Archivo particular El excomandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre y otros cuatro antiguos uniformados fueron condenados a penas de hasta más de 23 años de prisión por el homicidio de un campesino que presentaron como guerrillero muerto en combate.
La sentencia fue proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Sincelejo y alcanzó, entre otros, al teniente coronel ahora en retiro Luis Fernando Borja Aristizábal.
El antiguo oficial deberá purgar 23 años y tres meses de prisión tras haber admitido su responsabilidad en el homicidio del campesino Ángel Gabriel Berrío Vides, informó la Fiscalía General.
La entidad judicial precisó en un comunicado que Borja "incurrió en los delitos de homicidio agravado en concurso con falsedad ideológica en documento público, en calidad de coautor".
Los cargos se derivaron de la muerte del campesino, quien fue asesinado el 17 de febrero de 2008 en una finca de San Benito Abad, población de Sucre, departamento del que es capital Sincelejo.
Por la época, Borja ejercía como comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, unidad a la que estaban adscritos los otros procesados y condenados.
La fiscalía señaló que entre ellos está el suboficial en retiro Otoniel Aguirre Correa, también sentenciado a 23 años y tres meses, bajo los mismos cargos de su antiguo superior.
Los otros implicados son Afranio Mojica Armenta y Wilson Enrique Lara Palacio, soldados en retiro condenados a 20 años y siete meses de prisión, así como el antiguo soldado Rafael Antonio Pérez Vanegas, quien deberá purgar 18 años y nueve meses de cárcel.
El fiscal de derechos humanos que siguió la investigación acusó a estos últimos tres militares por homicidio agravado.
Según indicó la fiscalía en su reporte, los militares dijeron que el campesino llevaba un revólver y una granada.
El caso es uno más de los conocidos como ‘falsos positivos’, de ejecución extrajudicial de civiles a manos de militares, que los reportan como rebeldes muertos en combate para mostrar resultados ante sus superiores y obtener beneficios.
La fiscalía ha documentado más de 2 mil casos de esta práctica, con los que han sido vinculados unos mil 487 uniformados, más de cien de los cuales han sido condenados a prisión.
EFE
