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Economía

Investigan a funcionarios por incrementos de tarifas

La Procuraduría anunció que son pesquisas para determinar si la SSPD, CRA y CREG permitieron cobros excesivos a usuarios entre marzo y abril.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) anunció que abrió indagación a funcionarios, que aún no han sido determinados, de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD-, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico -CRA- y la Comisión Reguladora de Energía y Gas -CREG-, por presuntos incrementos en tarifas y cobros injustificados de servicios públicos durante la emergencia de la COVID-19.

Para el ministerio público las pesquisas apuntan a establecer los controles y las actuaciones de la SSPD  y las comisiones frente a los aumentos que hicieron los prestadores en las tarifas de servicios públicos a nivel residencial, industrial y comercial, lo “que podría repercutir en el menoscabo de las finanzas de los titulares de los servicios”.

En el país después de la declaratoria de emergencia  sanitaria y económica se han presentados quejas de usuarios por cobros excesivos del servicio e incluso ha llevado a sanciones de la SPPD.

El pasado 23 de abril, la Procuraduría había advertido a la SSPD en una carta que aclarara sobre las denuncias de altos costos de energía “a pesar de la congelación de tarifas decretada este último mes por el Gobierno Nacional”.

Las pesquisas incluyen la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de las conductas, identificar los posibles responsables y determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, indicó el ministerio público.

La Procuraduría  informó que hay vigilancia especial y en la costa Caribe dio traslado a las quejas contra Electricaribe por presunto incremento exagerado en la facturación del servicio público de energía, entre los meses de marzo y abril de 2020.

En el caso de Barranquilla y municipios del área metropolitana usuarios de servicio de energía de la localidad suroccidente principalmente se han pronunciado por los costos excesivos. 

El Ministerio Público informó que busca establecer si en el marco de las funciones de inspección, vigilancia, control y regulación que les fueron asignadas a las tres entidades han intervenido efectiva y oportunamente en la correcta aplicación del régimen tarifario por parte de los prestadores, a partir de la declaratoria de emergencia económica y social.

Norman Alarcón, veedor en servicios públicos y  quien ha hecho seguimiento a las resoluciones de la CREG, analizó que desde el punto de vista regulatorio lo que se ha hecho es que se extienda los plazos de pagos.

“La resolución 058 de la CREG no resuelve nada los aumentos en tarifas de energía. Lo que se pretende es llevar a una opción tarifaria y esta fue determinada en la resolución 012 de 2020. Esta dice que cuando hay aumento de tarifas de energía se aplica la opción tarifaria y esto significa diferir a 24 o 36 meses. Dependiendo del estrato”.

La preocupación es también para el comerciante que ha permanecido cerrado por el confinamiento, los recibos se han acumulado y sin los mismos consumos.

“La gente no tiene los mismos ingresos hoy que antes para pagar esas tarifas. Los decretos de la Creg no solucionan. La opción tarifaria es diluir el aumento durante un tiempo. La 058 después de mayo señala que no va haber aumento pero si aplicará la tasa de interés comercial”, dijo Norman Alarcón.

La CREG difundió un abc en el que indicó que los usuarios ubicados en los estratos socioeconómicos del 1 al 4 pueden diferir el pago de la factura de energía de manera automática cuando no realizan el pago de la misma. Y la financiación aplica a las facturas de los periodos de facturación de abril y mayo.

En el caso de los demás usuarios, la empresa debe comunicarse con ellos para ofrecerles un acuerdo de pago antes de realizar la suspensión del servicio por no pago.

La Contraloría agregó que sus indagaciones apuntan a determinar si se previeron estrategias tendientes a garantizar que la facturación corresponda a los consumos reales y no esté definida por mediciones del promedio del consumo antes de la pandemia por la COVID-19.

La SSPD ha multado a 72 prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas por incumplimientos a la regulación vigente por $45.157 millones.

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