“Velaremos por los derechos de las comunidades wayuu”: defensor del Pueblo
Así lo expresó el funcionario durante su visita al resguardo indígena wayuu Provincial.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, estuvo en el resguardo indígena wayuu Provincial, ubicado en el municipio de Barrancas, sur del departamento de La Guajira, con el fin de escuchar las preocupaciones y necesidades de sus integrantes.
Expresó que “el motivo de esta primera visita es escucharlos a ustedes. Quise, a tan solo dos meses de estar posesionado, venir personalmente a saludarlos, a entregarles el mensaje que estamos presentes como Institución, velando por los derechos de todas las comunidades, pero en especial de nuestros pueblos indígenas, de sus tradiciones, costumbres y creencias”, expresó.
Allí el defensor estableció un diálogo con los pobladores en torno a la sentencia T-614 de 2019 de la Corte Constitucional, en la cual se señalan posibles afectaciones para la comunidad wayuu debido al impacto de las actividades extractivas en la región.
En este fallo de tutela que se conoció en diciembre del año pasado, la Corte Constitucional ordenó a la empresa Cerrejón implementar medidas transitorias urgentes que prevengan y mitiguen el riesgo de esta comunidad wayuu de sufrir afectaciones a su ambiente y a la salud.
En esta decisión se pidió a la empresa mejorar la calidad del aire y disminuir el impacto de la actividad minera en la comunidad, por lo que el experto de la ONU indicó que no se han tomado las medidas suficientes para proteger a los miembros de la comunidad wayuu en el resguardo indígena de Provincial.
“Es interés de esta Defensoría proteger los derechos que tienen especial protección por nuestra Constitución, y por todos los compendios internacionales y normativos”, señaló Camargo.
El Resguardo alberga, en promedio, a 222 familias, 1.110 personas en 6 comunidades y 12 autoridades tradicionales de la comunidad.
Al amparar los derechos fundamentales al ambiente sano y a la salud de la comunidad indígena, la Corte Constitucional ordenó la creación de una Comisión Técnica, presidida por la Defensoría del Pueblo y conformada por varias entidades del nivel nacional y local, para identificar los riesgos e impactos de la actividad minera y determinar las medidas para mitigarlos, corregirlos y compensarlos.
