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Colombia

“El caso Pulgar cambió el rumbo de lo que pasa en la Unimetro”

Raúl Romero, representante de víctimas, habló con EL HERALDO sobre la medida contra el senador.

Raúl Romero, representante de víctimas en el caso de la Universidad Metropolitana que involucra a los magistrados del Tribunal Superior de Barranquilla, Jorge Mola Capera y Demóstenes Camargo, le dijo a EL HERALDO que la captura del senador Eduardo Pulgarseñalado de intentar sobornar a un juez para influir en el proceso de la alma mater— “da luces y cambia el rumbo de lo que viene sucediendo en la universidad”.

Pone de presente el abogado que “en los argumentos jurídicos que debió haber tenido la Corte Suprema de Justicia para acreditar de manera contundente los fines constitucionales y legales que justifican imponer una medida de este estilo contra el senador Pulgar, como a bien lo supo determinar y decidir esta honorable corporación, lo que permite concluir es que en el marco de esa decisión se debieron haber cumplido los principios de necesidad, taxatividad, excepcionalidad y proporcionalidad”.

Agregó el representante de víctimas que un caso en el que se mencionan senadores y magistrados no es cualquier caso: “No estamos hablando de cualquier hecho de corrupción. Estamos hablando de un caso tan polémico como el de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, en donde no solamente está involucrado un senador de la República por un supuesto delito de tráfico de influencias, sino que hay involucrados además otros personajes de alta envergadura como magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla”.

Por ello, señala que “esto cambia mucho el rumbo y da una luz sobre las situaciones que se vienen suscitando alrededor de este proceso de la Universidad Metropolitana, debido a que se han tomado decisiones ilegales, fallos de tutela, y que hoy tienen a dos magistrados imputados por favorecer en este caso a los directivos de la universidad, entre ellos Luis Fernando Acosta Osío y otros. Los mismos que hoy están involucrados en el caso del senador Pulgar”.

Reitera Romero que varios funcionarios judiciales están investigados, fiscales, directores de fiscalías, por posibles actos de corrupción “que han permeado el proceso de la Universidad Metropolitana en contra de nuestros apadrinados, Ivonne Acosta, Carlos Jaller y las demás víctimas”.

Finalmente, pide el abogado al Ministerio de Educación reconsiderar algunas decisiones que se han tomado, según él, de manera irregular en el centro universitario.

“Según los audios revelados por el periodista Daniel Coronell, el Ministerio de Educación inscribió a los señores Juan José Acosta Osío y Alberto Acosta Pérez por influencias del señor Eduardo Pulgar. Entonces el Ministerio deberá tomar las medidas necesarias para retrotraer esas decisiones al igual que unos cambios de estatutos que el Ministerio inscribió de manera irregular, y así lo dijo la Sala Civil del Tribunal Superior de Barranquilla, y la destitución como rector de Carlos Jaller, en medio de todo lo sucedido, fue irregular”, advirtió el representante de víctimas.

Argumentos de la Corte

Entre tanto, se conocieron en detalle los argumentos de la Corte Suprema para encarcelar al senador Pulgar, quien hoy se encuentra recluido en la Cárcel La Picota de Bogotá.

El alto tribunal afirma que el parlamentario del Partido de la U trató de beneficiar, en medio de los enfrentamientos por el poder de la Unimetro, a su amigo Luis Fernando Acosta y para ello habría presuntamente intentado sobornar al exjuez de Usiacurí, Atlántico, Andrés Rodríguez.

Lo primero que establece la sala es que las grabaciones del extogado son legales porque “su recaudo lo efectuó, concretamente, quien por la condición de víctima estaba legitimando para realizar dicha acción, de manera que ese proceder de ningún modo implicó una intromisión indebida en el derecho fundamental a la intimidad”.

A su vez, la Procuraduría citó a Pulgar el pasado 14 de agosto a audiencia de juzgamiento disciplinario y rechazó una petición de la defensa del senador que solicitó que la competencia del juicio disciplinario contra el legislador la tuviera la Comisión Ética del Congreso y no el ente de control.

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