Los atlanticenses, conocidos por su carácter pujante y alma trabajadora, han vivido en los últimos días jornadas de completa incertidumbre y de terror por la cruel violencia extorsiva que se ha cobrado las vidas de al menos seis personas, todas asociadas a negocios particulares, en las últimas dos semanas.
Este delito que comenzó en Barranquilla y en su área metropolitana se propagó rápidamente hasta poblaciones Sabanalarga, Sabanagrande, Baranoa e incluso Ponedera, poniendo en jaque las estrategias de las autoridades.
Juan Carlos Jiménez Bolaños (comerciante); Sebastián Andrés Guzmán Ayala (domiciliario); Teddy Alberto Bocanegra Cantillo (vendedor de frutas); Jesús Sará Escorcia (vendedor de productos a base del maíz); Julia Antonia Barrios Calceta (dueña de miscelánea) y Maribis del Socorro Escobar Gonzales (costurera), nunca pensaron que sus vidas iban a ser arrebatadas por unos criminales que, aparentemente, les exigían cierto valor económico bajo la excusa de “dejarlos trabajar” para no “atentar contra sus vidas”.
Adolescentes, jóvenes, adultos e incluso adultos mayores, cada uno con sus vidas proyectadas, metas trazadas y sueños prometidos como cualquier otra persona, pero todos ellos silenciados por no dejarse someter de la delincuencia ante sus viles exigencias.
La sangre empezó a correr el 26 de marzo, cuando Juan Carlos Jiménez Bolaños se encontraba como de costumbre en su puesto de comidas rápidas ubicada en la calle 5A con carrera 1D, barrio Montecarlo del municipio de Malambo.
Aquella noche, un sujeto a pie se acercó hasta el hombre de 38 años y le propinó un letal disparo en la cabeza. Malherido, Jiménez Bolaños fue trasladado hasta la Clínica Campbell de aquella población, pero fue remitido a una clínica de mayor complejidad en Barranquilla debido a la gravedad de la lesión.
Desafortunadamente, los médicos de turno informaron sobre su deceso en horas de la madrugada del sábado 28 de marzo.
De acuerdo con Inteligencia, desde hacía un mes la víctima estaba siendo acechada por ‘Los Pepes’, quienes le hacían exigencias extorsivas y, de hecho, ya había realizado un pago por un valor de $1 millón para que lo dejaran trabajar, pero aquello no les bastó.
Un futuro abogado
Días después, exactamente el 1 de abril, Sebastián Andrés Guzmán Ayala, de tan solo 17 años, fue asesinado a bala en la entrada de un negocio de comidas rápidas ubicado en el barrio Villa Estadio de Soledad.
Testigos señalaron que la víctima se encontraba ejerciendo sus labores diarias como “repartidor de domicilios”, cuando pasó una motocicleta con dos hombres a bordo, y el parrillero le disparó en repetidas ocasiones, dejándolo gravemente herido en el lugar.
Aunque Sebastián Andrés fue auxiliado y llevado hasta la clínica Agrupa Salud, falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas.
La Policía Metropolitana de Barranquilla reveló que el ataque armado se había perpetrado por un caso ligado a la extorsión, toda vez que los propietarios presuntamente se negaron a realizar el pago exigido a un grupo que se identificó como ‘los Costeños’.
Esta teoría tomó fuerza luego de que Inteligencia revelara que el pasado 24 de marzo el administrador del negocio de comidas rápidas Chorilocos confirmara amenazas por temas de extorsión por parte de la misma estructura criminal.
Guzmán Ayala estudiaba Derecho en la Universidad Simón Bolívar, donde cursaba sus primeros semestres. Antes de empezar el pregrado había completado un técnico en Criminalística, motivado por comprender los procesos judiciales.
Consciente de los gastos, el adolescente aceptó el puesto de domiciliario para ayudar a pagar la carrera trabajando hasta altas de noche, sin saber que dos semanas después iba a ser asesinado.
Vendiendo fruta de sol a sol
La tarde del lunes 6 de abril, en plena convulsión del Centro de Barranquilla, Teddy Alberto Bocanegra Cantillo, de 43 años, fue asesinado a tiros mientras vendía sus frutas en San Roque.
De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el crimen ocurrió hacia las 3:10 p. m. en la carrera 36 con calle 38, cuando Bocanegra Cantillo se encontraba en una esquina del sector ejerciendo su actividad como vendedor informal.
En ese momento, fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta. Según testigos, el parrillero descendió del vehículo, sacó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones, para luego huir junto a su cómplice con rumbo desconocido.
Según las investigaciones, al parecer, Teddy Alberto se había atrasado con la cuota de $10.000 que le exigían diariamente para dejarlo laborar.
Hay que reseñar que en febrero, cerca del lugar donde fue asesinado Teddy, Rafael Ángel Osorio Peralta, un destacado empleado de la empresa de buses Cootransoriente, fue asesinado en medio de otro caso de extorsión.
“A la orden, la masa y agua de maíz”
Ese mismo día 6 de abril, cuatro horas después del crimen de Teddy, Jesús Sará Escorcia, de 23 años, fue acribillado en la calle 46 con carrera 6C de Villa Adela, en Soledad, en un kiosco que arrendaba para vender sus tradicionales masas para hacer bollos y arepas, y el agua de maíz.
Lo que muchos no sabían es que de esos $1.200 que costaba el kilo de masa de maíz, mensualmente el joven debía pagar una suma de cinco millones de pesos a unos extorsionistas que lo atropellaban desde hacía 2 años.
Al parecer, la situación para Sará estuvo complicada y no pudo reunir el pago del último mes, pero a sus verdugos eso no les importó: saldaron el atraso a punta de balazos.
Pese a que fue trasladado de urgencia al Hospital Materno Infantil de Soledad, los médicos informaron que había ingresado sin signos vitales.
El sueño propio
El 7 de abril, Julia Antonia Barrios Calceta, de 55 años de edad, atendía como siempre su miscelánea llamada ‘La Marquesa’, ubicado en la calle 7 con carrera 8, en el municipio de Sabanagrande.
Para Julia Antonia era importante dar un excelente trato a sus clientes, teniendo en cuenta el esfuerzo que le tomó levantar a su emprendimiento entre ahorros y créditos.
Pero el miedo irrumpió a las 4:45 de la tarde cuando dos sujetos en moto llegaron hasta el colorido establecimiento y, sin mediar palabra, le propinaron varios disparos mientras organizaba nueva mercancía detrás de un mostrador.
Se conoció por medio de una fuente judicial que, al parecer, el ataque armado estaría ligado a un caso de violencia extorsiva, pues, presuntamente, la mujer y el propietario del negocio habían sido intimidados para el pago de cuotas a cambio de no atentar contra sus vidas.
Horas antes del crimen, la Alcaldía de Sabanagrande junto con la Policía del Atlántico y otras autoridades del Departamento habían llevado a cabo un consejo de seguridad en el que se establecerían medidas para fortalecer la seguridad en la población y otros territorios por fuera del área metropolitana de Barranquilla.
Una humilde costurera
El miércoles 8 de abril, hacia las 11:30 de la mañana, mientras Maribis del Socorro Escobar Gonzales, de 56 años, aseaba su hogar en el barrio Ciudadela La Paz, en Baranoa, dos desconocidos en moto se acercaron hasta su puerta y le pidieron que les vendiera una bolsa de hielo, negocio popular con el que se consiguen ingresos extras.
Confiada, Escobar fue hasta la nevera y sacó el producto, sin percatarse que, al darse media vuelta, uno de los agresores esgrimiría un arma de fuego para propinarle varios disparos.
Tras el ataque, la mujer quedó tendida en la sala de la casa, falleciendo en el acto a causa de la gravedad de las heridas.
Hasta el sitio se trasladaron agentes de la Policía del Atlántico, quienes adelantaron las labores de inspección y levantamiento del cadáver.
EL HERALDO conoció que la víctima fatal se desempeñaba como costurera, ganándose la vida confeccionando ropa y vendiendo hielos en su residencia. Al parecer, la familia estaba siendo blanco de extorsiones y se habían negado a pagar la cuota.
Desborda la capacidad
Edinson Palma, alcalde de Baranoa, manifestó en entrevista con EL HERALDO que la situación es “preocupante” en su población y que se requiere del apoyo del Gobierno Nacional.
“Nos sentimos muy dolidos ante toda esta situación de todos estos hechos atroces que han ocurrido últimamente en Baranoa y también en los otros municipios del Atlántico. Como alcalde rechazo categóricamente cualquier acto de violencia que atente contra la vida y la integridad física de nuestros ciudadanos (…) Esta es una situación que desborda la capacidad de los municipios, de los territorios. Por eso hemos invitado nuevamente al Gobierno nacional, al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa para que nos apoyen, nos ayuden a poder contrarrestar toda esta violencia que atraviesa nuestro municipio y el departamento del Atlántico”, expresó Palma.
Sumado a estos casos, se conoció además que, el reconocido corredor gastronómico de la población también está siendo blanco de cobros extorsivos, obligando al cierre de muchos de estos.
“Tenemos conocimiento de las extorsiones que se vienen presentando en Baranoa. Ahí en el corredor gastronómico hemos venido trabajando con presencia del GAULA, adelantando campañas de prevención de lucha contra la extorsión, capacitando a los comerciantes (…)”, manifestó el alcalde.
Un nombre señalado
En los últimos días han aparecido panfletos en la población de Baranoa y en Sabanagrande, dos de las más afectadas por la amenaza de la extorsión, con información de presuntos integrantes de la estructura criminal ‘los Pepes’, a quienes les atribuyen los ataques y muertes recientes.
Uno de los alias que figura en los impresos es el de ‘Gomelo’, a quien identifican como Aldair Montenegro Mejía, quien estaría preso en la cárcel Picaleña de Ibagué, Tolima, y desde este penal ordenaría las actividades criminales.
El nombre de este mismo individuo también se hizo visible el pasado sábado 28 de marzo tras la aparición de vallas en distintos puntos de Barranquilla y su área metropolitana con información de “afectaciones y daños en la ciudad de Barranquilla y en el departamento Atlántico”, a pesar de estar recluido.
En su momento, la Policía Metropolitana de Barranquilla indicó a través de un comunicado que se dispusieron unas capacidades investigativas a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) e inteligencia policial, con el fin de establecer la procedencia de estos pendones e identificar a los responsables.
