encuestas de opinión.
