La delicada situación carcelaria de Colombia continúa girando en un alarmante bucle. Los últimos 30 años, con sus más y sus menos, reflejan que el cuestionado sistema sigue agrietado por, al parecer, las deficiencias de toda la vida: el asfixiante dominio de los grupos al margen de la ley (antes guerrillas y paramilitares, hoy Bacrim), los graves indicadores de hacinamiento (25%) en los penales, la falta de garantías para los custodios y la carencia de reformas contundentes para darle soluciones a los grises de la política criminal.
(Asesinan a director de la cárcel La Modelo en Bogotá)
Todo lo anterior, un coctel peligroso que cada tanto explota, ha vuelto a ser objeto de debate tras el asesinato del coronel en retiro Élmer Fernández, quien se desempeñaba como director de la cárcel La Modelo cuando fue atacado a tiros por sicarios en una vía al norte de Bogotá. Su muerte causó indignación por la fragilidad que lo acompañaba día a día: no contaba con un esquema de protección y el vehículo oficial en el que se movilizaba no contaba con ninguna película de blindaje, pese a lo riesgosa de su profesión.
(Asesinato del director de cárcel La Modelo: había recibido amenazas de muerte)
A corte de agosto del 2023, 63 personas adscritas al Inpec han sido asesinadas en los últimos siete años en Colombia, basada en datos oficiales del Ministerio de Justicia.
(‘Pedro Pluma’, el criminal que amenazó de muerte al director de La Modelo)
Sobre el papel, la muerte de Fernández estaba cantada desde hace semanas luego de que Pedro Nel Caro, alias Pedro Pluma, un presunto integrante de la la banda delincuencial conocida como La Inmaculada, lo amenazara por aumentar los dispositivos de protección en los patios.
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La Inmaculada, que no es más que la otrora Oficina de Tuluá, saltó a la palestra pública luego de poner en jaque el municipio vallecaucano el pasado mes de febrero tras la el asesinato de un agente de tránsito, la quema de varios vehículos y diferentes alternaciones de orden público. Todo esto como consecuencia de la captura de uno de sus líderes, Mauricio Marín Silva, alias Nacho.
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Posteriormente, en marzo, tras el traslado de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe, máximo, a la cárcel La Tramacúa, la banda La Inmaculada amenazó a varios integrantes del Inpec de diferentes penales.
Ese mismo mes, José Vera Sulbaran, alias Satanás, amenazó de muerte a la directora de La Tramacúa para conseguir un cambio de celda. “Yo le solicito mi traslado en menos de 24 horas; de no ser así, yo, Satanás, me voy a sentir en la obligación de empezar a matar a los señores de la guardia Inpec”, se lee en la carta.
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En este sentido, Néstor Osuna, ministro de Justicia, explicó que en los dos últimos años se han tramitado ante la UNP 506 amenazas denunciadas por funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), de las cuales 263 siguen en trámite y en 63 de esos casos 'se les ha concedido la seguridad'.
“Esta es una pequeña muestra de la crisis carcelaria. Los centros de reclusión y carcelarios no son espacios de resocialización. Al día de hoy son espacios dinamizadores del crimen organizado”, explicó Nicolás León, de la línea de Convivencia y Seguridad ciudadana de la Fundación Paz y Reconciliación.
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La actual crisis se ha registrado en medio de la emergencia carcelaria decretada por el Gobierno a principios de febrero, una decisión que se tomó en respuesta a los múltiples ataques contra el personal de guardia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), registrados en territorios como Cartagena, Jamundí y Tuluá. En esa ocasión, el ejecutivo lamentó especialmente la muerte del dragoneante Jesús Cárdenas, que fue asesinado 10 de febrero afuera de la cárcel San Sebastián de Ternera, en Cartagena.
En total, esta ha sido la cuarta ocasión en la que se declarado una emergencia carcelaria en el país. La primera, de acuerdo con el Misterio de Justicia, fue en 2013 por hacinamiento; la segunda, en 2016 tras la liquidación de Caprecom; y la tercera, en 2020 debido a la emergencia sanitaria producida por el covid 19.
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En abril de este año la situación fue igual de dolorosa. Cuando apenas corrían nueve días del mes hombres armados asesinaron en la entrada del penal en Buga al dragoneante Léider Romo Rojas, quien se disponía a realizar sus labores. El mismo día, pero en Tuluá, fue herido de gravedad con arma de fuego el dragoneante Nicolás Torres Noreña. Además, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, un día antes, en el municipio de Palmira, también fue ultimado Néstor Quevedo Díaz, quien era pensionado del Inpec.
“Este es un problema acumulado de desaciertos e inefectividad de los ministerios de Justicia de los últimos 30 años, que no han logrado una reforma penitenciaria de fondo, no han logrado una reforma de justicia de fondo, muchos de sus proyectos se han caído en el Congreso y otros son muy escuálidos en pretensiones. El sistema está en una crisis dese hace muchos años por el hacinamiento, la falta de recursos, la corrupción y no se ha hecho nada en términos prácticos.
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Y, en este momento, parte de la criminalidad sale de las mismas cárceles, especialmente la extorsión que tiene afligida a ciudades como Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín. Y que cada vez va aumentando en proporciones por reclusos que se están volviendo muy poderosos con bandas criminales que van creciendo y tomando cada vez más violencia”, señaló Juan Carlos Ruiz, analista de seguridad y profesor de Estudios Internacionales, políticos y urbanos de la Universidad del Rosario.
De acuerdo con el académico, el Gobierno debe apelar a la “mano dura” para lograr soluciones inmediatas a la actual crisis del sistema carcelario colombiano.
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“Una solución de fondo es de mano dura, de rehacer las cárceles en su funcionamiento, un poco el estilo (Nayib) Bukele llama cada vez más la atención. Cárceles donde los presos estén completamente uniformados en donde no tengan ninguna posesión. Cárceles como la que montó el sheriff Sampayo en los Estados Unidos. No le veo otra solución, pero no hay voluntad política y la dirección penitenciaria no tiene intenciones de acabar las mafias que hay adentro porque vive de la corrupción que hay de las cárceles”, agregó.
Por su parte, Mauricio Jaramillo, investigador de la UniRosario, consideró que en la actualidad: “no hay una política carcelaria clara. El Gobierno ha insistido en la idea de justicia restaurativa, que me parece a mí que no ha tenido suficiente cabida en algunos sectores que creen ingenuamente en el populismo punitivo. Nadie quiere mirar las cárceles y todo el mundo cree que la única solución a la criminalidad es llenarlas”.
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“El asesinato de Fernández genera zozobra, genera una crisis de gobernabilidad muy grande, de estabilidad en las cárceles. Esto va seguramente a desvirtuar la política carcelaria de Gobierno y deja, creo yo, muy mal parado al ministro Néstor Osuna y al Inpec por no haber emitido la alerta a la UNP. (…) El Gobierno debe insistir en una reforma integral a la justicia, y en una política carcelaria mucho más efectiva y que no solo se limite a mandar a la cárcel, esto obviamente más a largo plazo. A corto plazo seguramente reforzar la seguridad en las cárceles, acelerar la construcción de nuevos centros penitenciarios. Y obviamente una labor de inteligencia porque, en el fondo, está el tema del poder que tienen los presos”, concluyó.
En total, de acuerdo con la Unión de Trabajadores Penitenciarios, cinco funcionarios del Inpec han sido asesinados en 2024.
