En la cárcel La Picota, de Bogotá, sí hubo un pacto. Al menos así quedó evidenciado el pasado jueves 2 de octubre, cuando los dos máximos cabecillas de las estructuras criminales que dominan Barranquilla y su área metropolitana, Digno José Palomino Rodríguez y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, se dieron un apretón de manos y ambos anunciaron un cese de actividades criminales en este territorio que se extendería hasta el 20 de enero de 2026.
La cadena televisiva del Gobierno, RTVC, difundió el encuentro a través de sus canales, en una mesa presidida por Camilo Pineda Serje, delegado de la Consejería Comisionada de Paz (CCP) en el departamento de Atlántico y facilitador del proceso de paz urbana en Barranquilla con grupos criminales. En el acto también estuvieron presentes funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, y los abogados defensores de los jefes de ‘los Pepes’ y ‘los Costeños’, respectivamente.
Este fue un evento que le habría dado vigencia a lo que se cocinaba desde meses atrás, cuando el presidente Gustavo Petro, desde el Paseo Bolívar de Barranquilla, anunció que su Gobierno iniciaría diálogos con los grupos de delincuencia local con el objetivo de que dejaran las armas, frenaran la violencia urbana y, a la vez, tuvieran una segunda oportunidad de reinsertarse a la sociedad.
Fue así como el anunciado acuerdo centró entonces la atención de los medios de comunicación, incluso los nacionales, que se embarcaron en el interés por entender el conflicto entre grupos criminales que operan en Barranquilla y su área metropolitana, y sus dos jefes –que se habían mantenido en silencio– tomaron un aire de celebridades.
En medio del encuentro, Díaz Collazos tomó la palabra y leyó el acuerdo firmado previamente ante los funcionarios del Gobierno nacional.
“Los firmantes, identificados con nuestra cédula de ciudadanía, rúbricas y huella dactilar, de manera libre y voluntaria, mediante la presente declaración nos acogemos a la invitación del señor presidente de la República de Colombia, ciudadano Gustavo Petro Urrego, para iniciar el recorrido de la hoja de ruta pertinente y compromisos encaminados a desactivar la violencia, reparar a las víctimas y someternos a la ley con las estructuras delincuenciales con las que desarrollamos actividades criminales en Barranquilla, su área metropolitana y el departamento del Atlántico”, expresó el jefe de ‘los Costeños’.
Y continuó: “Nos anima, además de la convocatoria gubernamental, el ánimo y la voluntad de contribuir a la recuperación de la convivencia pacífica en Barranquilla, la ciudad que nos vio nacer y el de propiciar las condiciones para que los niños y jóvenes en nuestras barriadas humildes, nuestros hijos y familiares tengan otra oportunidad en la vida y disfruten del derecho y ejerzan el deber a vivir en paz”.
Finalmente enumeró los tres acuerdos: “El cese de actividades ilícitas hasta la fecha mencionada como gesto inicial de voluntad de paz y desescalamiento del conflicto”; “Desvincular las fiestas de los picós del control territorial criminal, promoviendo su uso como escenarios de convivencia y no de legitimación de la criminalidad”, y “convocar a otras organizaciones criminales determinantes en la inseguridad de Barranquilla, su área metropolitana y el departamento del Atlántico, a que se sumen al Proceso de Paz Urbana”.
Las fiestas de picós
¿Por qué el jefe de ‘los Costeños’ citó las fiestas amenizadas con las potentes máquinas de sonido, que son el latido sonoro en los barrios populares y han hecho su aporte a la cultural del Carnaval?.
Tal mensaje validaría lo que en el pasado, al menos hace un par de años, fue un secreto a voces cuando empezaron a ser asesinadas personas vinculadas al oficio de programador musical o DJ de los tradicionales picós.
En junio de 2023, la Fiscalía General de la Nación señaló que se buscaba la conexión en cinco homicidios registrados ese año en Barranquilla y su área metropolitana, en los que las víctimas resultaron ser hombres cercanos a distintos sistemas de sonido.
En su momento, investigadores señalaron que existían algunas líneas investigativas que se adelantaban tras información suministrada por testigos de todos los hechos criminales.
Por ejemplo, uno de los DJ asesinados, conocido en el ámbito musical como ‘Coco Perreo’, programó música en el evento donde se desarrolló la masacre de La Loma, en marzo de 2023, un hecho que dejó 5 muertos y 14 heridos. Y en el caso de un DJ asesinado en la puerta del billar soledeño se dijo que ponía música en un picó propiedad de alias Castor.
Pero además, en ese entonces, la Policía Metropolitana de Barranquilla recogió denuncias de la comunidad que asociaban eventos con picós en barrios populares, los cuales eran financiados por las estructuras criminales ‘los Pepes’ y ‘los Costeños’. Como agravante se dijo que en los actos se ofrecía droga gratuita a los más jóvenes, aparentemente, con el fin de cooptarlos.
Contención de la violencia
El pasado viernes, después de tres meses, se volvió a registrar una masacre en Barranquilla y su área metropolitana. Criminales en moto llegaron hasta una barbería del barrio Pinar del Río, suroccidente de la capital del Atlántico, y acribillaron a tres personas que estaban en el lugar. La situación sembró una serie de interrogantes y, sin dudas, generó un impacto negativo sobre el reciente acuerdo entre ‘Pepes’ y ‘Costeños’.
En su análisis, el profesor e investigador académico Luis Fernando Trejos señaló que este ‘Pacto de la Picota’ podría ser un “anuncio importante”, que de concretarse este compromiso temporal “podría traducirse en un alivio significativo para los comerciantes de la región y, sobre todo, en la preservación de vidas”.
Sin embargo, para Trejos surgen varias inquietudes que requieren atención inmediata, ya que de ellas dependerá en gran parte el éxito o fracaso de esta iniciativa de diálogo sociojurídico.
Según el experto, llamó profundamente la atención la ausencia de representantes de la Alcaldía, la Gobernación y de las víctimas en el acto oficial realizado en el centro carcelario. “Esta omisión puede generar la percepción de que la mesa de diálogo podría estar respondiendo a intereses políticos con miras a las elecciones de 2026, lo que afectaría su legitimidad”, aseguró.
En consecuencia formuló preguntas clave: si se excluye a la institucionalidad local (alcaldías y gobernaciones), ¿quién asumirá la oferta institucional necesaria para permitir la transición de jóvenes, niños y adolescentes vinculados a estas estructuras, hacia la legalidad? ¿Será el Gobierno nacional el que asuma esta responsabilidad, desplazando así el rol natural de los entes territoriales?
“Este punto es aún más delicado si se considera que, a partir de noviembre, entra en vigencia la Ley de Garantías, la cual limita significativamente la contratación pública. Esto plantea dudas concretas sobre cómo se van a financiar las actividades que se desprendan de la mesa de diálogo durante el resto del año y hasta junio del próximo”, dijo.
Además citó como fundamental que gremios como Undeco, Asocentro y empresas del sector transporte tengan un papel activo en la mesa de diálogo. “Su inclusión no solo aporta legitimidad al proceso, sino que también asegura que se tengan en cuenta las realidades del comercio y la movilidad en la región, dos sectores especialmente afectados por la violencia y la extorsión”.
Finalmente expresó que era necesario dejar claro ante la ciudadanía que no se está ante un proceso de paz. “Lo que se está negociando actualmente con estas organizaciones criminales es, en realidad, un acuerdo de disminución o contención de la violencia. En este momento, no existe un marco jurídico que permita hablar de desarme, desmovilización o reintegración, lo cual deja este proceso en un limbo legal y político”, afirmó.
¿Sinceridad o impunidad?
Arturo García Medrano, ex personero de Barranquilla y curtido investigador en temas de seguridad, sostiene que uno de los elementos más simbólicos en cualquier proceso de diálogo es el apretón de manos entre las partes involucradas. Sin embargo, ese gesto solo cobra sentido real si viene acompañado de sinceridad y compromisos verificables, afirma.
“Existe un nivel de desconfianza muy alto hacia la institucionalidad. Las reacciones visibles en redes sociales, que hoy actúan como catalizadores del sentir ciudadano, reflejan una profunda inconformidad frente al avance de estos procesos de diálogo. Muchos temen que, lejos de conducir a la justicia, terminen siendo una vía hacia la impunidad”, manifiesta.
Al igual que Trejos detalla como fundamental que este proceso debe incluir a sectores sociales, gremios, iglesias, universidades y, especialmente, a las víctimas del conflicto. “Se requiere una narrativa transparente que permita comprender por qué personas que alguna vez compartieron la vida civil terminaron en actividades delictivas y cómo están dispuestas a asumir su responsabilidad en la reparación del daño causado”.
“Las denominadas mesas de diálogo locales deben contar con una participación activa y real de las víctimas. Muchas de estas personas aún desconocen por qué sus seres queridos fueron asesinados”, insiste.
Finalmente, analiza que si hubo un apretón de manos entre estos señores (Palomino y Castor), es porque compartieron mucho antes de llegar al conflicto. “Su división se dio, según se presume, por disputas relacionadas con el control de rentas ilegales. La sociedad tiene derecho a conocer por qué se fragmentaron, qué intereses los enfrentaron, y sobre todo, qué los une hoy para dar este paso. Se espera que su gesto sea sincero, pero más allá de eso, que venga acompañado de verdad, justicia, reparación y no repetición.
Show mediático
A través de su cuenta de X, el académico y director del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Universidad del Norte, Janiel Melamed, se refirió al acto en la cárcel bogotana como un “show mediático”.
“Fue más un show mediático con narración de @HOLLMANMORRIS organizado desde el centralismo nacional y arropado de falsas expectativas de paz por coyuntura político-electoral de 2026. La iniciativa se muestra improvisada y sin verdadera planificación en lo verdaderamente importante”, dijo inicialmente.
Seguido insistió en que la reducción de homicidios y extorsiones por tregua entre criminales es una pausa en la problemática que, como otras experiencias nos muestran en Buenaventura, Medellín y Quibdó, luego tiene un efecto rebote y que pretende además desconocer que baja en indicadores de homicidios también está condicionada por acciones de la Alcaldía y la Policía Metropolitana.
“Esa tregua no significa el debilitamiento de capacidades operativas y financieras de estas estructuras. En un país con casi 300.000 hectáreas sembradas de hoja de coca, esa tregua parece más una pausa de violencia con fines políticos para vender la ‘paz total’. Si de verdad existiera voluntad de paz, se sumarían anuncios en el cese de venta de drogas y microtráfico que esclaviza con drogadicción a miles de jóvenes y se constituye en una renta criminal mayor a la extorsión”, opinó.
Siguiente paso
Camilo Pineda Serje, delegado de la Consejería Comisionada de Paz (CCP) en el departamento de Atlántico y facilitador del proceso de paz urbana en Barranquilla con grupos criminales de este territorio, dijo que la firma de Castor y Palomino sería el punto de partida para que autoridades locales e instituciones del sector público del Estado colombiano se unan en la construcción de paz para el departamento del Atlántico.
“En este momento, el proceso toma un nuevo punto de partida en donde están invitados todas las instituciones del sector público del Estado colombiano, alcaldías, departamentos, fiscalías, Defensoría del Pueblo, ICBF y todos los demás actores ciudadanos a que se unan en la construcción de la paz porque esto no lo puedo construir desde Bogotá”, anunció el funcionario.
Precisamente el viernes anterior, previo a que se presentara la masacre en Pinar del Río, Pineda Serje comunicó a este medio que el comisionado de Paz, Otty Patiño, estaría en Barranquilla la semana que entra para validar los acuerdos recientes.
Además se espera un pronunciamiento de la Alcaldía Distrital y de la Gobernación, en silencio desde el apretón de manos entre los jefes de ‘los Pepes’ y ‘los Costeños’.
