El juez Segundo Promiscuo Municipal de Sahagún, Córdoba, Manuel Pérez Vargas, no accedió este lunes 26 de mayo a la solicitud de libertad inmediata que el defensor de Cristian Mauricio Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés --señalados partícipes de la masacre de Chimá-- hizo para estos argumentando la figura de vencimiento de términos.
Si bien el abogado Lesmer Quintero Argel explicó detalladamente los tiempos transcurridos a partir del 4 de diciembre de 2024 cuando fue radicado el escrito de acusación, lo que hasta hoy contabiliza 173 días y la ley concede 120 para iniciar el juicio, el juez de garantías no accedió a dicho pedido.
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El togado optó por suspender la diligencia después de 2 horas y 50 minutos de desarrollo de la misma, y enviar a consulta del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, en la ciudad de Montería, el caso debido a que la Fiscalía Primera Seccional de la Unidad Vida de Córdoba le pidió al juez declararse impedido por no ser competente.
Pese a esta situación, tanto los abogados que representan a las víctimas como el representante de la Procuraduría General de la Nación, reconocieron en sendas intervenciones que sí hay vencimiento de términos y que el despacho del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Sahagún sí es competente porque en este circuito de la rama judicial quedó radicada la acusación.
El defensor de los procesados no se opuso a que el caso suba a la instancia que corresponder, pero sí dejó en claro que acudirá a otros medios que le otorga la ley, al tiempo que cuestionó que a través de medios de comunicación y redes sociales pretendan presionar a la justicia para que no conceda la libertad a sus defendidos.
Además anotó que la Fiscalía no ha actuado, en este caso, con lealtad porque ha acudido al desarrollo de audiencias en juzgados de diversos municipios, a lo que el representante del ente investigador-acusador respondió pidiendo respeto.
Otra de las intervinientes en la audiencia que se fue lanza en ristre contra la Fiscalía fue la abogada Sulay Rico, que representa a algunos de los familiares de las tres víctimas, pues en su primera intervención dejó claro que si a Cristian Petro y Juan Soto les hubieran imputado el delito de desaparición forzada ahora no estuvieran frente al escenario de libertad por vencimiento de términos, que a su juicio, afectará la investigación y desarrollo del caso, y para ello recordó que los procesados se habían ido a esconder en otra ciudad.
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Así las cosas, se espera que el Tribunal resuelva la competencia para que continúe la audiencia de libertad y ya el 6 de junio es la preparatoria del juicio por el crimen del ganadero y empresario Esteban Urueta González y sus amigos y trabajadores Freddy Beleño Acosta y Gerardo Marzola Coronado.
