El Ministerio de Minas y Energía radicó ante el Congreso de la República el proyecto de Ley Minera para la Transición Energética Justa, la Reindustrialización Nacional y la Minería para la Vida.
Esta iniciativa busca reemplazar el modelo extractivista tradicional por uno sustentable, planificado e incluyente. Con ella, el Estado asume un rol central en la regulación del sector, se establecerán nuevas reglas de contratación y se elevan los estándares ambientales, sociales y territoriales, alineando la minería con los objetivos de la transición energética y el desarrollo sostenible.
Este proyecto de ley representa un giro estructural en la forma en que las compañías mineras deben operar en Colombia.
De ser expedida la ley, las empresas enfrentarán mayores obligaciones en materia ambiental, estrictos esquemas de trazabilidad de los minerales y un relacionamiento más exigente con las comunidades. Además, será clave anticiparse en aspectos contractuales, de sostenibilidad y de gobernanza territorial para mitigar riesgos legales, evitar sanciones y garantizar la continuidad de las operaciones.
En ese sentido, Camila Jiménez, líder de la práctica ambiental en Baker McKenzie, destaca los principales puntos que las empresas deben tener en cuenta:
• Nuevas reglas ambientales. Los proyectos deberán incluir desde su inicio planes de cierre con garantías financieras, restauración ecosistémica y medidas de compensación. Por ejemplo, una mina de oro tendrá que demostrar cómo devolverá el territorio a condiciones seguras y sostenibles, lo que implica mayor inversión inicial y planificación técnica.
• Mayor control estatal y transparencia. Se exigirá monitoreo en tiempo real de la producción, trazabilidad completa y declaración exhaustiva de los minerales extraídos. Esto asegura el “pago justo” de regalías, permite la participación estatal en ganancias extraordinarias y elimina la posibilidad de reportes parciales.
• Relación con comunidades. La consulta previa será obligatoria, vinculante, y deberá considerarse el Consentimiento Previo, Libre e Informado. Las empresas deberán garantizar programas sociales definidos junto con las comunidades, como infraestructura, salud, educación o acceso a servicios básicos, respetando sus formas de vida y cosmovisión.
• Transición energética. Se prohíben nuevos contratos de carbón térmico. Las inversiones deberán reorientarse hacia minerales estratégicos como litio, cobre y níquel, esenciales para tecnologías limpias y la reindustrialización nacional.
• Inclusión y empleo local. Las compañías estarán obligadas a contratar mano de obra regional, vincular MIPYMES, aplicar un enfoque de género y garantizar condiciones laborales dignas, especialmente en territorios étnicos y rurales.
• Ordenamiento territorial y clasificación de minería. Solo se podrá operar en Zonas Aptas para la Minería (ZAM), excluyendo áreas de alta sensibilidad ecológica o cultural. Se establecen tres categorías: artesanal, semitecnificada y tecnificada), cada una con reglas específicas, prohibiciones de sustancias tóxicas y requisitos diferenciados.
• Nuevos modelos de contratación y renta minera. Los contratos tendrán fases claras, reversión de bienes e información al Estado al cierre, y un canon progresivo. Además, se establece la participación estatal en las ganancias extraordinarias, lo que impacta directamente la rentabilidad de los proyectos.
“La Ley Minera abre un debate profundo sobre el futuro del sector. Sus defensores lo presentan como un paso histórico hacia una minería responsable, alineada con la protección ambiental, justicia social y la transición energética. Sin embargo, el articulado también plantea desafíos relevantes: el aumento de costos operativos, la complejidad regulatoria e incertidumbre jurídica podrían desincentivar la inversión extranjera y limitar la competitividad del país”, detalló Jiménez.
Más allá de los argumentos técnicos, la experta señaló que el proyecto de ley proyecta una “tensión” entre el modelo extractivo tradicional y una visión de minería como herramienta de transformación territorial.
“El Congreso tiene ante sí una decisión trascendental: avanzar hacia un nuevo pacto minero bajo una bandera de “protección a la vida, el ambiente y la equidad”, o mantener un enfoque gradual que preserve la estabilidad económica. Lo que está en juego no es únicamente una reforma legal estructural: es la definición del modelo de desarrollo que Colombia quiere adoptar, el tipo de minería que está dispuesta a permitir y el equilibrio que busca entre crecimiento económico, justicia social y sostenibilidad ambiental”, precisó.
