En sesión reservada, la plenaria de la Cámara escogió ayer a la subcomisión de representantes investigadores que estudiarán la acusación contra el magistrado Jorge Pretelt.
La subcomisión, integrada por los representantes Harry González, del Partido Liberal; Telésforo Pedraza, del Partido Conservador y Albeiro Vanegas, del Partido de la U, deberán revisar el expediente de más de 8 mil folios contra el conservador Pretelt.
Tras la decisión de la Cámara de Representantes trascendió que los representantes Vanegas y González habrían manifestado su intención de renunciar a la subcomisión. Habrían argumentado que no son abogados si no que tienen otras especializaciones.
En el caso de Vanegas, por ejemplo, dice que es administrador de empresas y por ello no podría aceptar la misión que le encargaron en el caso Pretelt.
En una fecha por definirse, estos representantes presentarán la acusación ante el pleno de la cámara baja, luego de que la Comisión de Acusaciones hubiera aprobado, hace un par de semanas, en primera instancia, acusar a su vez por concusión al togado cordobés ante la plenaria.
Pretelt es investigado por un supuesto soborno de 500 millones de pesos que habría pedido al abogado barranquillero Víctor Pacheco, representante de Fidupetrol, para favorecer el trámite de una tutela que le hubiera ahorrado a la fiduciaria el pago por orden judicial de 22.500 millones de pesos.
La célula legislativa decidió acusar al jurista cordobés al considerar que un magistrado de la Corte Constitucional, el alto tribunal defensor de la Carta Magna, debía demostrar una conducta intachable y no debía recaer sobre éste ninguna sospecha de corrupción en un tema tan delicado como el trámite de los recursos que invocan derechos fundamentales.
Además, la Comisión de Acusaciones valoró las otras decisiones proferidas por la Fiscalía y los jueces, que han suscrito preacuerdos con Pacheco y han judicializado al máximo accionista de la fiduciaria comprometida, Hélbert Otero.
La decisión que tiene en ascuas al togado conservador queda así en manos de la subcomisión que deberá entregar un informe a la Cámara de Representantes, corporación que deberá votar por mayoría simple y cada voto debe ser público. Y sin que haya lugar a recursos por parte del magistrado.
Si la Cámara aprueba la acusación, el caso será estudiado por una comisión de instrucción del Senado, que deberá recoger nuevo material probatorio y escuchar a las partes.
Esa célula, a su vez, expondrá el proceso ante el pleno de la cámara alta, y éste decidirá por mayoría calificada si Pretelt debe o no ser destituido, si debe perder sus derechos políticos, y si el caso debe trascender a la Corte Suprema de Justicia.
Para tomar la decisión de acusar al jurista conservador en el escrito de 116 páginas se realizaron 25 testimonios, 13 informes de la Policía Judicial de CTI y de la Superintendencia Financiera, al igual que registro de llamadas, correos electrónicos y un sinnúmero de autos que hacen parte de los más de cinco mil folios del proceso.
