Abogada de Pedro Aguilar y falso fiscal no aceptaron cargos imputados
Ante una juez 70 del control de garantías de los juzgados de Paloquemao la abogada Diana Milena Zárate y el falso fiscal, José Edilberto Parada, no aceptaron los cargos presentados por la Fiscalìa.
Ante una juez 70 del control de garantías de los juzgados de Paloquemao se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos contra Diana Milena Zárate, la abogada de Pedro Antonio Aguilar, expresidente de la Asociación de Camioneros de Colombia (ACC), y contra el falso fiscal, José Edilberto Parada, quienes habrían participado en un entramado para conseguir la libertad del líder camionero el pasado 21 de marzo.
“Las actuaciones que ustedes realizaron suplantando a un fiscal en varias oportunidades, engañando a la judicatura y a la Fiscalía General y todos estos hechos son jurídicamente relevantes”, indicó el fiscal.
Las personas hoy detenidas son investigadas por los hechos que tuvieron lugar en el Complejo Judicial el pasado 21 de marzo, a donde según las autoridades la abogada se habría presentado como defensa del expresidente de la Asociación con el fin de solicitar ante un juez de garantías la libertad del procesado.
Para el fiscal del caso, Zárate y Parada deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal y simulación de investidura.
Estas personas habrían organizado un entramado para engañar en varias ocasiones a un juez de la República y funcionarios de la justicia para favorecer al líder camionero.
Los implicados no aceptaron los cargos por los delitos presentados por el ente investigador, el cual también solicitó medida de aseguramiento para la abogada y el falso fiscal en un centro carcelario.
Asimismo, sobre el medio día de este sábado, el juez 45 de control de garantías legalizó la captura de Pedro Aguilar en una audiencia que duró más de dos horas a puerta cerrada, y en donde decidieron enviar al líder gremial a la cárcel Modelo.
El expresidente del gremio es investigado porque se habría aprovechado de una resolución del Ministerio de Transporte en la que el Estado colombiano daba una serie de beneficios a los conductores que chatarrizaban y desintegraban sus vehículos de carga en lo que se ha denominado el ‘Cartel de la Chatarrización’.
