La abogada Carmen Julia Tipón Hurtado, capturada en 2023 por ser presunto miembro de una red señalada de desviar ilegalmente 515 millones de pesos del Centro de Atención Médica de Urgencia (CAMU) San Rafael del municipio de Sahagún, Córdoba, fue ahora sancionada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial por otro hecho.
Este martes 5 de agosto la entidad informó a través de un comunicado que Tipón Hurtado no volverá a ejercer el derecho como profesión, pues ha sido comprobada su participación en un grave acto de defraudación a dos ciudadanos que le confiaron su patrimonio con la esperanza de obtener rentabilidad.
El caso se remonta al año 2020, cuando una pareja de esposos decidió poner en venta un inmueble, siendo el comprador un cliente de la abogada Carmen Tipón.
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“En ese momento, la abogada les sugirió a los vendedores invertir el dinero en préstamos que supuestamente estaban respaldados con pagarés e hipotecas que a la postre les darían un rendimiento del 1.5 por ciento de interés sobre el capital”, explicó la Comisión.
La pareja accedió a realizar dos consignaciones por 25 y 75 millones de pesos a cuentas de ahorro de la abogada y de un tercero por ella referido. Sin embargo, pasado el tiempo y luego de múltiples requerimientos, no apareció ninguna escritura de constitución de hipoteca como lo había prometido, y resultó que los pagarés que presuntamente respaldaban la operación no tenían mérito ejecutivo.
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“Ante la insistencia del matrimonio, la abogada optó por firmarles una letra de cambio por los 100 millones de pesos que había recibido, pero el título valor carecía de fondos y al final los dineros nunca fueron recuperados”, detalló la entidad.
Ante el crítico panorama, los esposos acudieron a la Jurisdicción Disciplinaria, que al revisar las evidencias “constató cómo Carmen Julia Tipón creó todo un andamiaje con la única finalidad de obtener los 100 millones de pesos que le entregaron, simulando un préstamo que nunca existió”.
Por la contundencia de las pruebas, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en fallo con ponencia del magistrado Juan Carlos Granados, dejó en firme la sanción de exclusión que le había impuesto la Comisión Seccional de Bolívar y que ahora le impide ejercer el derecho como profesión.
