El Heraldo
Los cuatro capturados señalados de vender carne de caballo y de burro. Cortesía Fiscalía
Colombia

Capturados por suministrar carne de caballo y burro en cárcel de Bucaramanga

Los señalados, supuestamente, compraban equinos y asnos enfermos o muertos en diferentes puntos de la región Caribe.

Un trabajo articulado entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional puso al descubierto una banda delincuencial que se dedicaba al suministro de carne de caballo y burro a algunos contratistas en el departamento de Santander.

De acuerdo con el ente investigador, los integrantes de la banda transportaban a los animales enfermos y en mal estado desde la Costa Atlántica hasta un matadero clandestino en la capital de Santander. Posteriormente, con químicos y otras maniobras fraudulentas, hacían pasar el producto como carne de res y la comercializaban.

Las indagaciones permitieron identificar a cuatro personas señaladas de suministrar la carne a algunos contratistas que a su vez la distribuían a un batallón y la cárcel Modelo; así como plazas de mercado y comercio informal en Bucaramanga, tal como sucedió con otras personas capturadas que habrían hecho lo mismo con operadores del Plan Alimentación Escolar (PAE) en Santander,

Los capturados fueron identificados como Enrique Cadena Rojas, alias Mala Vida o El Viejo; Diego Armando Solano Cadena, Édison Cliebbords Villamizar Mendoza y Mario Alvarado Trujillo.

El modus operandi

Las labores investigativas les permitieron a las autoridades establecer el modus operandi de la banda delincuencial. Los capturados, supuestamente, compraban equinos y asnos enfermos o muertos en diferentes puntos de la región Caribe, y con guías de movilización falsas o alteradas, los transportaban a un matadero clandestino en el sector La Feria, en Bucaramanga.

Al parecer, en ese lugar sacrificaban a los animales en condiciones de salubridad precarias y los residuos sólidos y líquidos eran arrojados indiscriminadamente a un Distrito Regional de Manejo Integrado, una zona protegida y de reserva ambiental.

En varias diligencias en el área fueron encontrados esqueletos y vísceras; además, se constató el grave e irreversible daño ocasionado al suelo, la vegetación y la fauna. El material de prueba da cuenta de que la carne obtenida en el matadero de La Feria habría sido comercializada en diferentes escenarios.

De igual manera se determinó que el producto, presuntamente, era tratado con químicos para modificar la contextura, intentar hacerlo más blando y darle un color rojizo. Luego, lo empacaban y distribuían como si fuera de res.

En el caso de Enrique Cadena Rojas y Diego Armando Solano Cadena, tío y sobrino, respectivamente, se estableció que, supuestamente, fueron proveedores de carne de algunos de los contratistas encargados de abastecer de proteína a la cárcel Modelo y un batallón del Ejército Nacional en Bucaramanga.

Las labores de policía judicial evidenciaron igualmente que, al parecer, hicieron diferentes entregas en el último año, entre 200 y 500 kilogramos por pedido. De otra parte, Édison Cliebbords Villamizar Mendoza y Mario Alvarado Trujillo, habrían vendido carne de equino y de asno a plazas de mercado, carnicerías y comercio informal de empanadas, lechona y otros productos alimenticios.

Captura y judicialización

Los cuatro presuntos implicados en esta conducta fueron capturados en diligencias realizadas por la Fiscalía y unidades de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Uno de ellos, Mario Alvarado Trujillo, fue detenido mientras ingresaba a la capital santandereana con un camión en el que transportaba 10 equinos sin los permisos de ley.

El capturado sería familiar de Fernando Trujillo Gómez, quien es procesado por, supuestamente, proveer carne de caballo y de asno a algunos operadores del PAE en Santander.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a los capturados los delitos de: concierto para delinquir, daño a los recursos naturales agravado y corrupción de alimentos, cargos que fueron aceptados por los procesados.

Una juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia.

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