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El Heraldo
Francisco Barbosa fue elegido como fiscal general tras cinco sesiones de votación durante dos meses.
Colombia

Los desafíos y el llamado a la independencia para el nuevo fiscal

Penalistas consultados por EL HERALDO subrayan los temas que urge corregir en el ente acusador y opinan sobre las implicaciones de la amistad de Francisco Barbosa con el presidente Iván Duque.

A pesar de que el nuevo fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, era el preferido desde un principio de la mayoría de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, su elección no ha estado exenta de polémica por su amistad con el presidente Iván Duque y por sus conceptos, por ejemplo, sobre la no sistematicidad del asesinato de líderes sociales, cuyo descontrol e impunidad constituyen una de las deudas más grandes en la actualidad del aparato estatal con el pueblo colombiano.

EL HERALDO consultó catedráticos del derecho y penalistas, además, para identificar los retos más apremiantes y de mayor profundidad del ente acusador que asume el exconsejero presidencial para los Derechos Humanos, que es especialista en relaciones internacionales, tiene maestría en historia y en derecho público y ya fue fiscal especializado de derechos humanos.

La votación

Barbosa fue elegido tras cinco sesiones de votación durante dos meses, en medio de una situación particular, pues la Corte solo tiene 16 magistrados y ese mismo es el número de votos que según la norma necesita uno de los ternados para convertirse en fiscal. Por ello la votación fue unánime.

Aunque el nuevo fiscal siempre fue el favorito y quien más obtenía votos en las salas, lo cierto es que con un alto tribunal con siete vacantes se veía muy enredada la designación del jefe del ente acusador, que se mantenía en interinidad desde que el 15 de mayo pasado renunciara Néstor Humberto Martínez por el caso Santrich y el búnker quedara en interinidad en manos del exjefe de la Unidad Delegada ante la Corte, Fabio Espitia.

A lo largo de estas semanas, los candidatos: Barbosa, la secretaria jurídica de Presidencia, Clara María González; y el director de la Agencia de Defensa Jurídica, Camilo Gómez, se reunieron varias veces con los magistrados de la Corte y con ello se consolidó la preferencia por el exconsejero presidencial para los Derechos Humanos.

Así, en la penúltima ronda de votaciones Barbosa triplicaba a González y ambos dejaban en blanco a Gómez. Y el jueves pasado, tras varias sesiones de votos, los propios togados hablaron entre sí y concluyeron que no podían salir del Palacio de Justicia sin el humo blanco para el fiscal, y todos decidieron apoyar el nombre del nuevo jefe del ente de investigación penal.

Sala Plena de la Corte cuando eligieron a Barbosa.

La Fiscalía

Una de las prioridades de Barbosa, como él mismo lo ha manifestado, es la necesidad de que haya más funcionarios en labores de investigación, es decir, aumentar tanto fiscales como policías judiciales y ubicar a estos últimos en las Unidades de Reacción Inmediata, URI, que es donde se reportan los delitos que más afectan al ciudadano de a pie, como los hurtos, cuya tasa de esclarecimiento está en el 37%.

Para ello ha planteado hacer uso de los dineros y bienes que incauta la Fiscalía, pues el presupuesto del ente acusador, que ronda los $3,6 billones, sería insuficiente para aumentar su efectividad.

También anunció que no confrontará con la JEP, sino que ofrecerá la colaboración de la entidad. Este asunto fue uno de los impases que hubo con Martínez, quien terminó renunciando en medio de diferencias, argumentó, con el tribunal de paz por el caso del exguerrillero sucreño Jesús Santrich, que ahora hace parte de los desertores.

De igual forma, el país sigue con dolorosa atención el asesinato casi que día a día de líderes sociales en distintas regiones del país, sin que parezca que se capture a los determinadores de estos crímenes. Barbosa, a pesar de los llamados de atención de diversas organizaciones sociales, ha dicho que no hay sistematicidad en estos homicidios –Martínez terminó admitiendo, a principios del año pasado, esta condición de sistematicidad en esta matanza–. “Las razones son diversas, aquí no hay una política de exterminio, ni hay una política sistemática, aquí lo que existen son razones diversas que se producen contra nuestros líderes sociales, atadas a fenómenos de delincuencia. Esta idea de sistematicidad hay que rechazarla, lo que existe es una acción de la delincuencia, de los criminales, del narcotráfico, de la gente que practica la minería ilegal, de aquellos que están luchando por apoderase de las rutas del narcotráfico en algunas de esas zonas donde se ha producido un aumento de los cultivos ilícitos. Más que sistematicidad lo que existe es una acción contra nuestros líderes por diversas causas”, dijo el nuevo fiscal en diciembre pasado.

En el collar de expedientes sobre el que la opinión pública del país sigue atenta están además los casos Odebrecht, sobre todo porque Martínez tuvo que declararse impedido en este y ello le significó varios debates en el Congreso; el proceso por las nuevas ‘chuzadas’ desde dependencias militares contra magistrados, opositores y periodistas, que es un espejo retrovisor de suma gravedad que tiene indignados a los ciudadanos; el caso Santrich, que se lo acaba de delegar la Corte Suprema a la Fiscalía; el expediente contra Diego Cadena, abogado del expresidente Álvaro Uribe, que dará cuenta de la verdadera independencia de Barbosa, dada su cercanía al presidente Iván Duque y por ende al líder de su partido político; el caso del Cartel de la Toga, que tiene a varios pesos pesados de la justicia compareciendo ante los estrados;

José Francisco Acuña, presidente de la Corte (e).

Los retos

Para el catedrático en derecho penal de la Universidad del Rosario Ricardo Ordóñez, hay dos desafíos fundamentales del ente de persecución penal: “Volver a recuperar la credibilidad de la Fiscalía, porque tiene cerca de un millón 200 mil noticias criminales que no tienen ningún tipo de atención, fiscales con 1.200 procesos que no tienen ni los medios ni las herramientas para ayudar al ciudadano de a pie”, y “despolitizar y desburocratizar a la Fiscalía, que se convirtió en pequeños grupos de poder en donde se concentran demasiados intereses”.

Luisa Fernanda Caldas, profesora penalista de la Universidad Externado, ve los escollos a superar en la prontitud de las investigaciones y en su relación con la JEP: “Hay que buscar una solución para que la Fiscalía pueda procesar con mayor velocidad todas las indagaciones que tiene, (…) necesita fortalecer su cuerpo de policía judicial, porque es muy pequeño en número en relación con la gran cantidad de casos que tiene que atender”. Así mismo, añade, “tiene el reto de colaborar armónicamente con la JEP, porque lo que ha pasado es que hay competencia entre las dos a ver cuál es mejor, (…) y eso perjudica tanto a víctimas como a victimarios”.

En la mirada del penalista Óscar Sierra, resulta imperativa la descongestión de los despachos judiciales “en tanto que cada fiscal tiene a su cargo un promedio de 1.500 carpetas, lo cual evidentemente mantiene colapsada la entidad”, así mismo “debe propender por limitar la intromisión de los medios en las etapas preliminares de las indagaciones, evitando así los juicios paralelos”.

Y el especialista en derecho penal Juan José Castro considera: “Generar presencia institucional de acceso a la justicia sobre todo en zonas tan golpeadas por los nuevos fenómenos de narcotráfico, que es lo que tiene en jaque al Pacífico nariñense, el Cauca, el Urabá Antioqueño, y el Catatumbo”.

Barbosa, en entrevista por la Corte

Duque y el fiscal

Duque y Barbosa estudiaron juntos Derecho en la Universidad Sergio Arboleda y son buenos amigos desde hace 20 años. Y más allá de que siempre haya sido elegido el fiscal de la terna que envía el presidente de la República, Barbosa, al igual que Martínez, fueron subalternos directos del jefe de Estado. ¿Incidirá este tema en la independencia del titular del búnker?

Ordóñez cree que eso “no tiene nada que ver”, pone de presente que Martínez era cercano al expresidente Juan Manuel Santos “y eso no impidió su nombramiento ni afectó las investigaciones contra el grupo político de Santos”, y plantea que si el fiscal considera en algún caso que está impedido “debe manifestar el impedimento, y delegarlo en el vicefiscal o en fiscales delegados ante la Corte”.

En la opinión de Caldas, Barbosa, igual que cualquiera de los fiscales anteriores, “tiene la calidad de servidor público y la obligación de cumplir la Constitución y la Ley, y no creo que su amistad con el presidente vaya a influir en su imparcialidad”.

Y para Castro inicialmente “no implicará nada”, señala que entre entidades del Gobierno y de la Rama Judicial “tiene que haber una colaboración con la finalidad de dirigir una política criminal clara” y recuerda que el fiscal no es el que investiga al presidente, sino la Comisión de Acusaciones.

Sistematicidad: ¿sí o no?

Frente a la disyuntiva que habría entre el nuevo fiscal y las organizaciones sociales en cuanto a la caracterización de la sistematicidad en los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, la mayoría de penalistas coinciden con Barbosa en descartar inicialmente un plan generalizado contra las víctimas.

“En este caso, aunque existe un fenómeno desbordado de homicidios, la mayoría de estos son ejecutados por distintos grupos, pero en muchos escenarios todo está motivado en un contexto de personas que se oponen al narcotráfico y que están a favor de la restitución de tierras, (…) no estoy de acuerdo con lo de sistematicidad, pero sí con el análisis de contexto”, opina Castro.

A su vez, Caldas ve “indispensable” revisar cuál es el concepto de líder social, “porque últimamente al parecer la categoría de líder social se ha extendido tal vez de manera incierta a varios tipos de personas” y a partir de esa definición “podemos entrar a examinar el concepto de sistematicidad” y habrá casos, indica, en los cuales “el homicidio hará parte de ese patrón sistemático y habrá casos en los que no”.

En cambio, Sierra pide que tal postura “sea el resultado de un estudio serio y ponderado que evidencie que la muerte de cierto grupo de personas tiene como causa no su actividad social, sino otras propias de los territorios” y advierte que es deber del nuevo fiscal “examinar cuidadosamente este flagelo”, que merece “todo el reproche estatal y social y una actuación decidida y deliberada de la Fiscalía”.

Y Ordóñez hace énfasis en que la impunidad que ronda el asesinato de los líderes sociales “es un error de Estado y (…) el hecho de que no hayamos logrado frenar el asesinato de líderes es el resultado de la Fiscalía y del aparato de investigación que tenemos”, por lo que critica: “Falta ver los pueblos del Cauca cuántos fiscales tienen, (…) en Arauca hay tres o cuatro investigadores para cinco fiscales”. Es un tema, concluye, “de voluntad política y de gobierno aportar los suficientes recursos para la investigación”.

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