Defensor del Pueblo rechazó amenazas de paro armado
Carlos Camargo advirtió además que 7 municipios del norte y centro del Cesar tienen riesgo alto de ser afectadas por grupos armados al margen de la ley en elecciones.
Frente a los supuestos llamados a un paro armado por parte de grupos armados ilegales, bajo amenazas contra la vida y la integridad de los ciudadanos, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, consideró que estos hechos constituyen una forma de confinamiento y, una grave violación contra la libertad de circulación y residencia de los ciudadanos.
Así mismo, agregó, se afectan de manera directa el derecho al trabajo, a la educación y a la alimentación, entre otros.
“Los grupos armados ilegales deben mantener al margen de sus acciones a la población civil. Por eso, desde la Defensoría del Pueblo rechazamos de forma contundente este tipo de amenazas, que además se dan en el marco de un proceso pre electoral y por lo tanto, afectan el ejercicio del derecho democrático a elegir y ser elegidos”, dijo.
De hecho, el ente del Ministerio Público acaba de advertir que en el proceso electoral del país hay riesgo extremo y alto de vulneración de derechos en 274 municipios del país, por lo que sumado a estas nuevas amenazas contra la población civil, el Estado debe tomar de forma urgente acciones preventivas e impulsar la respuesta rápida y efectiva de sus instituciones para la protección de los derechos de la ciudadanía.
“El Estado colombiano no puede permitir que a través de amenazas se pretenda restringir el derecho a la movilización en ninguna parte del territorio nacional”, enfatizó.
En este sentido, la Defensoría del Pueblo requirió a todas las autoridades del orden nacional, departamental y municipal, para que protejan las vías y aseguren con ello los derechos de la ciudadanía frente a las acciones y amenazas de grupos armados ilegales que puedan afectar a la población, particularmente a las comunidades más vulnerables.
De otro lado, Camargo reveló el pasado lunes que las comunidades de siete municipios del norte y centro del departamento del Cesar tienen riesgo alto de ser afectadas por grupos armados al margen de la ley, en este periodo de elecciones.
En la Alerta 004 de 2022, la Defensoría del Pueblo establece que Valledupar, Agustín Codazzi, La Paz, Pueblo Bello, El Copey, Curumaní y Pailitas, existe alto riesgo de que se afecte el proceso electoral.
En estos municipios la Defensoría del Pueblo identificó que organizaciones al margen de la ley como el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) interfieren con amenazas o intimidaciones contra las comunidades, líderes sociales y defensores de derechos humanos, mujeres, comunidades indígenas y excombatientes.
En riesgo medio, se encuentran los municipios Becerril, la Jagua de Ibirico, Chiringuaná, Chimichagua, Tamalameque y Pelaya.
“Llamo la atención para que las autoridades ejerzan el control y estén atentas a lo que ocurre en este departamento, el Estado debe mitigar y evitar la ocurrencia de situaciones que vulneren los derechos de las personas en el territorio", destacó el defensor.
Y advirtió además que cuatro de los siete municipios: Valledupar, Agustín Codazzi, La Paz y Pueblo Bello, están incluidos en la Circunscripción Transitoria Especial de Paz, allí ha habido amenazas en contra de quienes aspiran a una curul de paz.
