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Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín y presidente de la Junta de EPM, anunció que la compañía emprenderá su defensa tras la decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) de iniciar un nuevo proceso sancionatorio contra Hidroituango por presuntas irregularidades ambientales. “Estos solo saben destruir”, afirmó el mandatario.

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La medida del ente ambiental generó sorpresa en Antioquia, ya que se trata de una nueva investigación sobre el megaproyecto hidroeléctrico, considerado uno de los más importantes del país, debido a posibles incumplimientos en sus compromisos ambientales.

De acuerdo con la Anla, la apertura del proceso se dio luego de detectar varias situaciones irregulares, especialmente en lo relacionado con el manejo del caudal del río Cauca. Entre los aspectos bajo revisión está el supuesto incumplimiento en el control del agua liberada aguas abajo de la represa, así como la falta de correspondencia entre los volúmenes que ingresan al embalse y los que se descargan.

Asimismo, la autoridad ambiental advirtió posibles deficiencias en la protección del ecosistema. En ese sentido, se investiga la inundación de cerca de 60 hectáreas sin que previamente se hubiera realizado el correspondiente aprovechamiento forestal, además de presuntas fallas en las acciones de rescate y conservación de fauna y especies protegidas en la zona.

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Frente a esta situación, el alcalde Gutiérrez reaccionó con críticas al Gobierno nacional y aseguró que existe un trato adverso hacia Antioquia. “El odio contra Antioquia se le nota demasiado”, expresó.

Asimismo, en su cuenta de X, manifestó que “EPM es una empresa 100% eficiente. Y miremos comparaciones. Mientras nosotros llevamos bien a EPM y la recuperamos de las garras de la corrupción de quienes se robaron a Medellín (amigos de Petro), ellos acabaron con Ecopetrol. Si no fuera por Hidroituango, ya Colombia hubiera entrado en racionamiento. Nos defenderemos y seguiremos resistiendo. Que cese pronto la horrible noche”.

Además, con este caso, el proyecto Hidroituango acumula un total de 29 procesos sancionatorios, de los cuales 20 permanecen vigentes, lo que evidencia el seguimiento constante de la autoridad ambiental sobre su operación y posibles impactos.

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Finalmente, la Anla recordó que estos procedimientos se inician cuando se identifican presuntos incumplimientos a las obligaciones establecidas en la licencia ambiental. A partir de allí, se adelanta una investigación que puede extenderse hasta por cinco años, tiempo en el cual se determina si existe responsabilidad y si hay lugar a sanciones.