Habrá incertidumbre económica: expertos y gremios por escándalo de la Ungrd

Luego de conocerse que la Procuraduría General de la Nación le abriera investigación a varios funcionarios y exfuncionarios del Gobierno nacional, entre ellos el Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por presunta participación en los hechos irregulares que está revelando la Fiscalía, diferentes analistas económicos y gremios resaltaron que esto puede generar incertidumbre económica, en un momento donde ya se empieza a tener acercamientos entre el sector privado y el Gobierno para lograr consensos en pro de la reactivación económica del país.

Fernando Salazar, profesor investigador de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla, sostuvo en diálogo con EL HERALDO, dijo que le preocupan los efectos en términos de afectación a la reactivación económica por la incertidumbre del mismo.

“Ante esto, se puede esperar a corto plazo que se incremente la devaluación del peso colombiano frente al dólar, porque es claro que ahora la imagen del país ante el mundo se verá afectada con un escándalo de esta magnitud, que puede tener un mayor peso por la participación del ministro de Economía colombiano. ¿Con qué ojos van a mirar de ahora en adelante los inversionistas a Colombia? Eso va generar mucha más incertidumbre”, recalcó el experto.

A la pregunta de que si el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, tiene que hacerse a un costado de su cargo, la respuesta fue un tajante sí.

“Es claro que el Ministro de Hacienda debe hacerse a un costado y permitir que las investigaciones avancen, pues su presencia hace más daño a la imagen del país, por elementos como la asignación de recursos para grupos terroristas como está calificado internacionalmente el ELN. Es urgente o perentorio que este gobierno tome decisiones alineadas por una sola vez con los intereses del país, de la gente, de la economía, de la salud, de la educación y deje de lado su deseo de poder pasando por encima de los intereses de la nación”, resaltó Fernando Salazar.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, precisó que aunque esto generará mayor incertidumbre en el país, es clave que la justicia pueda esclarecer los hechos.

“Es fundamental respetar el conducto regular de la justicia y permitir que ésta actúe con independencia y diligencia para esclarecer los hechos. Los procesos judiciales deben llevarse a cabo con celeridad y transparencia para minimizar las incertidumbres que afectan el desarrollo del país”, puntualizó Lacouture a este medio.

Agregó: “Esperamos que todas las personas mencionadas en el proceso puedan aclarar su situación en el marco del debido proceso, y que las autoridades judiciales actúen dentro del estado de derecho e independencia que las caracteriza en Colombia”.

Por su parte, Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP), señaló que esto genera incertidumbre y desconfianza en la gestión económica del Gobierno, ya que deslegitima las instituciones del país.

'La falta de independencia técnica en las decisiones y los escándalos de corrupción envían una señal negativa a los mercados, aumentando el riesgo país. Si las decisiones de Hacienda se toman para privilegiar los intereses del Gobierno incurriendo en prácticas presuntamente ilegales, en lugar de salvaguardar el interés general, se socava la confianza de los colombianos, y se disminuye la legitimidad y gobernabilidad', dijo Chacón en su análisis realizado por el Observatorio Económico del ICP.

Agregó que no existe un contexto de confianza y legitimidad para justificar una reforma tributaria que impondrá más cargas financieras estatales sobre los hombros de los ciudadanos, o una reforma de inversiones forzosas que desvíe los menguados recursos de inversión hacia los intereses del Gobierno y no hacia los intereses ciudadanos.

Si bien es claro que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha venido insistiendo sobre la ley de financiamiento para el país o mejor conocida como reforma tributaria, los gremios económicos resaltaron que de persistir el jefe de la cartera de Hacienda en su cargo, no verían conveniente desarrollar esta ley para el país.

Para el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y vicepresidente del Consejo Gremial Nacional, Jorge Bedoya, cualquier ley de financiamiento es una ‘cobija corta’.

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Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, dijo que no es conveniente que se apruebe este proyecto de ley, ya que de hacerlo, afectaría no solamente a los empresarios colombianos, sino también al sector popular como los tenderos, que ya se ven afectados por el impuesto saludable.

Carlos Augusto Chacón, director del ICP, señaló que una nueva ley de financiamiento, si es con propósito de aumento de recaudo, no es viable, ni conveniente para el país.

'Nuevos impuestos, contribuciones o tasas, o aumento de los antiguos desincentivan la inversión y el consumo al aumentar la carga tributaria en un momento en que la economía no presenta síntomas de convergencia hacia las tasas de crecimiento del PIB pre pandemia, de inversión bruta de capital y de gasto de consumo de los hogares', manifestó Chacón.