“Si nosotros pudimos lograrlo, todos podrán también”. Así lo dijo Martín Mestre Yunez en entrevista con EL HERALDO, publicada el 2 de enero de 2024, con motivo de los 30 años del asesinato de su hija, Nancy Mariana Mestre Vargas. El crimen, que estremeció a Barranquilla en los años 90, sigue presente en la memoria colectiva, así como el largo camino que tomó para que su agresor, Jaime Saade Cormane, finalmente fuera capturado y encarcelado en Colombia.
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Esa frase de Mestre Yunez hoy cobra un nuevo sentido, al convertirse en símbolo de una iniciativa legislativa que toma fuerza en el Congreso: el proyecto de ley que busca declarar el feminicidio como un delito imprescriptible en el país.
El pasado miércoles 27 de agosto fue radicado ante la Secretaría General del Senado un proyecto de ley que propone eliminar el plazo de prescripción para investigar y juzgar feminicidios, sin importar cuánto tiempo haya transcurrido desde su comisión. La iniciativa lleva el nombre de Ley Nancy Mestre, en honor al emblemático caso de la joven barranquillera asesinada en 1994.
El senador conservador Efraín Cepeda Sarabia, ex presidente del Congreso y uno de los ponentes del proyecto, afirmó que se trata de una “reivindicación para Nancy y para todas las mujeres víctimas de feminicidio en Colombia”.
“Solo en el último año se registraron 988 feminicidios. Detrás de cada cifra hay una vida arrebatada, un hogar fracturado, una historia interrumpida”, expresó Cepeda.
El legislador precisó que en 2023 fueron asesinadas 971 mujeres en el país, cifra que aumentó a 988 en 2024. En lo que va de 2025, hasta el mes de junio, se reportan 362 casos.
“Vamos de mal en peor. Nos duele profundamente saber que, según el Observatorio Colombiano de Feminicidios, una de cada tres mujeres asesinadas era madre”.
Aunque la Ley 1761 de 2015 tipificó el feminicidio como delito autónomo, Cepeda señaló que aún hay grandes desafíos: apenas el 33 % de los casos han llegado a la etapa de ejecución de penas. El 67 % restante permanece en etapas preliminares de indagación o juicio.
“La ley Nancy Mestre también es una historia de perseverancia. Es el reflejo de la lucha de su padre, Martín Mestre: un hombre que transformó el dolor más profundo en una causa de justicia y esperanza. Durante tres décadas, con fe inquebrantable, libró la batalla para que el asesinato de su hija no quedara impune. Este proyecto de ley no es solo por Nancy, es por todas las mujeres de Colombia. Sé que, a veces, la justicia tarda, pero llega. Y por ellas, por las miles que claman verdad y dignidad, estamos hoy aquí, convencidos de que el feminicidio no puede ni debe prescribir”, finalizó Cepeda Sarabia.
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Andrea Padilla, senadora del Partido Alianza Verde y una de las principales impulsoras del proyecto, destacó que en Colombia dos mujeres son asesinadas cada día por razones de género.
“Lo más doloroso es que muchos feminicidios terminan prescribiendo y quedando impunes. Esta ley busca que eso no vuelva a pasar. Es un homenaje a Nancy, a su padre y a todas las mujeres que nos faltan. Porque toda vida importa y la impunidad no puede ser opción”, dijo.
El caso que inspiró la ley
Nancy Mestre fue asesinada en enero de 1994 en Barranquilla. Su agresor, Jaime Saade Cormane, huyó del país dos días después del crimen. Llegó a Bogotá, luego a Tabatinga, Amazonas, y de allí ingresó a Brasil, donde se ocultó durante años bajo una identidad falsa: Henrique Dos Santos Abdala.
Aunque fue condenado en Colombia en 1996, el caso estuvo a punto de prescribir por la inacción judicial y los recursos legales interpuestos por su defensa. No fue hasta 2020 que la Interpol lo ubicó en Belo Horizonte, Brasil, luego de que dejara sus huellas en un vaso de cerveza en un bar. Las autoridades cotejaron esas huellas con las de la Circular Roja y confirmaron su verdadera identidad.
Fue detenido y acusado de falsedad en documento público por utilizar un nombre ficticio, basado en su segundo nombre y un apellido de origen árabe. Su captura reactivó el proceso en Colombia y dio pie a una nueva lucha, con múltiples obstáculos, para su extradición.
En marzo de 2023, el Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó su entrega a Colombia, en un fallo considerado histórico por la cooperación internacional y el rechazo a la impunidad.
“Si bien es cierto que el caso descrito desarrolla un hecho de homicidio a una mujer que claramente en estos tiempos configuraría una conducta que se podría encuadrar en el tipo penal de feminicidio, los obstáculos legales e inminente prescripción (en este caso de la pena) que tuvo que enfrentar el padre y que lograron que en una ocasión fuese negada la extradición de Jaime Saade deben servir de ejemplo para que otros colombianos no vivan la misma pesadilla frente a muchos feminicidios que hoy se encuentran impunes”, se lee en el documento radicado por los congresistas.
Y, le dan peso a la solicitud, manifestando en que una de las razones fundamentales que inspira este caso “son muchos los comentarios que afirman que existió participación de terceras personas que nunca fueron mencionadas ni vinculadas en las investigaciones, a las cuales, tal como está la norma actualmente, no se les podría adelantar pesquisa alguna, y es lo que otras familias no deben padecer. Hoy, quien asesine a una mujer y logre eludir a la justicia con maniobras que impidan una investigación y que permita demostrar la comisión del delito, incluso cambiando de identidad y refugiándose en otro país como lo hizo Saade, puede burlar una acción penal que se convierte en un pésimo mensaje para la sociedad en un delito que cada vez lastimosamente deja más mujeres muertas”.
Raúl Romero del Río, el abogado de la familia Mestre Vargas y quien estuvo al frente de lo que se pretendía hacer desde el Tribunal Superior de Barranquilla, en donde se trataba de reducir o acabar con la condena de Jaime Saade por la violación y asesinato de Mestre, expresó que este caso “marcó un precedente en la historia judicial”, en el sentido de que “Colombia no se quedó atrás al decidir que la pena que se le impuso al asesino en la década de los 90 no prescribió”.
“Así lo decidió el Tribunal Superior de Barranquilla Sala Penal e hizo un pare en el camino. ¿Para qué? Para que este feminicida venga a purgar la pena que le impuso la justicia colombiana por el vil y cobarde asesinato de la joven Nancy Mariana”, dijo.
Sobre la propuesta que cuenta con el respaldo de varios congresistas, Romero del Río insistió en que la historia de Nancy nos deja una enseñanza de esperanza, de lucha incansable por la verdad y la justicia. “Esta iniciativa tiene como objetivo brindar seguridad jurídica a las mujeres frente a un delito tan grave como el feminicidio, que no puede seguir quedando en el olvido”.
Legislación comparada
La propuesta de imprescriptibilidad de la acción penal que plantean los congresistas colombianos ha sido desarrollada en varios países de la región con el mismo objetivo de evitar que el paso del tiempo posibilite el cierre de investigaciones, opere la impunidad e impida garantizar la justicia para las víctimas y con la consecuente reparación.
Por ejemplo, desde el año 2019, la senadora mexicana Marta Cecilia Márquez Alvarado radicó un proyecto de ley con el que propuso que los delitos de abuso sexual, feminicidio y violencia intrafamiliar fueran imprescriptibles en este territorio.
En igual sentido, la Asamblea Legislativa de El Salvador en el año 2023 discutió una propuesta oficialista que buscaba la imprescriptibilidad del delito de feminicidio para que el crimen no prescriba y puedan procesarse los responsables de esto sin importar el tiempo que haya pasado de su acto violento. Con 76 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, la Asamblea decidió reformar el Código Penal e incorporar la imprescriptibilidad en el mencionado delito.
Y en junio del año 2022, el órgano legislativo boliviano aprobó la ley 1443, con la cual se estableció la imprescriptibilidad en los delitos de violación sexual de infantes, niñas, niños y adolescentes, infanticidios y feminicidios.
“La acción penal es el medio más poderoso para proteger a las víctimas. La imprescriptibilidad garantiza el derecho a la verdad, la justicia y la reparación”, concluyen los legisladores colombianos.
