Por medio de una carta pública, el Consejo Gremial Nacional, se unió a la ola de rechazo y críticas en contra del decreto anunciado por parte del presidente Gustavo Petro de un incremento del 23,7 % en el salario mínimo, incluyendo el auxilio de transporte, para el 2026.
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“Esta determinación, adoptada sin sustento técnico suficiente, resulta incoherente con la realidad fiscal y económica que hoy enfrenta Colombia y agrava un escenario de alta incertidumbre para la generación de empleo formal, la inversión y la sostenibilidad de las finanzas públicas”, se lee en la primera parte de la carta.
También argumentas el Consejo Gremial, que incluye a Acolfa, Acolgen, Acopi, Analdex, Anato, entre otros sectores, que los ajustes al salario mínimo deben responder a criterios técnicos verificables -productividad, inflación, y capacidad real de pago de empresas y sector público.
De igual forma, se menciona al Banco de la República y las advertencias sobre un incremento elevado del SMMLV y que tendría un efecto directo en la inflación y las finanzas públicas. También tendría un impacto grande en las reservas pensionales, tanto en el régimen de prima media como en el de ahorro individual y amplificaría el impacto en los bienes y servicios que deben ser indexados con base en este indicador como es la vivienda de interés social, el transporte, las tarifas, las multas, entre otros.
El Consejo Gremial también critica el decreto con base a datos del DANE, como la cifra de compatriotas que ganan menos de un salario mínimo que aumentó en 1,23 millones en 2025, en comparación con el 2024.
“Según cifras del DANE, hoy en el país hay 2,38 millones de personas que no alcanzan a ganar un salario mínimo y del total de la población ocupada según el DANE -GEIH a octubre de 2025- en Colombia la población en la informalidad asciende a 13,6 millones de personas, aumentando en 732 mil personas en los últimos 12 meses”, señala el Consejo Gremial.
Y agrega: “Aumentos desmedidos en el salario mínimo no contribuyen en nada a resolver el problema de informalidad laboral, que es la verdadera precarización laboral, ni el de pobreza”.
De igual manera, incluyen que les parece “irresponsable e incoherente” que el Gobierno Nacional haya declarado una emergencia económica, por un faltante de financiación del Presupuesto 2026 del orden de $16 billones, y, a la vez, decrete un incremento del salario mínimo que podría generar un impacto superior a los $9 billones en costos laborales y obligaciones asociadas, agravando la situación fiscal y afectando negativamente el futuro del mercado laboral colombiano.
