A través de la herramienta jurídica, los funcionarios judiciales alegaron una prolongación ilícita de la libertad. Hay que recordar que el pasado 22 de diciembre el Juez 15 penal Municipal de Barranquilla negó un primer habeas corpus que pretendía, igualmente, la libertad de los tres funcionarios judiciales, capturados el pasado 15 de diciembre en Barranquilla y Santa Marta. En la decisión de 12 páginas conocida por EL HERALDO, el togado argumentó que 'la prolongación de la privación de la libertad de los señores Alberto Oyaga Machado, Rafael Uribe Henríquez y Rafael Orozco Pertuz, no es imputable de ningún modo al juez Promiscuo Municipal de Galapa, pues, es posible visualizar que habiéndose realizado la captura de aquellos el día 15 de diciembre de 2020, las audiencias de legalización de captura, imputación y medidas de aseguramiento se realizaron dentro de los términos previstos los días 16, 17 y 18 del mismo mes y año; distinto es que la correspondiente a la de medida de aseguramiento no pudo culminarse debido al extenso material probatorio que debía ser objeto de estudio por parte del juez, lo que ameritó que señalara nueva fecha para el día 21 de diciembre de 2020'. Y agrega el Juez Sexto Penal Municipal con función de control de garantías de Barranquilla en su decisión que 'no obstante, la misma no logró celebrarse en la data acordada, en primer lugar, por causa de los imputados, quienes propusieron incidente de recusación e impugnación de competencia contra el Juez Promiscuo Municipal de Galapa, quien despachó desfavorable ambas solicitudes, por lo cual las diligencias se trasladaron para el conocimiento correspondiente al Juzgado 19 Penal Municipal de control de garantías, el cual igualmente negó tal recusación'. Advirtió el togado que por la entrada de la vacancia judicial el pasado 19 de diciembre de 2020, que cobija al Juez Promiscuo Municipal de Galapa, situación que asegura le es ajena al mismo. Llama poderosamente la atención que, pese a estar privados de la libertad, los dos jueces y el fiscal permanecen en un hotel del centro de Barranquilla, el cual no cuenta con las mínimas condiciones de seguridad, en vez de estar recluidos, como mínimo, en la sede de la URI de la Fiscalía.