El Gobierno Nacional se encuentra en la fase final de expedición de un decreto que regulará las condiciones laborales de los repartidores vinculados a plataformas digitales como Rappi y DiDi. La medida responde a la necesidad de adaptar la legislación colombiana a las transformaciones que ha traído la economía digital, particularmente en el ámbito del trabajo mediado por aplicaciones.
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Este desarrollo normativo no solo tiene implicaciones a nivel interno, sino que también será presentado ante la comunidad internacional como parte de un esfuerzo por posicionar al país en la discusión global sobre nuevas formas de empleo. La iniciativa se enmarca en un contexto donde múltiples naciones enfrentan dificultades similares para clasificar y regular estas modalidades laborales emergentes.
La reforma laboral de 2025 sentó las bases para esta nueva reglamentación
El decreto no surge de manera independiente, sino que constituye una extensión de la reforma laboral aprobada en 2025. Esta reforma marcó un punto de inflexión al reconocer por primera vez el trabajo en plataformas digitales dentro del marco legal colombiano.
Sin embargo, tras su entrada en vigencia, varios aspectos clave quedaron sin una aplicación concreta. En ese escenario, el nuevo decreto aparece como un instrumento necesario para materializar lo dispuesto en la ley, especialmente en lo relacionado con las condiciones de vinculación laboral y los aportes a la seguridad social.
El objetivo central es cerrar ese vacío regulatorio y ofrecer un marco operativo que permita implementar las disposiciones ya aprobadas, garantizando mayor claridad tanto para trabajadores como para plataformas.
Un modelo híbrido redefine la relación entre repartidores y plataformas
Uno de los ejes principales de la normativa es la adopción de un modelo laboral híbrido. Bajo este esquema, los repartidores podrán vincularse a las plataformas de dos maneras: como trabajadores dependientes, con un contrato laboral tradicional, o como independientes.
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Esta solución busca responder a un debate que ha generado tensiones regulatorias en distintos países: la clasificación de los repartidores como empleados formales o como trabajadores autónomos. En el caso colombiano, la apuesta es por una fórmula intermedia que reconoce ambas posibilidades según las características específicas de cada relación laboral.
De esta manera, el decreto introduce flexibilidad sin dejar de lado la necesidad de establecer garantías mínimas para quienes generan ingresos a través de aplicaciones.
Seguridad social con aportes compartidos, incluso para independientes
Uno de los cambios más relevantes está relacionado con el acceso a la seguridad social. El decreto establece un esquema de aportes compartidos entre las plataformas digitales y los repartidores, lo que implica una responsabilidad directa de las empresas en la protección social de estos trabajadores.
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Este mecanismo aplicará tanto para quienes tengan una relación laboral formal como para aquellos que operen de manera independiente, lo que representa una innovación dentro del sistema. Tradicionalmente, los trabajadores autónomos asumían de forma individual la totalidad de sus aportes, pero con esta normativa se introduce un modelo más equilibrado.
El enfoque busca garantizar cobertura en salud, pensión y otros componentes del sistema, sin eliminar la flexibilidad que caracteriza al trabajo en plataformas.
Mayor transparencia en algoritmos y decisiones automatizadas
El decreto también incorpora disposiciones orientadas a mejorar la transparencia en el funcionamiento de las plataformas digitales. En particular, se establecen obligaciones relacionadas con la forma en que los algoritmos asignan pedidos, evalúan el desempeño de los repartidores y toman decisiones como suspensiones o bloqueos de cuentas.
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Como parte de estas garantías, los trabajadores tendrán la posibilidad de solicitar revisiones humanas frente a decisiones automatizadas, lo que introduce un mecanismo de control para evitar posibles arbitrariedades.
Además, la normativa contempla la implementación de sistemas de información que permitan a los repartidores conocer con mayor claridad aspectos como las horas trabajadas y las condiciones de operación. Estas medidas estarán sujetas a supervisión por parte de las autoridades laborales, lo que refuerza el componente de vigilancia estatal en el ecosistema digital.
