El Heraldo
Este viernes se confirmó el primer caso de contagio por COVID-19 en la Cárcel El Bosque. Hansel Vásquez.
Judicial

Tutela ordena hacer pruebas de COVID-19 a presos y guardianes de cárceles del Atlántico

La tutela llega después que se conociera un primer caso en la cárcel Distrital El Bosque. Las decisiones también incluyen la Cárcel Modelo y la Cárcel de Sabanalarga.

Luego de que se conociera el primer caso de COVID-19 confirmado en el interior de la Cárcel El Bosque de Barranquilla, una tutela radicada en el Juzgado Octavo Administrativo Oral de Barranquilla determinó que todas las personas privadas de la libertad y el cuerpo de custodia y vigilancia de tres cárceles del Atlántico deberán ser testeados de manera inmediata.

La tutela —con fecha del 5 de mayo de 2020, pero conocida este sábado— fue interpuesta por la Asociación Sindical de Servidores Públicos del Sistema Penitenciario y Carcelario, seccional Barranquilla, representada por Fredy Patiño Hernández; con el objetivo de “que se garantizaran los derechos de salud, vida, el trabajo digno y seguro, dignidad humana, igualdad, condiciones de higiene y seguridad en el trabajo y al ambiente sano” de los presos y guardianes de las cárceles El Bosque y Modelo, de Barranquilla, y de la Cárcel de Sabanalarga.

Con base en ello, se solicitó al Gobierno que se hicieran pruebas y se entregaran elementos de protección biológica a cada una de las personas que se encuentran dentro de los tres centros penitenciarios mencionados, argumentando —entre otros— que el riesgo de trasmisión para las personas privadas de la libertad “está en que los funcionarios sean portadores de la enfermedad, pues son los que entran y salen del establecimiento y a la fecha se ha omitido realizar pruebas de detección de coronavirus, sometiendo al azar el contagio y propagación de la enfermedad, sin valorar que por su actividad no es posible evitar aglomeraciones, siendo necesaria la realización de pruebas”.

Como resultado de la tutela, además de determinar que se hagan pruebas del virus a las personas que están en las cárceles (presos y guardianes); el juez ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y carcelario (Inpec) que en un término de 48 horas siguientes a la notificación del fallo, se entregaran a funcionarios de las tres cárceles y a los reclusos los respectivos elementos de bioseguridad para el control y prevención del contagio por el nuevo coronavirus, “tales como tapabocas,  guantes, batas, geles antibacteriales, alcohol, desinfectantes de aspersión antibacteriales y los demás que determinen las autoridades de salud”.

Asimismo, se ordenó al Inpec, el Ministerio de Justicia, la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Sabanalarga y la Alcaldía de Barranquilla, “que de manera conjunta y coordinada, programen y realicen visitas de control y vigilancia del cumplimiento de protocolos y lineamientos establecidos para el manejo del COVID-19” en las cárceles.

Por otro lado, en la misma tutela se decidió denegar la inclusión de la COVID-19 como enfermedad laboral al considerar la solicitud improcedente.

Lea aquí la tutela completa...

Medidas para el centro penitenciario de Villavicencio

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, declaró que se efectuarán pruebas para comprobar casos de COVID-19 a casi la totalidad de los reclusos de la cárcel de Villavicencio, donde se registra un alto número de contagios de esa enfermedad.

“Nos desplazamos a Villavicencio específicamente, con un equipo del Ministerio de Salud, muy preocupados por el tema de la grave afectación que hay en la cárcel de la ciudad, afectación que ya lleva 690 personas positivas de COVID-19 al día de hoy y el cual se ha desplegado toda una acción desde el Ministerio de Justicia, desde la propia Gobernación, desde la Alcaldía, con una gran afectación sobre la posible afectación sobre la ciudad”, informó Ruiz.

Explicó que se podrán “realizar pruebas prácticamente al 100% de la población carcelaria, con el objetivo, primero, de protegerlos a ellos y de conocer el nivel de riesgo que tienen, pero evidentemente nos va a dar información sobre el lado de afectación de la población carcelaria”.

El ministro dijo que “en este caso se trata de una población que tiene tanta población joven como población mayor de 60 años, y es un modelo de caso de estudio que podría ser muy relevante para sintetizar algunos resultados y hallazgos para aplicarlos al resto de la población colombiana”.

El titular de la cartera de Salud pudo verificar que se ha hecho “una aplicación juiciosa de pruebas” en la cárcel y se han realizado 1.500 diagnósticos.

“Este es un penal de más o menos 1.800 personas que están en situación efectivamente de hacinamiento, en una situación compleja”, advirtió.

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