Envían al Batallón de Antioquia a soldados que violaron a niña indígena
Los uniformados aceptaron cargos por acceso carnal abusivo contra menor. Juristas dicen que “no aplica la cadena perpetua contra los militares”.
Un juez de control de garantías de Pereira les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en una guarnición militar, específicamente al Batallón de Antioquia, a los siete soldados que aceptaron haber violado a una menor indígena en Risaralda.
El fiscal general, Francisco Barbosa, reportó este jueves que “estas personas aceptaron cargos y reconocieron la tropelía de sus actos”.
El ente acusador, agregó Barbosa, los imputó como presuntos responsables del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, a seis de ellos en calidad de autores y a uno como cómplice.
“La Fiscalía produjo en menos de 72 horas un resultado contundente contra un hecho doloroso. Hoy la Fiscalía les imputó cargos a siete soldados regulares que prestan su servicio obligatorio en el Batallón de Alta Montaña de Génova, Quindío, y que estaban en apoyo operacional en el Batallón de Artillería en la ciudad de Pereira”, dijo Barbosa en rueda de prensa desde Cali.
Llamó el fiscal “bandidos” a los uniformados y añadió que “mancharon su uniforme y mancharon la dignidad de la niñez en Colombia”.
Y señaló así mismo que se les solicitó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario “debido a la gravedad de los hechos, ya que se trata de una menor de edad, que además es perteneciente a la etnia embera katío”.
Los militares imputados fueron identificados como Juan Camilo Morales Poveda, Yair Stiven González, José Luis Holguín Pérez, Juan David Guaidi Ruiz, Óscar Eduardo Gil Alzate, Deyson Andrés Isaza Zapata y Luis Fernando Mangareth Hernández.
Onic respalda pedido de juicio indígena
Por su parte, la Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic, respaldó la solicitud de las autoridades tradicionales del resguardo Gito Dokabú Embera Katío, al que pertenece la menor violada por siete militares, para que “los agresores sean entregados a la justicia indígena para ser juzgados y que después de cumplir la condena también sean juzgados por la justicia penal ordinaria”.
En un comunicado la Onic advierte que el hecho presentado en el corregimiento de Santa Cecilia, en jurisdicción de Pueblo Rico, Risaralda, el 22 de junio pasado, se perpetró “aprovechando el aislamiento y la situación generada por la pandemia”.
“El lamentable hecho que hoy es noticia, constituye una grave vulneración de los derechos de la menor, y de afectación colectiva de su familia, el pueblo Embera Katío y los pueblos indígenas del país, y se suma a un largo prontuario de actos atroces por parte de las Fuerzas Militares, quienes por acción u omisión se constituyen en un factor de riesgo en vez de garantía de seguridad para los pueblos y naciones indígenas, además en el contexto de genocidio en el que nos encontramos, constituye una estrategia de intimidación, división y fraccionamiento a nivel de la comunidad con la cual buscan minar nuestra autonomía”, se lee en el documento de la organización.
El ente pone de presente finalmente que en las culturas indígenas la mujer “es el hilo tejedor que enlaza y transmite la lengua y las costumbres ancestrales, permitiendo así, conservar a través del tiempo, la cultura y la espiritualidad que hace que los pueblos no olviden las raíces que nos unen con la madre tierra”.
Dos penalistas hablan
Varios penalistas le han salido al paso a las declaraciones del presidente Iván Duque, quien refiriéndose a los siete militares dijo el miércoles: “Si nos toca inaugurar la cadena perpetua con ellos, lo haremos”. El investigador de Dejusticia, Rodrigo Uprimny, publicó en su cuenta de Twitter un ‘hilo’ diciendo que la “declaración del presidente incluye tres errores jurídicos protuberantes frente a principios constitucionales básicos”.
“Primero, principio de legalidad e irretroactividad de la ley penal: no puede imponerse cadena perpetua hasta que la ley desarrolle la reforma constitucional que la autorizó y diga específicamente en qué delitos se aplica. Y ahí será hacia el futuro”.
Agregó que se encuentra el asunto de la separación de poderes: “Quien finalmente podría imponer la cadena perpetua en un caso concreto es el juez penal y no el Gobierno, después de la acusación de la Fiscalía. Tercero, a quien corresponde decidir si, conforme a la ley, pide cadena perpetua es a la Fiscalía”.
El presidente del Colegio de Penalistas, Francisco Bernate, criticó en Twitter: “¿En serio van a aplicar la cadena perpetua sin que por lo menos exista una ley?”.
