Polémica por nueva política en el Ejército

El diario estadounidense The New York Times publicó un artículo en el que señala que autoridades militares impartieron órdenes de letalidad que arriesgan la vida de los civiles. 

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El diario estadounidense The New York Times publicó un artículo en el que señala que autoridades militares impartieron órdenes de letalidad que arriesgan la vida de los civiles. 

El Ejército de Colombia ha ordenado a sus soldados duplicar el número de muertos criminales y rebeldes y eso está poniendo en riesgo vidas civiles con un patrón similar a la práctica de los "falsos positivos" de mediados de la década de los 2000, según publica este sábado The New York Times.

El diario, que ha revisado órdenes escritas y entrevistado a altos oficiales, señala que el Gobierno de Iván Duque está ejecutando "otra encarnación de esa política" que se dio durante la guerra con las Farc y en la que los soldados cometieron asesinatos generalizados y desapariciones civiles para cumplir cuotas.

Hay una orden para que los militares no "exijan perfección" al matar, ni siquiera si tienen dudas sobre el objetivo del ataque, y algunos militares han señalado que eso implica desproteger a inocentes y ya ha ocasionado muertes sospechosas o innecesarias.

El NYT sostiene que este año ha comenzado a surgir un "patrón" de asesinatos sospechosos y encubrimientos, y según entrevistas con dos oficiales, en una reunión un general ordenó a los comandantes "hacer lo que sea" para mejorar sus resultados, abriendo la puerta a "aliarse" con grupos criminales armados para obtener información.

A los soldados que aumentan su número de muertes en combate se les ofrecen incentivos como vacaciones extra, dijeron los oficiales bajo condición de anonimato, y uno de ellos afirmó: "Hemos regresado a lo que estábamos haciendo antes".

Nicacio Martínez Espinel, comandante del Ejército colombiano, reconoce las órdenes nuevas y haber instruido por escrito "doblar los resultados" porque "la amenaza criminal se incrementó", pero matiza que se refiere a la planificación de las misiones y no la ejecución.

"Si seguimos al ritmo que veníamos anteriormente no vamos a cumplir los objetivos", añadió.

No obstante, cuestiona la interpretación de las instrucciones y aclara que la orden es "ser operacionalmente efectivos", que "el respeto absoluto a los derechos humanos es lo más importante" y todo lo que haga el Ejército "tiene que estar en el marco de la ley".

El NYT señala, citando a la ONG Human Rights Watch, que Martínez es un oficial vinculado a los asesinatos de mediados de la década de los 2000 conocidos como los "falsos positivos", de entre nueve altos cargos nombrados por el presidente Duque, pero él asegura que ni participó en los homicidios ni está siendo investigado.

En Colombia, se conoce como "falsos positivos" a las ejecuciones extrajudiciales de civiles que el Ejército presentaba como muertos en combate tras secuestrarles y vestirles de guerrilleros en el contexto de la guerra con las Farc y en especial durante el Gobierno de Álvaro Uribe.

La ONU informó en 2011 que se investigaba al menos 3.000 "falsos positivos" pero estimaciones posteriores han situado la cifra en unos 4.200, y el año pasado la Fiscalía presentó 2.248 casos a la Jurisdicción especial para la Paz, el tribunal creado para juzgar los crímenes de guerra en virtud del acuerdo de paz con las Farc.

Dos mil ejecuciones extrajudiciales investiga la JEP

De acuerdo con el informe que la Fiscalía remitió a la JEP en junio pasado, han sido denunciadas en el país 2.248 ejecuciones extrajudiciales o mal llamados ‘falsos positivos’, como se les conoce a los asesinatos de civiles perpetrados por integrantes de la fuerza pública pero que estos, en un principio, para evitar la acción penal, suelen hacer pasar como bajas en combate, es decir, como guerrilleros, paramilitares o narcotraficantes que han sido muertos en operativos.

Estas prácticas se hicieron públicas en el país a finales de 2008, cuando aparecieron 19 cadáveres de jóvenes oriundos de Soacha, Cundinamarca, quienes fueron engañados por uniformados con promesas falsas de trabajo en Ocaña pero días después fueron reportados como bajas del Ejército en ese municipio del Norte de Santander. Por estos crímenes, varias víctimas, defensores de derechos humanos y políticos opositores han cuestionado la Política de Seguridad Democrática del expresidente Álvaro Uribe, en cuya era de 2002 a 2010 se aplicó un esquema de incentivos en dinero, premios y descansos a uniformados que tuvieran mayor operatividad, incluyendo bajas, en medio del conflicto armado contra las guerrillas y las AUC, así como contra los grupos criminales dedicados al narcotráfico. No obstante, el exmandatario ha defendido la teoría de que se trató de casos aislados entre la fuerza pública. TB

 

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