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Fiscalía presentó hoja de ruta para los próximos 4 años

Los delitos priorizados serán los de homicidio (crímenes de líderes y feminicidios), violencia intrafamiliar y sexual, hurto, entre otros.  

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, presentó el pasado jueves la hoja de ruta del ente de investigación penal durante el cuatrienio 2020 y 2024, incluyendo la nueva realidad que planteó la pandemia.

Se fijaron en este sentido cuatro objetivos estratégicos para los 25 mil funcionarios del ente acusador.

El primero de estos es aumentar el esclarecimiento de delitos que afectan la seguridad ciudadana y de zonas rurales.

Estos delitos son el de homicidio, que ha tenido una tendencia decreciente durante la última década en Colombia; sin embargo, la tasa nacional sigue siendo alta: 25 homicidios por cada 100 mil habitantes. En este capítulo, los crímenes contra defensores de derechos humanos y poblaciones de especial protección constitucional han sido priorizados, aunque en 2020, entre febrero y octubre, se pasó de 52% a cerca de 61% de esclarecimiento de homicidios de líderes sociales. Así mismo, el feminicidio también fue priorizado.

Otro punible es el de violencia intrafamiliar y violencia sexual contra mujeres, niños, niñas y adolescentes. "En cualquiera de estos casos, la Fiscalía garantizará la atención pronta de la denuncia y la búsqueda de protección a las víctimas. Se dará prioridad a circunstancias de riesgo o reincidencias del agresor", se lee.

Por supuesto, están el hurto y la venta de estupefacientes al menudeo.

De igual forma, los delitos que atentan contra la vida e integridad física y emocional de los animales, y el acceso a datos o sistemas de información y los delitos cometidos por medios informáticos.

El segundo objetivo es el de atacar frontalmente las organizaciones y las economías criminales, frente a lo que la Fiscalía indica que "en 2019 había presencia de organizaciones criminales en 594 municipios, es decir, en 52,89% del territorio nacional. Adicionalmente, 88% de las hectáreas cultivadas de coca se concentran en municipios donde tienen injerencia estos grupos".

El organismo investigador orientará su actividad al respecto para ubicar y judicializar a los principales cabecillas de las estructuras de crimen organizado y a los máximos articuladores de los homicidios y agresiones a defensores de derechos humanos, y de las actividades de narcotráfñico, minería ilegal y contrabando.

"Golpear las fuentes ilícitas de financiación, el narcotráfico en sus etapas de producción, y perseguir los activos ilegales serán frentes de batalla en los que la Fiscalía crecerá", señala el comunicado.

En el tema de la lucha contra el narcotráfico se contempla como prioridad la persecución de las redes narcotraficantes con un enfoque territorial para impactar sus componentes en las regiones y las zonas costeras, y mediante cooperación internacional para neutralizar su alcance trasnacional.

Trae el plan un aparte de "terrorismo urbano", en el que se lee: "Consciente de la intención criminal de los grupos armados ilegales de infiltrar la protesta social y de trasladar a las ciudades componentes de desestabilización y terrorismo, la Fiscalía dispondrá de grupos de tareas especiales para capturar con los integrantes de las estructuras encargadas de esas actividades y lograr su judicialización".

El tercer objetivo es el de elevar la judicialización de delitos contra la administración pública, ya que entre 2015 y 2019, la Fiscalía atendió 192.266 noticias criminales por delitos asociados a la corrupción y alcanzó una tasa de esclarecimiento del 38% de los hechos priorizados.

"En los próximos cuatro años habrá énfasis en las investigaciones por reportes de corrupción en sectores como salud, educación, medio ambiente, electoral, contratación pública, administración de justicia", indica la entidad y anuncia que trasladará equipos especializados a las regiones para atender las denuncias por delitos contra la administración pública donde escasea la vigilancia de los recursos del Estado y es alta la captación de los funcionarios públicos por parte de las organizaciones criminales.

Y afirma que continuará la vigilancia de los recursos destinados a enfrentar la emergencia sanitaria.

Finalmente, el cuarto objetivo es el de dotar a la Fiscalía con la infraestructura física adecuada para sus necesidades. Además, se dispondrá de un semillero de fiscales, investigadores y peritos con la vocación de capacitar personal altamente calificado. Y como la entidad está presente en 486 municipios, se busca garantizar mayor presencia territorial.

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