Defensoría había advertido de amenazas contra líder social asesinado en Malambo
Cuero había recibido amenazas tras denunciar varios casos de presunto despojo de tierras y violación a los derechos humanos de los desplazados de la comunidad afro en esta zona del país.
La Defensoría del Pueblo, tras rechazar el crimen del líder social y defensor de derechos humanos Bernardo Cuero Bravo, asesinado en la noche del miércoles en su casa del barrio La Esperanza en Malambo, Atlántico, recordó que ya había advertido de las amenazas contra su vida.
Cuero Bravo, de 62 años de edad, murió de cuatro impactos de arma de fuego que le propinó un desconocido cuando llegó a su residencia pasadas las ocho de la noche, justo cuando la víctima descansaba viendo un partido de fútbol por televisión.
Cuero había recibido amenazas tras denunciar varios casos de presunto despojo de tierras y violación a los derechos humanos de los desplazados de la comunidad afro en esta zona del país. Sin embargo, para su protección solo contaba con un chaleco antibalas que le habían proporcionado las autoridades.
En un comunicado, la Defensoría dijo que Cuero Bravo, como delegado por la organización Afrodes a la Mesa de Participación de Víctimas de Atlántico y miembro de la Junta de Acción Comunal del Barrio Villa Esperanza del municipio de Malambo, “reiteradamente había denunciado amenazas en contra de su vida”.
En su informe de riesgo ‘Violencia y amenazas contra los líderes sociales y los defensores de derechos humanos’, del 30 de marzo de 2017, el organismo de protección de los derechos humanos había advertido del peligro para estos dirigentes sociales de Barranquilla, su área Metropolitana e integrantes de la Mesa de Víctimas departamental.
“En este informe la Defensoría documentó, al menos, 500 amenazas contra líderes y defensores de derechos humanos, dentro de los cuales se relaciona el caso de Bernardo Cuero Bravo”, señala el organismo.
Por ello, la Entidad solicitó a las autoridades nacionales y locales que se adelanten las investigaciones, la identificación y judicialización de los responsables de este asesinato.
También reclamó que se garanticen la vida e integridad de todos los defensores de derechos humanos en el Atlántico y especialmente en Barranquilla, donde se focalizan los mayores niveles de riesgo para esta población.