El fiscal Francisco Barbosa ordenó el pasado 8 de abril trasladar la investigación del caso Unimetro de Barranquilla a Bogotá tras la solicitud de Ivonne Acosta, una de las partes en conflicto en el proceso.
En la resolución de la Fiscalía se lee que Acosta 'argumentó, entre otros aspectos, presuntos hechos de corrupción atentatorios de las garantías procesales y de los derechos que como víctima le asisten, los que calificó como causas externas a la investigación con capacidad de perturbar la objetividad de la servidora que la adelanta, con vocación de persistir mientras la actuación se encuentre en la ciudad de Barranquilla'.
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El jefe del organismo de investigación penal señaló a su vez que es 'deber del ente acusador garantizar los derechos constitucionales de las víctimas y demás sujetos procesales, así como la autonomía, imparcialidad e independencia de los operadores jurídicos'.
Los temas que faltan por definir ahora son los del nuevo fiscal que asumirá y si se acoge o no lo actuado por la Fiscalía 58 de la Unidad de Delitos contra la Fe Pública de Barranquilla.
