Un juez de la Corte Suprema de Brasil determinó este jueves que se investiguen supuestas irregularidades en las que incurrió el Gobierno del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), ya condenado por golpismo, durante la pandemia de la covid-19, que dejó en el país más de 700.000 muertes.
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La decisión fue tomada por el magistrado Flávio Dino, quien ha pedido la reapertura de varios aspectos de un caso que había sido archivado por la Fiscalía General a mediados de 2022, cuando Bolsonaro aún estaba en el poder.
En su momento, el entonces fiscal general Augusto Aras, un hombre fiel al bolsonarismo, rechazó el contenido de un informe elaborado por una comisión especial del Senado, que investigó la gestión del Gobierno frente a la pandemia y detectó numerosas irregularidades.
El informe parlamentario, de hecho, acusó a Bolsonaro de nueve delitos: crímenes contra la humanidad, infracción sanitaria, charlatanería médica, incitación al delito, falsificación de documentos, uso irregular de dinero público, prevaricación, epidemia con resultado de muerte y atentados contra la dignidad del cargo.
Dino llegó al Supremo en febrero del año pasado, sugerido por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, con quien se desempeñaba como ministro de Justicia desde enero de 2023.
Durante la pandemia, era gobernador del estado de Maranhão, y fue en esos tiempos un muy duro crítico del negacionismo del Gobierno de Bolsonaro frente a la crisis sanitaria.
En el documento en que ordenó reabrir el caso, sostuvo que “la investigación parlamentaria señaló indicios de crímenes contra la administración pública, sobre todo con contratos, fraudes con licitaciones, sobreprecios, desvío de recursos públicos, firma de contratos con empresas de fachada”, entre muchos otros.
Algunas de esas situaciones se refieren a la compra de medicinas supuestamente efectivas contra la covid, pero que luego resultaron ineficaces y que aún así fueron adquiridas por el Gobierno y distribuidas en la red de salud pública, como la cloroquina.
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El informe llegó a presentar acusaciones contra Bolsonaro y otras 77 personas por diversos delitos asociados a la pandemia, y en su momento fue completamente descalificado por el líder de la extrema derecha, que lo denominó como “documento político” elaborado por una comisión controlada por la oposición a su Gobierno.
La decisión de Dino, que ha dado un plazo de 60 días para que la Policía Federal investigue el asunto, ha sido anunciada una semana después de que la Primera Sala del Supremo, de la cual el magistrado forma parte, condenó a Bolsonaro a 27 años y tres meses de cárcel por una conspiración golpista urdida después de que Lula lo derrotó en las urnas, en las elecciones de octubre de 2022.
