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Directora de Fiscalía en La Guajira ni era fiscal ni era abogada

Claudia Elena Lozano también está vinculada a un proceso ante la justicia por al parecer aceptar sobornos de una red de narcotraficantes.

Claudia Elena Lozano Doria, esposa del excandidato a la Alcaldía de Valledupar Pedro Norberto Castro Araújo y nuera del exsenador José Guillermo ‘Pepe’ Castro, se desempeñó como directora de la Fiscalía en el departamento de La Guajira, fiscal local y fiscal seccional, durante ocho años, utilizando un título y tarjeta profesional de abogada falsos.

La exfuncionaria fue imputada el 3 de marzo pasado ante el Tribunal Superior de Bogotá por los delitos de falsedad en documento privado, uso de documento público falso y fraude procesal, cargos que aceptó ante los magistrados.

De hecho, fuentes de la Fiscalía le confirmaron a EL HERALDO que Lozano suscribió el pasado 28 de marzo un preacuerdo con la Fiscalía 7 Delegada ante la Corte Suprema, que deberá ser avalado por el máximo tribunal de la justicia ordinaria –donde terminará su juicio–y que le representaría una rebaja del 50 por ciento de la pena a la que se enfrenta, que es de 14 años de cárcel, y que por la negociación, le quedaría en siete años.

La increíble historia de esta mujer, que ejerció como funcionaria del ente acusador sin ser abogada, no termina allí: también está vinculada a un proceso ante la justicia por al parecer aceptar sobornos de una red de narcotraficantes para devolverles cargamentos incautados, caso por el que habría aceptado, según un testigo, 350 millones de pesos.

A pesar de los documentos falsos, Claudia Elena Lozano Doria logró ocupar importantes cargos en la Rama Judicial y el Ministerio Público: dirigió una seccional de la Fiscalía, concursó para ser juez de conocimiento de Valledupar y, además, según una columna del periodista Daniel Coronell, llegó a ser nombrada en abril del 2013 como asesora del despacho del procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, puesto que no obstante no llegó a ocupar.

La tarjeta profesional que utilizaba pertenecía a otra persona, y al parecer enfrenta otro proceso que se encuentra en etapa preliminar por el delito de cohecho.

No obstante a lo que establezca la Corte Suprema ante el preacuerdo, el ente de control penal deberá presentar antes de mayo el escrito de acusación contra la falsa fiscal.

Y aunque ya el caso pareciera bastante, lo peor puede estar por venir, pues el alto tribunal se vería inundado de acciones de revisión de las partes en los procesos en que actuó Lozano. Es decir, la justicia deberá revisar uno a uno los casos que pidan explicaciones sobre sus procesos, llevados por una fiscal que no lo era.

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