Los efectos del mínimo y de la emergencia en la economía

El debate sobre la sostenibilidad económica en Colombia tras la fijación por parte del presidente Gustavo Petro del aumento del salario mínimo para este 2026 en un 23,7%, lo que lo eleva junto con el auxilio de transporte a $2 millones mensuales, sigue sobre la mesa y preocupa a distintos sectores, sumado a que las medidas adoptadas o anunciadas por el Gobierno por las presiones inflacionarias podrían empeorar las cosas.

Leer también: ¿Peor el remedio que la enfermedad tras intentos del Gobierno de reducir efecto del aumento salarial?

En este sentido, hay alarmas relacionadas con las pensiones, la desindexación de bienes y servicios, las empresas de servicios temporales y el déficit fiscal, entre otros.

Por ejemplo, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advirtió que por el incremento del mínimo se aumentará el déficit fiscal de 2026 en, por lo menos, $5,3 billones (0,3 % del PIB) y $8 billones (0,4 % del PIB) de 2027 en adelante.

Entre tanto, el Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 1485 del 31 de diciembre de 2025, con el que intenta minimizar el impacto del alza del salario mínimo en las pensiones, ajustando el esquema vigente desde 2016 en el mecanismo de cobertura del deslizamiento del salario mínimo en el sistema pensional, concretamente para las pensiones reconocidas bajo la modalidad de renta vitalicia inmediata y renta vitalicia diferida.

Pero Andrés Velasco, presidente de Asofondos, advirtió que el cambio en la fórmula de cálculo hace que ya no sea suficiente acumular alrededor de $350 millones para acceder a una renta vitalicia mínima, sino que ahora se requieran cerca de $550 millones, por lo que se obliga a trabajar más de una década adicional.

Por el incremento en el salario mínimo de Petro y otras disposiciones normadas, suben de precio con el nuevo año los servicios en sectores de salud, vivienda y transporte, especialmente en viviendas de interés social, cuotas de administración, multas de tránsito, aportes a salud, pensión y riesgos laborales.

De igual manera, hay un incremento en el combustible, según lo estableció la Creg, del galón de gasolina corriente, que aumentó $90, y el de diésel, que subió $99.

En cuanto a las cuotas moderadoras y copagos de la salud, que se fijan de acuerdo a la Unidad de Valor Básico (UVB), para el régimen contributivo, con ingresos menores a 2 salarios mínimos, la cuota moderadora aproximada es de $5.000; entre 2 y 5 salarios, de $20.100; y mayores a 5 salarios, de $52.800. Y en el caso de los copagos, en el régimen contributivo, el Ministerio de Salud fijó que para un ingreso menor a 2 salarios será del 11,5 %; entre 2 y 5 salarios, 17,3 %, y mayor a 5 salarios, 23 %.

En el caso del precio del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) para este 2026, el aumento se rige a partir de la Unidad de Valor Tributario (UVT): para carros particulares, dependiendo del cilindraje y de la antigüedad, queda entre $447.300 y $754.300, y para camperos y camionetas, entre $792.800 y $1.274.000.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez advirtió que el ajuste del mínimo, sumado a las actuales cargas fiscales y la situación económica del país, podría afectar la inversión privada y la generación de empleo. Por ello, recalcó la necesidad de un equilibrio entre el bienestar social y la rentabilidad empresarial, al tiempo que cuestionó que el aumento se produzca en un contexto de alto endeudamiento público y corrupción.

Importante: Minhacienda manejaría fondo de la Financiera de Desarrollo Nacional de más de $4 billones

Asimismo, Uribe advirtió que la política económica actual está provocando un descenso en la inversión privada y un incremento de la informalidad laboral, que ya supera el 55 %. Esto, dijo, podría traducirse en dificultades para mantener las nóminas de las empresas, pérdida de empleos y menor incentivo para contratar nuevos trabajadores.

Entre los puntos que más le preocupan al líder opositor están la posibilidad de que quienes ganan más del mínimo vean afectados sus ingresos reales, el aumento en los costos de salud y medicamentos, que recaerían directamente sobre los ciudadanos; la salida anual de más de 80.000 jóvenes del país por la falta de oportunidades laborales estables, la presión inflacionaria que podría absorber el beneficio del aumento salarial y la escasez de vacantes en el sector privado debido a las cargas tributarias y recargos laborales.

La Confederación Nacional del Gremio de la Seguridad Privada (Confevip) alertó sobre el impacto que tendrá el aumento del salario y las reformas laborales en los costos del servicio de vigilancia privada, lo que afectará directamente a conjuntos residenciales, pequeñas y medianas empresas y a los usuarios en general.

Con el incremento del salario mínimo decretado para 2026, el aumento acumulado en el costo del servicio para los usuarios superará el 30 % en un periodo de apenas seis meses, señaló, indicando que actualmente el costo de un servicio de vigilancia con tres vigilantes en turno de 24 horas cerró el año 2025 en aproximadamente $19.304.355 mensuales, valor al que deberá sumarse el nuevo incremento del mínimo.

Yenny Hurtado, presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadoras del Servicio Doméstico (Sintrasedom), aseguró que la mayoría de familias que las contratan son de estratos 3 y 4, por lo que no podrían asumir el nuevo costo.

“A algunas, las patronas ya las llamaron y les dijeron que no volvieran porque no tenían con qué pagarles”, dijo, agregando que el incremento podría empujar al gremio de regreso a la informalidad, pues para evitar quedar sin empleo, las trabajadoras negociarían pagos por debajo de lo legal.

Al respecto, la abogada laboralista Aura Mendoza indicó que a las empleadas domésticas contratadas por días, que no viven en la vivienda del empleador, sino que solo van unas cuantas veces a la semana o al mes, para cubrir salario, transporte, vacaciones, cesantías, intereses y prima, hay que pagarles unos $90 mil por jornada.

“Tendría que ser $89.905 para que no deba nada. Así que, si va a contratar a alguien que le trabaje por días, como mínimo páguele eso, pero déjelo por escrito en el contrato”, recomendó.

La Procuraduría advirtió sobre la regulación de las empresas de servicios temporales en el país en un proyecto de decreto.

Esto “al tener en cuenta que, de acuerdo con estudios recientes, las Empresas de Servicios Temporales generaron en 2025 más de 50.000 empleos formales y que actualmente existen 474.188 trabajadores en misión, cifra que representa el 4,8 % del empleo formal dependiente en Colombia”.

Pidió, al respecto, no restringir la modalidad de trabajo en misión para actividades vinculadas al objeto social o al giro ordinario de los negocios, y especialmente de no establecer un límite del 10 % al personal vinculado laboralmente bajo esta modalidad en las empresas.