El Juzgado Tercero Administrativo decidió tramitar la acción popular iniciada por el Distrito de Santa Marta, bajo la administración de Carlos Eduardo Caicedo, en contra de Metroagua S.A. E.S.P., para dejar sin efectos el contrato de arrendamiento y evitarle a la ciudad el pago de una cuantiosa indemnización que pretende la citada compañía, integrada por capital español.
El año anterior el entonces Alcalde Distrital de Santa Marta pidió en el marco de la acción popular que presentó en contra de Metroagua, que se deje sin efectos el contrato de arrendamiento suscrito en noviembre de 1989, por considerarlo violatorio de la moralidad administrativa y del patrimonio público.
Como fundamentos de la demanda se indicó que dicho contrato se firmó en contra de la ley ya que se recurrió a un arrendamiento cuando debió celebrarse una concesión de servicios públicos (Metroagua). Además, el arriendo se pactó por más de cinco años cuando debió acordarse por un período que no superara dicho lapso.
Se debió tramitarse una licitación pública y no una contratación directa como así se recurrió en su momento; y tampoco pueden reconocerse costos o inversiones en las mejoras a la infraestructura de los servicios de acueducto y alcantarillado, pues en este contrato debe operar la cláusula de reversión.
El Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta admitió inicialmente la demanda interpuesta por el ex alcalde Carlos Caicedo Omar, sin embargo, Metroagua presentó un recurso para que no se tramitara la acción popular, ya que aseguraba que la Alcaldía de la ciudad no podía demandar su propio contrato.
El Distrito presentó sus argumentos, los cuales, finalmente fueron aceptados por el mismo Juzgado, que por providencia de 22 de enero de 2016 admitió continuar con el estudio de la demanda y advirtió que el Alcalde de Santa Marta, sí podía demandar a Metroagua y pedir que se dejara sin efectos el contrato.
Las peticiones. El exalcalde Carlos Eduardo Caicedo en la acción popular le solicitó al Juzgado que 'termine judicialmente y de manera anticipada' el contrato de arrendamiento del 27 de noviembre de 1989, cuya finalización está prevista para el mes de marzo de 2017.
Otra de las peticiones es que se le pague al Distrito las regalías y los frutos civiles a que tiene derecho como propietario de la infraestructura para la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado.
Así mismo se solicitó ante el despacho judicial que faculte al Distrito de Santa Marta para la prestación de los suministros, para lo cual el Gobierno ha demostrado que tiene la capacidad considerando las importantes inversiones, el mejoramiento en los suministros de agua potable desde hace cuatro años y el hecho de que Santa Marta se constituyera en modelo nacional –según la Presidencia de la República y el Ministerio de Vivienda– para la atención de la crisis nacional por el fenómeno de El Niño.
El actual alcalde de Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez, indicó que continuará con la batalla jurídica para evitar que la administración le pague una el pago de una cuantiosa indemnización que pretende Metroagua.
