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Familiares de las víctimas y miembros de las organizaciones sociales hacen un acto para homenajear a las personas asesinadas en las últimas semanas.
Cortesía
Córdoba

‘Clan del Golfo’ y ‘Los Caparros’ se disputan el control del sur de Córdoba

Los desplazados en San José de Uré se dividen entre las balas y el coronavirus.

Algunos aglomerados en el coliseo del municipio de San José de Uré, otros hacinados en viviendas de familiares, así permanecen los 279 campesinos que se desplazaron por las dos masacres en el sur de Córdoba, quienes ahora corren el riesgo de convertirse en un foco de coronavirus.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos en Córdoba llamaron la atención de las autoridades, no solo en cuanto a la necesidad de establecer acciones que garanticen el retorno, sino para implementar medidas bioseguridad durante la permanencia de las familias en condición de desplazamiento.

Según los datos revelados por la fundación social Cordoberxia, en total fueron 67 familias, equivalentes a 279 personas, provenientes de la vereda La Cabaña.

La gran mayoría están albergados en el polideportivo del barrio La Esperanza, en el casco urbano del municipio.

“Este no es un albergue humanitario, no hay dormitorios, no hay agua potable, no hay baños. La noche del 27 de julio cenaron sobre las 10:00 de la noche, les ha tocado pedir posada, caridad en hogares de amigos, conocidos para que les permitan dormir”, señala el organismo no gubernamental.

El censo inicial destaca entre el grupo de desplazados, la presencia de 52 niños, 105 mujeres de las cuales hay una embarazo, dos personas con discapacidad física y varios adultos mayores.

En el lugar se requieren tapabocas, puntos para el lavado de manos e incluso baños públicos.

Voceros de la citada fundación social informaron que los desplazamientos se desataron luego de que en la madrugada del 27 de julio de 2020, en la vereda La Cabaña, del corregimiento Versalles, en San José de Uré, sujetos armados irrumpieron en una parcela de la zona y raptaron a tres miembros de una misma familia.

Las víctimas fueron identificadas como Elizabeth Melendres, de 64 años; Vitaliano Feria Morales, de 66 años; y Édison Melendres López, de 36 años.

Los cadáveres fueron hallados horas más tarde, y presentaban heridas por arma blanca. 

“Este hecho se conoce que fue perpetrado por miembros de ‘los Caparros’, con injerencia en la zona”, aseguró la Policía.

Hasta el momento se desconocen las razones claras por las cuáles arremetieron contra los miembros de esta familia.

Se supo que los sujetos armados aprovecharon su presencia entre la población para ordenarles a los campesinos que abandonaran la zona o de lo contrario serían decapitados.

Cabe recordar que al día siguiente, es decir, en la tarde del 28 de julio de 2020, a eso de las 4:00 de la tarde, en un paraje solitario del corregimiento Puerto Colombia, en la vía que del municipio de San José de Uré conduce a Montelíbano, fueron hallados amontados tres cadáveres, correspondientes a John Jairo Velarde Andica, de 46 años, y los menores de edad Yorvis Yesid Velarde Vergara, de 15 años, y Luis Mario Payares Cali, de 16.

Los voceros de Cordoberxia expresaron que “lo que se conoce hasta ahora es que provenían del municipio de Montelíbano, entraron a una zona prohibida. Debido a la puja por el control territorial que se libra a sangre y fuego entre los grupos paramilitares ‘Clan del Golfo’ y ‘los Caparros’, toda persona desconocida que esté en territorio de influencia directa o de manipulación de un grupo o del otro, será asesinada: Ese parece ser el mensaje terrorista”.

Refuerzan pie de fuerza en la zona
Miembros del Ejército vigilan la zona.

Los hechos de sangre obligaron a la realización de un consejo de seguridad, liderado por el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora.

“Los bandidos en Córdoba no respetan los tiempos difíciles que atraviesa el mundo ni los conmueve el dolor de las familias que han perdido seres queridos por culpa del coronavirus, es más generan más dolor en el sur del Departamento. Rechazamos la violencia y la sangre que se sigue derramando”, manifestó el gobernador en un breve pronunciamiento.

El mandatario ordenó la realización de un consejo extraordinario de seguridad, de manera virtual, que inició a eso de las 4:00 de la tarde del miércoles 29 de julio.

A la reunión fueron convocados el brigadier general Erick Rodríguez Aparicio, comandante de Tarea Conjunta Aquiles; el coronel Juan Guzmán Ramírez, comandante Décima Primera Brigada del Ejército; el coronel Jairo Baquero Puentes, comandante departamento de Policía de Córdoba; el coronel Fernando Álvarez Martínez, comandante Infantería de Marina N° 1; capitán de Corbeta David Rodríguez, comandante Estación de Guardacostas; Cindy Vargas Tapia, directora seccional de Fiscalías Córdoba; Nicolás Barguil Flórez, procurador Regional Córdoba, y Édgar Garcés Abdala, secretario del Interior y Participación Ciudadana.

El comandante de la Policía de Córdoba, coronel Jairo Baquero Puentes, informó que al lugar de los hechos fue enviado un componente especial del Escuadrón Móvil de Restitución, Esmor, con el fin de adelantar acciones focalizadas para la contención de acciones delictivas.

Las acciones investigativas serán apoyadas por las unidades de las Reacciones Ganaderas Regan, Fuerzas de Control Territorial, Fucot, Tránsito y Transporte, Setra, Inteligencia Policial Sipol e Investigación Criminal Sijín.

El coronel Baquero Puentes manifestó que “en el sector delinque la subestructura ‘Rubén Darío Ávila’ del Grupo Armado Organizado (GAO) ‘Clan del Golfo’, por lo que se realizarán patrullas mixtas con Ejército y Policía en la zona rural para ejercer control y contrarrestar el accionar de los grupos delincuenciales”.

Las labores de control
Un sector de la plaza de San José de Uré.

“Nos encontramos en el municipio prestando la seguridad a todos los ciudadanos mediante diferentes acciones como puestos de control, toma a localidades, y recorridos por las diferentes veredas. Esta es una muestra de la institucionalidad trabajando de manera conjunta”, explicó el coronel Baquero Puentes.

Entre tanto, la Séptima División del Ejército ordenó el envío de un batallón de operaciones terrestres con el que se pretende contener cualquier nuevo ataque en contra de la población civil.

Por su parte el mayor del Ejército Mario Ocampo Cruz, comandante encargado del Batallón de Operaciones Terrestres número 23, de la Séptima División del Ejército, entregó un parte de tranquilidad en la zona sur del departamento.

“Entregamos un parte de tranquilidad a los habitantes de San José de Uré, en trabajo con nuestra Policía, dando respaldo en las diferentes actividades y en los puestos de control”. 

“Todas las amenazas se han consumado”
Algunos desplazados se instalaron en el coliseo.

Estos hechos se registran luego de las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo en las que se hace referencia al riesgo que corren las poblaciones civiles por causa de la hegemonía de los grupos al margen de la ley.

Según los reportes entregados, en las periferias del Parque Natural Nudo de Paramillo, al sur de Córdoba, se encuentran en zonas de cultivos de hoja de coca y centros de procesamiento de cocaína que a su vez conectan con corredores hacia puntos de exportación hacia la zona Costanera, más exactamente hacia los municipios de Canalete, Los Córdobas, Moñitos, y Puerto Escondido.

En la zona hacen presencia la banda criminal ‘Clan del Golfo’, ‘los Caparros’ y las disidencias de las Farc.

“Frente a la Alerta Temprana 054-19 emitida el 18 de diciembre de 2019 por la Defensoría del Pueblo, en la que se advirtieron estos riesgos, hoy en día están consumados”, aseguró la fundación Cordoberxia en su pronunciamiento.

Según el organismo social, “la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad no llega hasta los territorios del sur de Córdoba para desmontar a los grupos sucesores del paramilitarismo y sus redes de apoyo”.

La organización dijo que en San José de Uré, las masacres siguen, los desplazamientos, la amenaza y el desarraigo. La paz no llegó.

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