Al menos 67 votos a favor en el Senado para la salida de mindefensa

Con el anuncio de los independientes Partido Liberal y Cambio Radical, sumado al oficialista Partido de la U de votar positivamente la moción de censura en contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero, esta figura de control político prosperaría el próximo miércoles con 67 votos y el funcionario deberá dejar el gabinete.

"Urgente: tras los hechos de violencia en Cauca, bancada del Senado del  @PartidoLiberal votaría a favor la moción de censura del @mindefensa @GuillermoBotero. Decisión en análisis por el expresidente, César Gaviria Trujillo jefe del @PartidoLiberal", fue el 'trino' de las toldas rojas, que tienen 14 parlamentarios en la cámara alta.

"Anunciamos como bancada de @PCambioRadical nuestro voto favorable a la proposición de moción de censura que hemos presentado varios senadores contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero #MocionDeCensuraMinDefensa @SenadoGovCo", escribió en la red social, por su parte, el senador Rodrigo Lara, de Cambio Radical, quien fungió durante el debate del pasado martes como vocero de la colectividad rojiazul, que posee 16 sufragios en el Senado.

La oposición, con 23 votos, anunció que votará unida la salida del titular de la cartera de seguridad.

Y la bancada del Senado del oficialista Partido de la U decidió este miércoles respaldar la moción de censura, con lo que su salida del gabinete, en caso de conformarse el cuórum la semana entrante, estaría cantada.

"De 14 senadores votaron 11 por el sí, dos por el no y uno está por votar, pero igual ya con esa mayoría, tiene que ajustarse por ley de bancada a que el Partido de la U ha tomado la decisión de apoyar la moción de censura", dijo el barranquillero Armando Benedetti a periodistas al término de la deliberación.

Eso sí, advirtió el disidente de la colectividad gobiernista, "hay que esperar que la gente se mantenga porque me imagino que el Gobierno va a jugar a que la gente no venga".

A su vez, su coterráneo y copartidario, José David Name, escribió al respecto en su cuenta de Twitter: "Bancada @partidodelaucol decide votar positivamente la #MocionDeCensuraMinDefensa. La información traída a la luz en las últimas semanas no admite postura distinta".

Pero el partido presidencial del Centro Democrático emitió este miércoles un comunicado en el que advierte que "apoya plenamente" al ministro.

Así las cosas, habría mínimo 67 votos contra el ministro, de 107 senadores en el pleno (Antanas Mockus, de la Alianza Verde, está excusado durante noviembre), para que este miércoles 13 de noviembre, con la mayoría simple, es decir la mitad más uno (55 votos), la cámara alta diga adiós al jefe de la cartera de Defensa, si es que antes no renuncia el alto funcionario, como se rumora en los mentideros políticos.

En todo caso, si se da la moción de censura contra Botero sería la primera vez en la historia del país que algo así ocurra.

El senador citante de la moción, Roy Barreras, de La U, pidió que la votación fuese secreta debido a que del jefe de la cartera de Defensa depende la seguridad de los legisladores. Será entonces el presidente del Senado, el bolivarense Lidio García, del Partido Liberal, quien decida si acepta o no la solicitud.

García, quien aún no anuncia si acogerá la petición de Barreras, aunque dijo que a finales de esta semana podría dar a conocer su decisión, le aconsejó a Botero que dimita: "Indiscutiblemente es una moción que tiene mayoría absoluta. La recomendación al ministro es que renuncie y que no se someta a este tipo de situaciones bastante incómodas tanto para él como para nosotros".

Agregó el presidente del Congreso a periodistas este miércoles que resulta "inconcebible" que el país haya tenido que conocer en un debate en el Capitolio la noticia sobre la muerte de ocho menores de edad en medio de un bombardeo.

El mecanismo de control político de la moción de censura está contemplada en el Reglamento del Congreso y en la Constitución como la "función de control político, para requerir y emplazar a los ministros del despacho y demás autoridades y conocer de las acusaciones que se formulen contra altos funcionarios del Estado".

Para ser convocada la figura se necesita que la décima parte de los miembros que integran una cámara la soliciten, el debate se hace en el pleno, los citantes exponen sus razones, el citado se defiende, se programa la votación entre el tercer y el décimo día siguiente a la terminación del debate, y si esta votación consigue la mayoría absoluta, el ministro deberá abandonar su cargo.

La denuncia que más caló en el debate de Barreras del martes fue la de la muerte hace un par de meses en un bombardeo de ocho menores de edad, que supuestamente no habría sido dada a conocer públicamente.

La Fiscalía dijo este miércoles en un comunicado que se trata de ocho menores de edad los fallecidos en el dispositivo -el martes en el debate circuló se difundió la versión de que habían sido siete- y reportó la apertura de una indagación preliminar al respectó.

"El 2 de septiembre de 2019 el fiscal del caso recibió los reportes de las Fuerzas Militares y el material probatorio recogido en el sitio por funcionarios de la Dijin de la Policía Nacional, que dan cuenta de la recuperación de varios cuerpos sin vida y la incautación de 15 armas de fuego entre fusiles, ametralladoras y pistolas, cartuchos, proveedores y otros elementos como dispositivos electrónicos", reza un comunicado del ente acusador.

El organismo agregó que "por la complejidad de los estudios requeridos, ese mismo día el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses conformó un equipo interdisciplinario de médicos forenses, antropólogos, técnico de rayos X, balísticos, odontólogos y genetistas. Los análisis médicos legales aún no han concluido. Hasta ahora se han identificado 15 cuerpos (8 menores de edad y 7 adultos), y 2 más permanecen sin identificar".

En rueda de prensa este miércoles, el ministro, por su parte, aseguró que la operación fue legítima y que dicha cartera no ha recibido solicitud de información por parte de la Fiscalía sobre posible responsabilidad de miembros de la fuerza pública.

Así mismo indicó que “no puede un debate político lleno de imprecisiones y partes a medias ser la última palabra en este asunto”.

En relación con este bombardeo en el que también murió el cabecilla de la disidencia de las Farc, José Marín Ramírez, alias Gildardo Cucho, Botero manifestó que todas las operaciones militares están precedidas de una base de planeamiento denominada proceso militar de toma de decisiones.

Según el mindefensa, dicho proceso está acompañado en todas sus fases por el asesor jurídico operacional, figura de la que dijo se implementó en las Fuerzas Militares desde 2008 por mandato de la política integral de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa Nacional.

"Todos los resultados reportados en el marco de operaciones militares son de conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. Una vez se reportan los hechos se procede a revisar los actos urgentes que comprenden las primeras diligencias de levantamiento de cadáver y las necropsias que corresponden a la labor tecnicocientífica que debe orientar las investigaciones. Estos actos urgentes siempre son realizados por funcionarios con atribuciones de policía judicial", aseveró.

Entre tanto, el general Luis Fernando Navarro, comandante general de las Fuerzas Militares, advirtió que la operación realizada el pasado 29 de agosto a las 11 de la noche, en la vereda Candilejas del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, "no fue una operación contra menores de edad: fue una operación contra el cabecilla del GAO residual séptimo alias Gildardo Cucho".

Navarro explicó que el GAO residual es una amenaza real contra el Estado colombiano, y en repetidas ocasiones se les ha exigido llevar cabo operaciones contra esa estructura y que dichos conceptos operacionales están contemplados en los planes operacionales de las Fuerzas Militares, por lo que es deber de ellos y de la Policía Nacional contener los planes estratégicos de esas organizaciones armadas al margen de la ley.

"Estas operaciones se han adelantado partiendo de inteligencia y se pudo establecer que alias Gildardo o Cucho, cabecilla de la estructura séptima del GAO residual inicia un desplazamiento de Venezuela hacia el departamento del Caquetá con su estructura de seguridad compuesta por cerca de 20 individuos, con el propósito de controlar rutas de narcotráfico, realizar acciones terroristas, desplazamientos forzados, secuestro y extorsión", dijo el general.

El pasado 30 de agosto el presidente Iván Duque reportó la caída de alias Gildardo Cucho, "quien pretendía ser parte de la cuadrilla de narcoterroristas de alias Iván Márquez".

"Anoche (jueves), gracias a una labor estratégica, meticulosa, impecable y con todo el rigor, cayó Gildardo Cucho, cabecilla de esa organización", afirmó el jefe de Estado sobre el operativo en San Vicente del Caguán.

"Este criminal estaba dedicado al narcotráfico, al secuestro, a la intimidación de líderes sociales, y pretendía ser parte de esa estructura amenazante que ayer se presentaba al país como una nueva guerrilla, cosa que no es, porque es una cuadrilla de narcoterroristas", señaló.

Advirtió Duque además que con la operación contra alias Gildardo Cucho, "empezaron a recibir mensajes claritos, así como lo hicimos con Jeison Orejas, con Guacho, con David y con Cadete -cabecillas de grupos residuales de las extintas Farc-".

Explicó el mandatario que Cucho cayó en una operación adelantada por el Comando Conjunto de Operaciones Especiales, Ccoes: "Anoche autoricé al Comando Conjunto de Operaciones Especiales adelantar una operación ofensiva contra esta cuadrilla de delincuentes narcoterroristas, que son residuales de lo que se conocía como las Farc, y que hacen parte de las estructuras criminales que pretenden ahora desafiar a Colombia".

Por ahora desde el Gobierno se ha pronunciado al respecto, además de Botero, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien tuiteó este miércoles: "Es doloroso que en Colombia sigan muriendo menores porque los actores del conflicto los reclutan o los utilizan como escudos humanos (…). Cualquier operación militar debe estar regida por el Derecho Internacional, el Derecho Operacional y los principios de necesidad, proporcionalidad, distinción y respeto por los Derechos Humanos, además, de contar con el acompañamiento de asesor jurídico operacional".

Agregó la funcionaria agregó que debe esperarse el proceso de investigación y no saltar a conclusiones precipitadas: "Las decisiones en una operación se toman protegiendo la vida de los colombianos, con la mejor información disponible y siempre se presume de buena fe (…). Invito a medios y a la sociedad a que haya serenidad en esperar resultados de investigaciones que determinarán si hubo error u omisión en operación a la cual se atribuye la muerte dolorosa de menores, en lugar de anticiparse a linchamiento social del ministro y Fuerzas Militares".

Frente a las implicaciones de lo ocurrido a la luz del DIH, EL HERALDO consultó al coronel (r) Carlos Velásquez, experto en temas de conflicto, quien advierte que "en el sentido estricto del DIH ambos lados lo violaron, pero si se profundiza en legitimidad, que es aquello que es justo, necesario y eficiente, entonces el Ejército habría podido hacer otro tipo de operación que no fuera bombardeo: se mueven tropas silenciosas, rodean a las disidencias y les ordenan que se entreguen, porque bombardear sin la inteligencia suficiente fue una grave equivocación y faltó además la visión estratégica, porque cuál es la amenaza para el Estado de un grupo residual de esos. Eso es delincuencia organizada".

A su vez, el director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Cerac, Jorge Restrepo, en diálogo con este diario advirtió: "Uno no puede juzgar si hubo una violación o no del DIH. Eso le corresponde a las autoridades judiciales. Lo que sí vale la pena decir es que un menor es en todo caso una persona protegida, incluso si integra parte de un grupo objetivo militar. La prueba de que es así es que en Colombia las Fuerzas Militares y de Policía conducen numerosas operaciones militares y de manera rutinaria recuperan menores en situaciones de combate y se les respeta siempre la vida. Este es un caso excepcional, no es un caso que muestre una conducta generalizada o sistemática".