Los siete procesos pendientes de Silvia Gette con la justicia
Aumentarse la pensión, autoprestarse $2.000 millones y comprar un equipo de fútbol: estas son solo algunas de las acusaciones que se hacen en contra de la ex rectora de la Universidad Autónoma.
El 24 de agosto de 2015 el Juzgado 34 Penal del Circuito de Bogotá condenó a Silvia Beatriz Gette Ponce, ex rectora de la Universidad Autónoma del Caribe a 6 años y cinco meses de prisión domiciliaria por el delito de soborno en actuación penal, en calidad de determinadora.
La misma pena le fue impuesta a su entonces abogado Arcadio Martínez, pero en calidad de coautor.
La Fiscalía acusó a Gette de haber ofrecido 500 millones de pesos al exparamilitar Édgar Ignacio Fierro Flórez, alias Don Antonio, para que cambiara su versión sobre el homicidio del ganadero Fernando Cepeda Vargas, a cambio de favorecer a la exrectora e inculpar a la esposa del asesinado, María Paulina Ceballos.
En abril de 2016 el Tribunal Superior de Bogotá confirmó, en segunda instancia, la condena proferida por el Juzgado 34 en contra de Gette y Martínez, condena que cumplen actualmente.
Sin embargo, este no es el único proceso judicial que afronta la colombo-argentina con las autoridades colombianas, son en total siete los procesos que se encuentran vigentes en contra de Gette Ponce.
El 15 de diciembre de 2016, el Tribunal Superior de Barranquilla rebajó a $47 millones la pensión que reciben Silvia Gette Ponce e hijos, en calidad de sobrevivientes del rector-fundador de la Universidad Autónoma del Caribe, Mario Ceballos Araújo.
Además, el Tribunal ordenó a la exrectora reembolsar $900 millones al claustro educativo.
El proceso se inició luego de que la universidad demandara a Gette Ponce ante la justicia laboral, argumentando que esta elevó su pensión a $96 millones, con exceso de los topes legales y constitucionales.
“Lo que lleva a la sala a afirmar que efectivamente se da por parte de la demandada un manejo extralimitado del poder, el cual aprovechó al interior del organismo rector para su propio beneficio, sin que su conducta fraudulenta pueda confundirse con cualquier otro tipo penal o de cualquier otra naturaleza tal como lo enseña la Corte. Lo que lleva a concluir que la misma actuó de mala fe para lograr el incremento de su pensión por fuera de lo dispuesto de la pensión del causante”, dijo el Tribunal en su decisión.
El fallo está en casación en la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia que tomará una decisión definitiva, debido a la apelación presentada, tanto por la defensa de Gette como por la universidad.
Debido a que la juez 15 Laboral del Circuito advirtió que hubo un “sobrepago” a favor de la exrectora y que el Tribunal Superior de Barranquilla manifestó que Silvia Gette se subió la pensión “abusando de sus facultades”, la Universidad Autónoma la denunció penalmente ante la Fiscalía 5ta. seccional de Patrimonio Económico por el delito de abuso de confianza calificado y agravado, proceso que se encuentra actualmente en trámite.
En mayo de 2016 la Fiscalía Séptima Especializada de la Unidad Nacional de Extinción de Dominio y Lavado de Activos acusó a Gette por el delito de abuso de confianza calificado y agravado.
De acuerdo con el ente acusador, la exrectora realizó autopréstamos (sin autorización) por valor de $2.129.197.990, dineros que se dispuso a cancelar mediante cuotas de $3 millones mensuales y sin intereses.
Los dineros obtenidos por Gette Ponce y pertenecientes a la alma mater, fueron utilizados para pagar obligaciones tributarias y personales como servicios públicos, impuesto predial, declaraciones de renta, así como para cancelar los honorarios de su entonces abogado Germán Eduardo Gómez Remolina, entre otros “gastos personales” de la exrectora como lo manifestó la Fiscalía.
El proceso lo lleva el Juzgado Octavo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento que programó como próxima fecha de audiencia el 10 de julio.
El pasado 5 de junio, el Juez Séptimo Penal del Circuito de Causas Mixtas dio por terminado el juicio oral en contra de la colombo-argentina, que fue acusada por la Fiscalía 35 contra lavado de activos por el delito de abuso de confianza calificado y agravado.
Gette Ponce es procesada por el presunto desfalco de un millón de dólares que, según la Fiscalía, sacó de la Universidad Autónoma del Caribe sin el respectivo permiso de la sala general de la alma mater.
En indagatoria que rindió el 30 de octubre de 2014, Gette manifestó que la alma mater le concedió el préstamo del millón de dólares, pero las pesquisas del CTI de la Fiscalía dan cuenta que no se encontraron rastros de la salida del dinero en los libros del centro educativo, el cual finalmente fue a parar a una cuenta suya en Hong Kong.
Los representantes de la Fiscalía, la Procuraduría y parte civil pidieron al juez que Silvia Gette Ponce sea condenada, en tanto que su defensa solicitó sea declarada inocente. El juez del caso indicó que en uno o dos meses proferirá sentencia absolutoria o condenatoria. El delito por el que fue juzgada Gette tiene una pena de 4 a 9 años de prisión.
En la Fiscalía 119 seccional de la Unidad de Patrimonio Económico de Bogotá cursa una investigación por el delito de estafa en contra de Gette Ponce, por la adquisición, presuntamente irregular, de Uniautónoma Fútbol Club por valor de $1.400 millones de pesos, dineros que, de acuerdo con la Fiscalía, eran de la universidad.
Según las pesquisas, en noviembre de 2010, la exrectora compró la ficha del equipo de fútbol de la primera B Atlético La Sabana, de Sincelejo, con dineros de la universidad Autónoma del Caribe. Luego creó la sociedad Uniautónoma Fútbol Club siendo dueña, junto a un sobrino, del 51 por ciento de las acciones del equipo, “sin poner un solo peso”, informó una fuente.
El abogado de la universidad Autónoma demostró que la exrectora no tenía ningún derecho sobre el equipo ni podía esperar utilidades de ese negocio porque el dinero provino de la universidad. El 6 de mayo de 2016 el Tribunal Superior de Barranquilla le dio la razón a la casa de estudios que se quedó con el 100 por ciento de las acciones del equipo, las cuales fueron vendidas posteriormente para ser invertidas en la educación.
En la Fiscalía 36 seccional de la Unidad de Patrimonio Económico cursa otra investigación contra Gette Ponce por fraude procesal.
Una vez la Autónoma le terminó el contrato a Gette Ponce, esta inició un proceso civil por $3.600 millones, al parecer engañoso, para el pago de presuntas obligaciones asumidas por la universidad para con el Instituto de Lenguas del Caribe E.U., convenios que fueron suscritos cuando Gette fungía como rectora de la Universidad Autónoma del Caribe.
Empero, el Tribunal Superior de Barranquilla le dio la razón a la universidad, señalando que las facturas no cumplían con los requisitos legales. Además, la universidad estableció que en un solo año, 2013, la institución educativa pagó por el suministro de libros de inglés 962 millones de pesos. Pero cuando los auditores de la universidad fueron a averiguar con la editorial, se encontraron con que el valor de los libros fue de $618 millones. Por la sola intermediación, Gette se quedó con 345 millones de pesos, según la Fiscalía.
En noviembre de 2015 la Superintendencia de Sociedades sometió al máximo grado de supervisión las empresas Gette Ponce y Compañía S.A.S.; Gette Ávalos y Compañía S. en C.; Constructora Caribeña Ltda. e Instituto de Lenguas del Caribe E.U. en liquidación.
La Supersociedades decretó la apertura de una investigación administrativa que culminó con el registro voluntario de la situación que “ejerce la señora Silvia Beatriz Gette Ponce, respecto de las sociedades y empresas unipersonales”.
Asimismo la entidad informó al Ministerio de Educación respecto a la utilización de dineros de la universidad Autónoma del Caribe para la realización de operaciones no relacionadas con la actividad educativa y, asimismo, la celebración de un sinnúmero de contratos entre las empresas controladas por la señora Silvia Beatriz Gette Ponce y el citado ente educativo” (sic)...
Por ello, la Fiscalía 29 de la dirección Antinarcóticos y Lavado de Activos compulsó copias contra la exrectora por el delito de enriquecimiento ilícito.
El pasado 15 de mayo la Procuraduría solicitó a la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá revisar y revocar la decisión adoptada por la Unidad de Derechos Humanos a favor de la ex rectora de la Universidad del Caribe, Silvia Gette Ponce en marzo pasado, que precluyó la investigación que se seguía en su contra, por el homicidio del ganadero Fernando Cepeda.
El agente del Ministerio Público en cargo de la investigación identificó la existencia de “testimonios e indicios graves que vincularían a la ex rectora de la Universidad Autónoma del Caribe como autora determinadora del homicidio del ganadero y arquitecto,” contrario a lo que indicó en su momento la Fiscalía.
A su vez, el mismo agente solicitó la preclusión de la investigación a favor de la otra acusada del caso, María Paulina Ceballos, quién habría sido vinculada al proceso por un falso testigo que aceptó haber recibido sobornos, presuntamente pagados por Gette, para cambiar su versión de los hechos.
